Los retoques en su coche antiguo no le permitirán lograr la etiqueta ambiental

Barcelona restringe la circulación a 85.000 vehículos en una gran área de la ciudad desde el 1 de enero, cuando habilitó la zona de bajas emisiones. Madrid Central, una superficie mucho más reducida, se estrenó antes, a finales de 2018. Y el Gobierno pretende impulsar esas mismas limitaciones a los 150 municipios con más de 150.000 habitantes que hay en España. El objetivo es reducir la contaminación en los grandes centros urbanos. Los afectados son las furgonetas, coches y motos que no cuentan con el distintivo ambiental que distribuye la Dirección General de Tráfico (DGT) porque fueron matriculados antes de 2014, en el caso de los turismos de gasolina anteriores a la norma Euro 3 (matriculados antes del año 2000), y los diésel anteriores a la norma Euro 4 (habitualmente adquiridos antes de 2005 o 2006). Al 30% del parque de vehículos sin esa etiqueta se le responsabiliza del 70% de la contaminación.

La medida obliga a efectuar una importante renovación del parque justo cuando las matriculaciones de vehículos (nuevos) caen y crecen las ventas de segunda mano. Pero José Manuel Núñez, un empresario del transporte que creó en 2015 junto a otros socios la compañía 03 Protégelo, tiene otra idea: montar unos catalizadores de hidrocarburos que reducen la emisión de dióxido de carbono, de óxidos de nitrógeno y de partículas contaminantes. La compañía ha patentado un artilugio que ha conseguido ya certificados de calidad por parte de RÜV Rheinland. Funciona a partir de diferentes componentes que permiten reducir las emisiones contaminantes. Pero hay una ventaja, explica, ya que su dispositivo puede aumentar la quema de combustible (hasta un 95%) gracias a un aumento de la inyección de oxígeno, lo que genera unas mayores prestaciones del motor y, a la vez, una ganancia extra en eficiencia energética.

Dispositivos instalados

03 Protégelo ha instalado miles de dispositivos en flotas de vehículos, pero la mayor parte como prueba. Colabora con la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, con Iberia Handling y ha empezado un piloto con Agromán, del grupo Acciona. Uno de sus catalizadores para un vehículo normal puede costar unos 145 euros (la mano de obra aparte). “Hemos instalado una importante cantidad de catalizadores en todo tipo de vehículos, desde turismos a furgonetas, camiones, maquinaria agrícola, vehículos de aeropuertos o grupos electrógenos”, explica Núñez. Según sus estudios, la reducción de óxidos de nitrógeno puede llegar a situarse en una horquilla que va del 10% al 25%; las de monóxido de carbono, un 50%; las de dióxido de carbono, entre un 10% y un 20%, y las partículas finas, más de un 50%.

Pero tiene un problema. Pese a montar ese catalizador y que se redujeran las emisiones, los propietarios de los vehículos no podrían tener etiqueta ambiental. “El etiquetado se ha basado en la tecnología del vehículo, pero en ningún caso en las emisiones que emite tras unas pruebas posteriores a la homologación”, indica Nacho Pérez, director general de Ircongas, compañía especializada en instalar sistemas híbridos de gas en vehículos propulsados con gasolina. Pérez no descarta que en el futuro, fruto de la necesidad de introducir modificaciones en el sistema, la DGT haga cambios.

Fuentes del Ministerio de Industria señalan que la instalación del catalizador de hidrocarburos es posible, e incluso su homologación, siempre y cuando se garantice la no existencia de problemas de seguridad. Y añaden que se está realizando una modificación en el manual de reformas de vehículo (un decreto de 2010 que fija el procedimiento para realizar cambios en un vehículo) para instalar “dispositivos de control de emisiones de adaptación homologados”. Sería el paso previo para que esos cambios pudieran ser considerados a efectos medioambientales. La otra cuestión es si la DGT estaría en condiciones de introducir una nueva etiqueta para vehículos modificados, ya que las actuales se rigen casi exclusivamente para coches salidos de fábricas. Desde Tráfico niegan que se esté planteando una modificación que permita habilitar la circulación a los vehículos con catalizadores, por ejemplo, en la zona de bajas emisiones de Barcelona.

Londres como ejemplo

Núñez considera que el Gobierno tendría que permitir que un informe sobre la idoneidad de esos aparatos realizado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ayudara a conseguir la consecución del dispositivo ambiental. Londres cuenta con una zona de bajas emisiones en las que determinados vehículos que están fuera de normativa pueden lograr el permiso de circulación en el área restringida si se montan determinados dispositivos aceptados por la Administración. Pero se trata de dispositivos para camiones o autobuses concretos, para los que se han hecho pruebas concretas. En el caso de los catalizadores desarrollados por 03 Protégelo sería muy difícil, porque su habilitación se tendría que hacer en todos los modelos de vehículos, lo que supondría una inversión —además del tiempo necesario para efectuar las pruebas— ingente para una compañía de apenas cinco años y cuya facturación es de alrededor 100.000 euros. “La homologación sería por motor y se tendría que hacer en todos los motores”, lamenta Núñez.

Una portavoz de la asociación de vendedores de vehículos Ganvam explica que, en algunos casos, sí que se puede obtener una mejora de la etiqueta ambiental expedida por la DGT. Cuando a vehículos matriculados con niveles de emisiones entre Euro 4/IV y Euro 6/VI se les acopla un sistema para operar también con gas licuado de petróleo (GLP) o gas natural comprimido (GNC), se les abren las puertas a obtener la etiqueta Eco. La misma etiqueta de la que se benefician los vehículos de combustión a los que se les añade un sistema híbrido eléctrico o se les modifica toda la propulsión para que solo se impulsen por medio de baterías eléctricas. “En general, los vehícu­los transformados para funcionar con gas, si cumplen los requisitos del distintivo C, pueden ser reclasificados como Eco”, afirma. Para lograr la etiqueta se han de remitir antes a la DGT los cambios efectuados en el coche.

El problema es que la modificación a vehículo eléctrico es extremadamente cara y acaba siendo casi siempre descartada, pero la apuesta por el gas puede tener costes a partir de los 900 euros.