Telefónica pide un arbitraje internacional contra Perú

Telefónica ha presentado una demanda contra Perú ante el Centro Internacional de Arreglo de Disputas de Inversión (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, según recoge el organismo en su sitio web. La solicitud de arbitraje fue registrada el pasado viernes 12 de marzo, aunque sus motivaciones precisas y la cuantía de la reclamación no han sido desveladas. La multinacional española de telecomunicaciones reclama que la Sunat —la Hacienda peruana— y otros organismos estatales, incumplen las obligaciones del acuerdo de inversiones entre España y Perú. Y ya habría informado de los problemas por carta al Gobierno peruano, según señala el diario El Comercio.

Telefónica ha contratado a Uría Menéndez para el arbitraje y también a Philippi Prietocarrizosa Ferrero & Uría, el asociado suramericano del bufete español, según fuentes oficiales.

El APPRI (Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre el Reino de España y la República del Perú) es un acuerdo bilateral firmado en Madrid en 1994 por los ministros de Exteriores de ambos países que entró en vigor en 1996. El texto regula el tratamiento que ambos Estados dan a los inversores del otro país y señala cómo proceder, por ejemplo, en casos de expropiaciones o de disputas judiciales. La finalidad era fomentar las inversiones entre ambos países, que se comprometieron a dar a las compañías de la otra parte “un tratamiento no menos favorable que el otorgado a sus propios inversores”.

La decisión de Telefónica se ha conocido en medio de una relación enrarecida entre la compañía y las autoridades peruanas. Hace apenas tres semanas el Tribunal Constitucional peruano dio la razón a la firma española en un litigio con el fisco de dicho país, que le reclamaba el pago de intereses atrasados por una deuda tributaria. El fallo eximió a Telefónica de abonar una parte de los intereses, concretamente 729 millones de soles (unos 163 millones de euros), por considerar que la excesiva duración del proceso perjudicó a la empresa al hacer que la cantidad siguiera creciendo. Aun así, según la agencia EFE, Telefónica deberá ingresar 322 millones de euros a la Hacienda peruana: unos 131 millones por el principal de la deuda y otros 191 millones en concepto de intereses acumulados.

El caso estuvo rodeado de tensión. Horas antes de conocerse el dictamen de los jueces, Telefónica se defendió en un comunicado de las acusaciones de una de las magistradas del Constitucional, Marianella Ledesma. La empresa española aseguró que ha pagado todos los impuestos que le correspondían desde que empezó su actividad en Perú hace 27 años. En los años de la controversia por la deuda tributaria (1998, 2000 y 2001), afirma haber abonado entre el 40% y el 52% de sus beneficios, “superior al 30% estipulado por ley”. En 2019, Telefónica ya pagó 218 millones de soles por una deuda tributaria originada entre 1999 y 2004 que le reclamaba Perú.

La disputa con las autoridades peruanas se prolonga ahora con la demanda ante el organismo internacional de arbitraje, en un caso que amenaza con viciar aún más unas relaciones ya complejas que también han afectado a su reputación. La compañía criticó que se interpretara la sentencia como una forma de perdonar a Telefónica el pago de sus obligaciones tributarias. Y respondió así en el comunicado: “Si el fallo es favorable a la compañía como se ha señalado en diversos medios, no es verdad que se estaría perdonando el pago de una deuda a Telefónica, sino que se estaría reiterando un criterio ya definido por el TC en el sentido en que la propia demora de la administración en resolver por encima de los plazos legales no puede generar un perjuicio a un contribuyente que ejerce su legítimo derecho a discrepar, ya sea este persona natural, pequeña, mediana o gran empresa”.

No es la primera vez que Telefónica recurre al Ciadi para saldar controversias con autoridades de la región. Tuvo durante años un enfrentamiento abierto con Argentina, también demandó a México y, más recientemente, en 2018, presentó una solicitud de arbitraje contra Colombia por un laudo arbitral en dicho país que le condena a pagar 1.652 millones de pesos colombianos (470 millones de euros) por los activos utilizados para la implantación de la telefonía móvil en el país sudamericano.