UGT denuncia el aumento de la brecha salarial en la Administración de Justicia durante la última década

Durante los últimos diez años, la Administración de Justicia ha sufrido alteraciones en el número de efectivos que la componen, despuntándose especialmente en aquellas comunidades autónomas que dependen del Ministerio de Justicia, y que, por lo tanto, se encuentran bajo la tutela de la Administración General del Estado (AGE). Esta merma, además, ha venido acompañada de un estancamiento en los complementos retributivos de sus trabajadores públicos, que, sin embargo, han visto cómo los de aquellos colegas que desempeñan las mismas funciones en los territorios que tienen transferidas las competencias sí que han ido progresando durante los últimos años. Una descoordinación que ha provocado diferencias de hasta 600 euros entre unos y otros. Esta discriminación salarial es la que ha fundamentado la denuncia que el Sindicato de Justicia de la Federación de Empleadas y Empleados Públicas de UGT ha puesto sobre la mesa este lunes, en una conferencia de prensa en la que ha advertido de que esta disparidad de consideraciones está provocando “una Justicia a dos velocidades” de la que se deriva una discriminación de trato para los ciudadanos en función del lugar en el que residan.

“A muchas comunidades se les está dando un servicio de segundo nivel”, ha lamentado Vicky Carrero, responsable nacional de Justicia de FSP-UGT, que ha trasladado la necesidad de aumentar el número de trabajadores públicos ―65.342 empleados conformaban la Administración de Justicia en enero de 2020 según sus registros―, que desarrollan su actividad en las comunidades de Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y en los Órganos Centrales (que se encuentra en Madrid), y que son los únicos territorios que dependen directamente del Ministerio de Justicia. Mientras que este grupo de trabajadores aumentó su plantilla entre los meses de enero de 2010 y 2020 en tan solo 89 efectivos (entre el personal funcionario, personal laboral y otro personal); el de las comunidades autónomas transferidas ―Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Navarra, País Vasco, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, La Rioja y Galicia―, se vio incrementado en 2.501 empleados.

“Hay tener en cuenta que tres de los territorios en los que apenas ha crecido en número de trabajadores son, por extensión, tres de los más grandes del país, y por lo tanto, se ocupan de lo que ha pasado a denominarse como la España vaciada”, ha comentado Carrero, que ha añadido que es en estos territorios donde se concentra una gran parte de la población más envejecida de España. “Además, muchas de las sedes judiciales se encuentran en malas condiciones y también faltan medios de seguridad”, ha completado.

Huelga de 2008

Junto con la falta de recursos humanos, UGT ha denunciado el incremento de la brecha salarial ―a igual trabajo, igual retribución―, que ha venido produciéndose dentro de la Administración de Justicia en la última década. Desde el sindicato denuncian que, a pesar de que la retribución base es la misma para todos los funcionarios del Estado (independientemente de dónde se encuentren) la posibilidad de negociar los complementos retributivos que poseen las comunidades autónomas transferidas (por contar con un presupuesto propio) ha disparado las diferencias salariales entre trabajadores públicos.

Para advertir de estas enormes diferencias, han presentado una tabla de valores en la que se observa cómo este complemento puede llegar a adquirir un valor máximo de 1.022,95 euros para los empleados públicos dedicados a la gestión en las comunidades transferidas (es el establecido en el País Vasco); mientras que para aquellos de los territorios no transferidos se encuentra en los 441 (casi 600 euros menos).

La reivindicación de una homologación salarial se inició en 2008, cuando entonces se llegó a decretar una huelga de dos meses con la que los sindicatos lograron pactar el incremento de este complemento, y que entonces reducía las diferencias entre territorios. “Sin embargo, 13 años después nos encontramos en la misma situación”, se ha sumado Carlos Álvarez, responsable federal de la AGE de UGT. “Pedimos al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que nos convoque cuanto antes a una mesa de negociación en la que podamos abordar esta problemática que no hace más que socavar el derecho fundamental de la ciudadanía a recibir una la tutela judicial efectiva”, ha concluido Carrero.