Industrialización, transición ecológica y cohesión territorial como palancas de futuro: una mirada a Ence y Pontevedra

Una de las conclusiones que, en el plano económico, podemos extraer del impacto de la pandemia de la covid-19 radica en la fragilidad y excesiva exposición de nuestra economía ante una contingencia de estas características, en donde, fundamentalmente, el freno a la movilidad ha sido uno de los elementos determinantes. Esto ha llevado a que nuestro país haya experimentado un triple contagio, en forma de crisis sanitaria, económica y social.

Esta situación ha sido especialmente preocupante en las regiones en donde el sector servicios tiene un mayor peso en su economía: Baleares y Canarias se han situado a la cabeza en la caída del PIB en 2020, alcanzando una bajada del 22% y el 17,9% respectivamente.

En este contexto, la recuperación de la economía española debe pasar, ineludiblemente, por la apuesta por la industria, con el objetivo doble de, por un lado, transformar nuestro modelo productivo hacia uno más verde, digital y resiliente y, por otro lado, afrontar en mejores condiciones futuras crisis análogas que puedan producirse. En definitiva, debemos tomar esta crisis como una oportunidad para avanzar hacia el objetivo de lograr que el 20% del PIB nacional sea industrial, lejos del 16% actual.

Además, en un momento delicado para el empleo, no podemos olvidar que antes de la aparición de la covid-19, la tasa de paro en los territorios con mayor peso industrial de nuestro país, como Navarra, País Vasco, La Rioja o Burgos, por ejemplo, no superaba el 10%.

Con esta premisa de partida y con el objetivo de orientación industrial claramente definido, la Unión Europea ha abierto una importante ventana de oportunidad con los fondos europeos, cuyo destino principal consiste en la articulación de un ambicioso paquete de 750.000 millones de euros destinado a la ejecución de reformas e inversiones que contribuyan, precisamente, a recuperar y transformar nuestra economía.

A nivel nacional, el acceso a estos fondos se realiza a través del Plan España Puede, recientemente aprobado por la Comisión Europea, cuya ejecución está comenzando a ponerse en marcha. Dentro de las 110 líneas de inversión que recoge, encontramos una apuesta decidida por la industria, por la transición verde y por la cohesión territorial, tres palancas que pueden tener una incidencia capital en provincias como Pontevedra.

En concreto, a tenor de los datos del INE del primer trimestre de 2021, la provincia cuenta con un porcentaje del PIB industrial 19%, situándose a la cabeza de Galicia, por encima de Orense (16,3%), La Coruña (13,1%) y Lugo (10,1%). Por ello, empresas como Ence con un importante impacto económico y social, pueden constituir importantes activo de desarrollo y transformación con un óptimo aprovechamiento de los fondos europeos.

Sin duda, un trabajo conjunto entre los distintos agentes implicados, con un compromiso compartido por el desarrollo industrial y la transición ecológica, pueden contribuir decididamente a seguir haciendo de Ence un agente útil para Pontevedra, a la vez que esta sigue liderando la apuesta por la industria en Galicia.

Además, este esfuerzo compartido puede tener una incidencia directa en el empleo, lo que goza de una mayor relevancia en un contexto en el que Pontevedra lidera la tasa de paro gallega, por encima de sus provincias vecinas. En este sentido, el mantenimiento de una alta huella industrial lleva aparejada una apuesta por la formación profesional, así como por las oportunidades laborales con proyección de cualificación y estabilidad.

Por todo ello, es el momento de mirar al futuro con la convicción de que los fondos europeos suponen una oportunidad histórica para abordar retos pendientes y acelerar la recuperación y transformación de nuestra economía y nuestras empresas. Ence y Pontevedra tienen ante sí la posibilidad de proyectar un punto de inflexión en el territorio, apalancándose en los pilares definidos por la UE y España (fundamentalmente, industrialización, transición verde y cohesión territorial), de cuyo resultado solo pueden derivar consecuencias positivas para todos los agentes implicados.

Antonio Garamendi es presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).