El parlamento deroga el artículo del código penal que castiga con cárcel a los piquetes

El Senado ha derogado este miércoles definitivamente el artículo 315.3 del código penal que dio pie a la petición de cárcel a unos 300 sindicalistas y huelguistas durante la pasada década, según los cálculos de las propias centrales de trabajadores. La norma, que castigaba con penas de prisión de hasta tres años por coaccionar a otros trabajadores a secundar un paro, ha sido derogada con 139 votos a favor, entre ellos los del PSOE y Unidas Podemos, 106 en contra, entre los que estaban los de PP, Ciudadanos y Vox, y 14 abstenciones.

Este ha sido el último trámite parlamentario que tenía que pasar esta reforma del código penal. Después de salir del Congreso con una amplia mayoría de 189 diputados, la norma pasó al Senado. Al salir sin enmiendas de la cámara alta, ya no tiene que volver al Congreso y, por tanto, ya ha recibido su aprobación definitiva.

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Entre el público que estaba hoy en el Congreso estaba el líder de CC OO, Unai Sordo, la vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, y alguno de los sindicalistas que fueron procesados por este delito, como es el caso de Rubén Ranz, de UGT, o José Alcázar, quien fue presidente del comité intercentros de Airbus y juzgado en el que fue, probablemente, el caso más conocido de todos los que hubo por este artículo, el de Los 8 de Airbus.

Al defender la derogación del artículo, Toni Ferrer, antiguo dirigente de UGT y portavoz del PSOE, ha afirmado: “Los piquetes no son violentos. No tienen intención insurreccional”. Después ha argumentado que la tarea de estos piquetes es informativa y que esta labor va a aparejada al derecho de huelga. En la misma línea, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha apuntado que el artículo 315.3 es una norma que provoca “el desaliento de un derecho fundamental como el derecho de huelga”.

Por su parte, la portavoz del PP, Cristina Ayala, ha señalado que la derogación es una “chapuza” y una medida sectaria y propagandística con la que el PSOE ha querido hacer un gesto al sindicalismo. El senador de Vox, José Manuel Marín Gascón, añadió que su grupo esta a favor del derecho de huelga, pero en contra de que se ejerza bajo presión, coacción o violencia. Ambos grupos habían presentado dos propuestas previas de veto para que se mantuviera el tipo penal específico para la coacción en una huelga.

Tras la votación en el Senado, los sindicatos UGT y CC OO celebraron que se haya cumplido con una reivindicación suya desde hace años. “Han sido muchas las acciones informativas, de movilización, apoyo y solidaridad internacional a los compañeros y compañeras que sufrieron las consecuencias de este artículo del Código Penal. Ha sido una pelea social, sindical y política en la que nuestras razones, que son las de toda la ciudadanía, han terminado dando sus frutos con la derogación del Art. 315.3 del código penal”.