De los precios al clima: nueve claves que explican la rebelión del campo español

Un grupo de agricultores destruyó el pasado miércoles 10.000 parras en un viñedo de Alicante. No era un acto vandálico, sino el emblema del hartazgo que se ha vivido en las fincas agrícolas de media España ante la falta de rentabilidad de lo cultivado.

Castilla y León, Andalucía y Extremadura se han convertido en los últimos días en el epicentro de las movilizaciones de ganaderos y agricultores. Sus protestas se han extendido por toda la península desde que el pasado 17 de enero las principales organizaciones del sector (ASAJA, COAG y UPA) llamaran a salir a la calle "en defensa de su futuro". La próxima semana se manifestarán en Madrid.

¿Por qué protesta el campo español? ¿Por qué lo hace ahora? Se mezclan motivos que vienen de lejos, coyunturas globales y últimas decisiones del Gobierno.

Cambios a la vista. En el mundo y en España, los eventos climáticos externos, los cambios en hábitos alimenticios y los nuevos acuerdos comerciales van a cambiar el escenario del sector agrícola. Esto significa menos rentabilidad en los productos y necesidad de nuevas políticas y medidas, como han señalado recientemente tanto la FAO (Organización de las Naciones Unidas oara la Alimentación y la Agricultura) como el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Precios a la baja. Se pagan cantidades muy bajas para los productos de agricultores y ganaderos. Y la actual campaña de recolección es la tercera seguida en la que los precios bajan aún más de lo normal. Leche, aceite, pimiento rojo y también carnes de vacuno y ternera han tenido una evolución parecida a la baja.

En el caso del aceite, el excedente de los últimos años llevó a una disminución de los precios. Los precios eran tan bajos que apenas cubrían los costes de producción. Por ello el pasado noviembre se desbloqueó, por primera vez desde 2012, el dinero europeo que sirve para financiar el almacenamiento privado de aceite. El objetivo es guardar el producto hasta que se vuelva a compensar la oferta y la demanda y los precios mejoren. Algunos productores denuncian que esto va a paliar solo en parte el problema, que se está viendo agravado por la especulación y la importación de aceite de otros países: los datos de comercio exterior confirman que España importa hoy 1,5 veces más aceite de oliva que hace una década.

De la huerta a la mesa, +600%. El precio de un producto en el supermercado puede multiplicar por diez la cuantía a la que se compró al productor. Es así que un pimiento rojo cuesta en origen 0,80 céntimos el kilo y 2,45 euros en el supermercado (+256%), las patatas pasan de 0,15 a 1,20 euros (700%) o el repollo de 0,18 a 1,24.

El mayor problema es que los dos precios no evolucionan a la vez. Es lo que ha ocurrido con la naranja navel (la más común): desde enero de 2018, el precio de destino ha subido un 1,3% y el de origen, ha caído un 11%. 

Costes de producción. Combustible, energía eléctrica, fertilizantes o piensos son costes imprescindibles en cualquier proceso agrícola. Y todos ellos se han encarecido. El precio del gasóleo se colocó al cierre de 2019 en máximos desde 2015 y su cotización sigue subiendo desde diciembre de este año.

Renta agraria. Un indicador clave del estado de salud del sector es la renta agraria, que es el valor económico que genera la producción agraria (teniendo en cuenta todos sus costes). Después de años al alza, en el último año ha bajado un 9,5%. Es la caída mayor desde la crisis económica.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, niega que la caída tiene que ver con las subidas del salario mínimo en 2019, como sí creen las grandes organizaciones del sector. El ministro, en una entrevista en la cadena SER, ha achacado la caída más bien a la caída del empleo agrario, la temporalidad o los meses de sequía de 2019.

El salario mínimo. La subida del Salario Mínimo Interprofesional de 2019 ya se encontró con las resistencias del sector agrícola. Los productores de frutas y hortalizas pagan en su mayoría por horas. Según su convenio, los peones trabajan seis horas al día y no ocho, algo que con los precios actuales les sitúa por debajo del salario mínimo (en otros cultivos como olivares o viñedos es más común encontrarse con jornales por encima del SMI). Los cálculos de las asociaciones del sector calculan en entre un 40% y un 50% el aumento de los costes laborales tras las últimas subidas del salario mínimo.

La realidad es que el salario mínimo y el campo no se llevan bien. En España, es el sector con los sueldos declarados más bajos (datos de Hacienda) y donde hay menos trabajadores por cuenta ajena, un 62%, según datos de la EPA. Como subrayan varios estudios, estas características y la abundancia de pequeñas y medianas empresas lo convierten en el sector que más dificultades tiene para ajustarse a los aumentos de salarios mínimos.

Competencia en casa. Las barreras a importaciones y exportaciones están teniendo repercusiones directas. El veto de Rusia a los productos de la UE ha provocado que hoy se exporte a ese país tres veces menos frutas, hortalizas y legumbres con respecto a 2014 (de 234 a 79 millones de euros anuales). Los aranceles del presidente de EE UU, Donald Trump, por su parte, han lastrado los precios de las aceitunas de mesa.

También se están produciendo cambios en los flujos de exportación por la búsqueda de productos más baratos. Y no solo en España: Francia ha pasado de importar 735 toneladas anuales de cítrico desde España en 2015 a 630 de 2018, mientras que en el último año ha multiplicado por dos las que importa de Sudáfrica.

Limones y naranjas son buen ejemplo para ver que también los compradores españoles están importando cada vez más productos de otros países como Sudáfrica, Argentina, Portugal o Marruecos.

Ante este escenario, también preocupa el aumento de la competencia que podría significar el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur.

La pequeña gran ayuda de la PAC. El nuevo plan de la Política Agraria Común (PAC) prevé un recorte de las ayudas directas a los agricultores de un 13% y plantea aumentar las que van al desarrollo del territorio rural. Aunque el nuevo reparto entraría en vigor en 2022, los agricultores ven peligrar el modelo seguido hasta ahora. "Los productores de cereales en España venden por debajo de coste de producción desde hace 15 años. Así sus productos son baratos. Sin los fondos, no podrían sobrevivir vendiendo a ese precio", resume Arturo Serrano, de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA).

La PAC reparte mucho dinero y los beneficiarios también son muchos. En el período 2014-2020 hubo más de 5.000 millones de euros en ayudas directas a agricultores y ganaderos españoles (una cantidad parecida al presupuesto de un año para Educación en una comunidad como Madrid), pero el 74% de los beneficiarios recibieron menos de 5.000 euros; el 1,7% de ellos, más de 50.000, según datos del Parlamento Europeo.

Seguros. Los seguros sobre las explotaciones varían según el tipo de cultivo. Un 83% de lo cultivado tiene seguro en las explotaciones; en los viñedos, un 70%. Aunque no hay datos detallados, los agricultores lamentan que en la mayoría de los casos el seguro estatal llega a asegurar poco más de la mitad del valor real de un cultivo. Por ese motivo, están pidiendo un mayor aporte del Gobierno a la bolsa de dinero que financia esta partida.

El clima, que hace más necesario un seguro, no ayuda. Los días de granizo en 2018 han sido 274, mientras en los dos años anteriores se habían quedado en menos de 170. Sumados a las mayores tormentas e inundaciones más frecuentes, como consecuencia del cambio climático, significan más complicaciones para los agricultores.