El tamaño no es lo que importa

A principios de 2020, pocos hubieran apostado por la gestión administrativa del Estado como elemento fundamental en la batalla electoral de Estados Unidos. En febrero, la tasa de desempleo en el país era de 3,5% y seis de cada diez norteamericanos afirmaban estar económicamente mejor que cuatro años antes. El mundo se preparaba para un nuevo periodo de America First. En abril de 2020, la tasa de desempleo de Estados Unidos saltó al 14,7% y se perdieron más de 20 millones de empleos, la cifra más alta desde la Gran Depresión, debido al cierre de empresas y a las restricciones con las que se trataba de limitar la propagación de la covid-19. En octubre, el desempleo se quedaba en el 6,9%, pero Estados Unidos se enfrentaba a la segunda ola y acumulaba el 20% de los contagios a nivel global, pese a ser solo el 4% de la población. El 3 de noviembre, Joe Biden ganó las elecciones.

Más allá de los recuentos pendientes, el hecho de que la Administración Trump haya perdido la reelección se debe en gran parte a la mala gestión de la pandemia y a su fracaso en proteger a los ciudadanos de la expansión de la covid-19. La falta de un plan nacional contra el virus, que ha dejado en manos de gobernadores y alcaldes todas las decisiones, las dudas y contradicciones respecto a las medidas de prevención o las indicaciones aleatorias sobre posibles tratamientos no son solo el reflejo de una personalidad impredecible y errática, sino una muestra de la incapacidad del Gobierno Federal para gestionar la administración. La mala noticia para los estadounidenses es que, pese a que los contagios siguen subiendo, los planes de contención de la pandemia tendrán que esperar a que los elegidos por el nuevo Gobierno asuman su cargo.

Los altos cargos de quita y pon son una práctica habitual en muchos países. Sucede en España, donde el Gobierno ofrece puestos de responsabilidad pública a personas afines, en ocasiones sin que medie la preparación adecuada para ello. Estos cambios periódicos suponen un freno para la actividad de muchas instituciones estatales y provocan la falta de estrategias, objetivos y planificación a largo plazo.

Una gestión basada en el periodo electoral condiciona las decisiones de la administración pública, vacía de contenido los puestos de liderazgo, primando la lealtad ideológica a los conocimientos técnicos y a la experiencia relevante, e incentiva a los funcionarios de carrera a elegir entre partidos, condicionando su futuro a los devaneos políticos. La falta de profesionales técnicos con capacidad de mando y decisión puede ser grave en el Gobierno central, pero es aún más problemático en las administraciones autonómicas, que acumulan competencias, pero no siempre disponen de profesionales adecuados para ejercer los cargos de responsabilidad.

Hasta ahora, la incertidumbre y los costes que genera la politización de la administración pública se medían sobre todo en términos económicos, pero la llegada de la covid-19 nos ha recordado que las consecuencias de esta práctica tienen un espectro más amplio y afectan a la salud, el bienestar o la educación de los ciudadanos. Tradicionalmente, el debate sobre lo público ha estado condicionado por la cuestión del tamaño del Estado. Se entiende que la izquierda busca expandirlo, mientras que la derecha quiere limitarlo. La discusión ideológica sobre el tamaño ha desviado la atención sobre lo fundamental: la capacidad del sector público para hacer bien su trabajo.

Una de las lecciones que nos dejará la lucha contra la covid-19 es el valor de los servicios públicos y la importancia de una gestión adecuada de ellos. El rol que el epidemiólogo Fernando Simón ha tenido durante la pandemia es un ejemplo. Simón es funcionario de carrera, y director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, pero no es el segundo de abordo en el Ministerio de Sanidad. El hecho de que él haya sido elegido para las comunicaciones del Gobierno respecto a la pandemia, y acompañe al ministro Salvador Illa en las ruedas de prensa, es una muestra de la importancia de los conocimientos técnicos para gobernar y poder tomar decisiones.

Conseguir una administración pública eficiente, experta y experimentada, formada por profesionales que entiendan las sensibilidades políticas, pero que puedan liderar organizaciones e implementar cambios profundos, en sus estructuras y métodos de trabajo, debería ser un objetivo de interés general para los gobernantes. Países con democracias estables, como Reino Unido, Australia o Nueva Zelanda, han establecido administraciones neutrales de servicio al Gobierno. En España se empiezan a dar pasos en esta dirección, pero una reforma de la administración pública es necesaria. Con un funcionariado profesional y neutral todos ganamos.

Óscar Guinea es economista en el think tank European Centre for International Political Economy (ECIPE). Isabel Pérez del Puerto es periodista y comunicadora en finanzas para el desarrollo.