Repsol, con casi 43 millones, encabeza las aportaciones de las compañías energéticas al Fondo Nacional de Eficiencia

El grupo Repsol, con casi 43 millones de euros, encabeza las aportaciones que las empresas tienen que hacer al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE) en 2021, según el listado que hoy publica el BOE dentro de la orden del Ministerio para la Transición Ecológica en la que se establecen las obligaciones de aportación de las empresas para alcanzar los objetivos de eficiencia energética trazados hasta 2030.

El grupo Endesa, con 24,2 millones, y la otra petrolera española, Cepsa, con 23,5 millones, completan el podio de empresas obligadas a pagar. A continuación, aparecen Naturgy, a través de varias filiales, con 18,7; Iberdrola, con 14,2; la filial española de BP Oil, con 11; la portuguesa Galp, con 9,2; la eléctrica también portuguesa EDP, con 4,9; la distribuidora canaria DISA, otros 4,9; GM Fuel, con 4,4; Energía XXI Comercializadora de Referencia, con 3,3; Esegui, con 2,8; Gas & Power, 2,7; Saras, 2,5; Fortia, 1,9; Acciona, 1,4, y Engie, 1,1. Estas son las principales aportaciones en una larga lista de entidades, cuyo monto total suma 206,9 millones de euros.

El Fondo permite la puesta en marcha de mecanismos de apoyo económico y financiero, asistencia técnica, formación e información u otras medidas que permitan aumentar la eficiencia energética en los diferentes sectores y ayudar a conseguir el objetivo de ahorro establecido.

El FNNE se constituyó a partir de la Directiva 2012/27/UE de eficiencia energética según la que cada Estado miembro debía justificar una cantidad de ahorro de energía acumulado para el periodo 2014-2020. Asimismo, la directiva determinaba que cada Estado establecería un sistema de obligaciones mediante el cual “los distribuidores de energía y/o las empresas minoristas de venta de energía quedarían obligados a alcanzar en el año 2020 el objetivo de ahorro indicado mediante la consecución anual, a partir del año 2014, de un ahorro equivalente al 1,5% de sus ventas anuales de energía”. El artículo 20 de la directiva permitió a los Estados crear los fondos como respaldo de las iniciativas nacionales de eficiencia energética.

España se adaptó mediante la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, que estableció un sistema nacional de obligaciones para las empresas comercializadoras de gas y electricidad, a los operadores de productos petrolíferos al por mayor y a los operadores de gases licuados de petróleo al por mayor una cuota anual de ahorro energético denominada obligación de ahorro.

Vigencia extendida

La citada directiva fue revisada mediante otra directiva en 2018 que ampliaba el alcance del sistema de obligaciones de eficiencia energética a un nuevo periodo de obligación, del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2030, para que la UE logre sus objetivos de eficiencia energética para 2030 y cumpla su compromiso de situar a los consumidores en el centro de la Unión de la Energía. El Gobierno español, por su parte, extendió la vigencia del sistema nacional de obligaciones mediante el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y otros ámbitos para la reactivación económica.

Además, se adaptó el procedimiento de cálculo de las obligaciones de ahorro de cada sujeto obligado para dotar al sistema de una mayor transparencia y previsibilidad para los sujetos obligados, así como de una mayor flexibilidad en la gestión, para que una modificación de las ventas de cualquier índole no suponga un necesario recálculo de las contribuciones de todos los sujetos obligados.

La equivalencia financiera para el año 2021 se establece en 1,5950 millones de euros por ktep (miles de toneladas equivalentes de petróleo) ahorrado, o 137.170 euros por gigavatio/hora (GWh) ahorrado, en base al coste medio estimado para movilizar las inversiones en todos los sectores de actuación necesarias para alcanzar el objetivo anual de ahorro.