Impuestos y luz

Tras el fuerte repunte del precio de la luz este mes el Gobierno ha decidido bajar su IVA del 21% al 10%. La paradoja es que la derecha que acusa de subidas masivas de impuestos al Gobierno fue la que nos subió el IVA y es la izquierda quien lo baja. Aplicando la bajada sobre la última encuesta de Presupuestos Familiares del INE de 2019, supondría una menor recaudación de 1.300 millones, si solo se aplica a los hogares. Es un bien de primera necesidad y la legislación de IVA permite la reducción. En principio es transitoria hasta final de año y no afectaría a los compromisos de Bruselas, pero si acaba siendo permanente nos alejaría de la senda de consolidación fiscal.

Se podría haber limitado a las rentas bajas y a un consumo mínimo como han hecho otros países. Para el tercio de españoles con menor renta la luz supone el 6% de su gasto total y para el tercio de mayor renta el 3%. Y se debería haber tomado la decisión subiendo otros impuestos sobre consumos energéticos contaminantes para que la decisión fuera neutral sobre los presupuestos.

Esta medida alivia la situación de nuestras familias, especialmente las de menor renta y las más golpeadas por la crisis generada por la pandemia, pero ni resuelve su situación de pobreza o precariedad ni resuelve el problema de extrema volatilidad del precio de la luz desde el pasado mes de enero. Las tecnologías solar y eólica para producir electricidad se desarrollaron en los años ochenta, pero hasta la última década no fueron competitivas en precio. Ahora son ambas las formas más baratas de producir electricidad.

El sistema necesita una fuente primaria que garantice que en picos de demanda no haya apagones de luz en nuestro país. La mayoría de países están descartando el petróleo y el carbón por sus elevadas emisiones y la nuclear por la contaminación de sus residuos y los riesgos de accidentes como Chernóbil o Fukushima que fue lo más parecido al infierno de Dante que ha vivido la humanidad. Y están optando por el gas. Se habla mucho del hidrógeno, pero puede tardar décadas en ser competitivo en coste para su uso masivo. La demanda de gas en Asia es muy intensa actualmente y eso ha provocado una fuerte subida de precios que explica un alza del precio de la luz en España de 40 euros por megavatio y es la principal causa del problema.

La otra es el coste de los derechos de emisiones de dióxido de carbono. La mayoría de europeos estamos a favor de reducir las emisiones, pero no queremos asumir el coste que supone la transición a una economía descarbonizada. La crisis de los chalecos amarillos en Francia estalló tras un intento de subida del precio del combustible. En países con la tasa de paro más alta, como España, los costes de la transición serán más complejos de asimilar socialmente.