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Ana Botín declarará en la Audiencia Nacional como testigo por el ‘caso Popular’

El juez investiga las presuntas irregularidades que acabaron con quiebra de la entidad y su posterior venta al Santander por un euro

ana patricia botin
Ana Botín, presidenta del Santander, durante el discurso inaugural de XII Conferencia Internacional de Banca, en Boadilla del Monte.

El caso Popular, que se está investigando en la Audiencia Nacional por las presuntas irregularidades que acabaron con quiebra de la entidad y su posterior venta al Banco Santander por la cantidad simbólica de un euro, tendrá otro testigo del máximo nivel: Ana Patricia Botín, actual presidenta del Santander.

En una providencia conocida este martes el instructor de la causa, José Luis Calama, cita a la directiva el próximo 28 de mayo a las 9 horas como testigo. También cita al presidente de Santander España, Rodrigo Echenique, para el 4 de junio. Calama mantiene la comparecencia de Luis de Guindos para el próximo 2 de abril. Hace unas semanas aceptó que el actual vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) prestara declaración por videoconferencia.

La lista de comparecencias de protagonistas del panorama financiero se completa con Elvira Rodríguez, expresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para el 4 de marzo; Luis Linde, exgobernador del Banco de España cuando cayó el banco, el 11 de marzo, y Sebastián Albella, que fue asesor del Popular a través del despacho Linklater y actualmente presidente de la CNMV, el 18 de marzo. 

El Popular, el sexto banco español, cayó el 7 de junio de 2017. La causa que se investiga en la Audiencia Nacional se inició a partir de una querella de la organización de consumidores OCU, a la que posteriormente se fueron adhiriendo centenares de perjudicados. El juzgado ha tenido que limitar el número de acusaciones particulares, que finalmente serán 12, además de la OCU, que ejerce de acusación popular.

Las declaraciones llegan después de dos años de instrucción durante los que el juez y el fiscal Anticorrupción, Antonio Romeral, han pedido numerosos informes que les permitan saber cuál era la situación del Banco Popular. En abril pasado llegó el peritaje encomendado a dos inspectores del Banco de España. En él los expertos aseguran que el banco era viable cuando quebró, pero que había irregularidades contables que ocultaron su verdadera situación patrimonial. La entidad no había provisionado correctamente la morosidad inmobiliaria, según el informe de los peritos.

El juez cuenta también con un informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que este organismo envió en 2018 al entonces instructor, Fernando Andreu. El regulador bursátil detectó irregularidades en las cuentas del Popular de 2016: “Datos inexactos o no veraces o con información engañosa o que omite aspectos relevantes”, se lee en el informe.

En 2016 el Popular llevó a cabo una ampliación de capital por 2.505 millones de euros. Se investiga si el folleto informativo que la entidad remitió a la CNMV contenía datos inexactos sobre la situación real del banco, es decir, si la contabilidad no reflejaba la realidad y pudo llevar a engaño a los inversores que colocaron allí su dinero. Por eso figuran como investigados en la causa los miembros del consejo de administración, responsables de la formulación de las cuentas. De existir suficientes indicios, Anticorrupción podría acusarles de dos delitos: estafa a inversores y falseamiento de cuentas.

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