Los comercios de los aeropuertos se rebelan contra Aena por los alquileres

Profundo malestar entre los operadores comerciales de los aeropuertos españoles. El motivo son las condiciones que pretende imponer Aena, la empresa con participación pública que controla las instalaciones, a los alquileres. Las empresas consideran que, si no se cambian, podrían ser “causa de disolución y posible concurso de acreedores” de muchas de ellas, debido a las altas rentas que cobra el gestor aeroportuario, junto con una caída de las ventas que alcanza el 90% desde el inicio de la crisis sanitaria.

Aena remitió el lunes de la semana pasada una carta a los operadores con las condiciones propuestas y daba de plazo hasta este lunes 25 de enero para dar el beneplácito a la asunción de esas nuevas reglas, con las que también intenta blindarse de posibles demandas judiciales. Una treintena de compañías con más de 120 comercios en establecimientos de Aena han remitido una carta de respuesta. “El descalabro de ventas sin precedentes que venimos sufriendo, y sufriremos en años venideros, nos ocasiona perjuicios muy superiores a los que sufren los arrendatarios de centros comerciales o de calle. Tan es así que muchos locales se han visto obligados a cerrar (aun cuando la terminal estuviera abierta) porque las ventas alcanzadas no permitían pagar siquiera el salario de los trabajadores”, argumentan los comerciantes. Unas 12.000 personas trabajan en los locales comerciales que acogen los aeropuertos de Aena en toda España. El año pasado el tráfico de pasajeros en sus instalaciones se desplomó un 72%.

Aena considera que los firmantes de esa carta forman parte de una pequeña minoría de comercios y que entre ellos no se encuentran los grandes operadores, ese 10% de empresas que copan el 90% del negocio en los aeropuertos españoles. Esos, señalan desde la compañía participada por el Estado, han pedido más plazo para analizar las condiciones, a las que habrían dado el visto bueno una veintena de compañías. Fuentes del mercado sitúan en unos 200 los operadores implicados en el proceso, que, en un ejercicio prepandemia, suponía unos ingresos anuales de 800 millones de euros. El nuevo plazo para dar el visto bueno a la propuesta se sitúa en el 2 de febrero, aunque Aena mantiene que es innegociable.

Las nuevas condiciones que quiere imponer Aena son mejores, pero no suficientes para los establecimientos comerciales. Según lo remitido por el gestor aeroportuario público, entre el 15 de marzo y hasta el 20 de junio de 2020 (las fechas del primer estado de alarma) no se cobrará nada. El resto de meses del año pasado, los comerciantes se verían obligados a pagar la mitad de la renta, una situación que seguirá vigente hasta el 8 de septiembre de este año, pese a que Aena reconoce que más allá de esa fecha continuarán las afectaciones. A partir de entonces el pago de rentas se normalizaría “aun cuando la pandemia siga produciendo efectos con posterioridad al indicado”.

Aena se acoge al real decreto aprobado por el Gobierno en diciembre pasado, que seguía los pasos del aprobado unos meses antes en Cataluña. Esta norma permite que el arrendador, siempre a instancias del arrendatario, rebaje la mitad de la renta o se acoja a un aplazamiento para prorratearla en los dos años siguientes, una medida a la que se está acogiendo por ejemplo Unibail Rodamco en los centros comerciales que explota. En el caso del gestor aeroportuario, defiende, se ha decidido no cobrar las rentas por medidas que ha tomado el propio gestor, como el cierre de la Terminal 2 del aeropuerto de Barcelona.

Los operadores, con la intermediación del despacho jurídico Fieldfisher Jausas, consideran que las medidas son insostenibles a causa de la caída de las ventas, pero también porque Aena impone unas rentas muy superiores a las que fijan los centros comerciales, lo que las hacen insostenibles en la actual situación. Y no hay posibilidad de cancelar contratos porque las tiendas estarían obligadas a asumir la parte pendiente del contrato. “La propuesta de Aena es inasumible”, señalan en una carta que han remitido al ministro de Transportes, José Luis Ábalos (cuyo departamento es responsable del 51% del capital de Aena que está en manos del Estado), y a las ministras de Industria, Reyes Maroto, y Trabajo, Yolanda Díez.

En la carta de protesta se señala que el actual modelo de cálculo de rentas no tiene en cuenta coyunturas como la que está dejando tras de sí la pandemia. El alquiler de Aena se basa en una renta variable que oscila entre un 30% de las ventas para las tiendas comerciales y un 40% en el caso de los restauradores, pero aplicando siempre la denominada renta mínima garantizada anual, que se basa en el 80% de promedio de ventas anual. Los alquileres mínimos pueden situarse por esas razones en tres millones de euros anuales en el caso de los restaurantes y en 1,5 millones en tiendas de conveniencia.

La cuestión, arguyen los afectados, es que Aena está fijando “unas condiciones abusivas” en términos de Competencia aprovechando que tiene una posición de dominio sobre las instalaciones. Estos demandan más plazo para poder negociar una solución y que, mientras tanto, no se remita la factura pendiente por importe de la renta mínima garantizada para evitar situaciones de concursos de acreedores.