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Adif ha pagado 144,5 millones a las constructoras del AVE por daños y perjuicios

El gestor ferroviario ha tenido que abonar las reclamaciones administrativas o judiciales de los contratistas entre 2016 y 2019

renfe
Pasajeros del AVE en la estación de Sants.

El gestor ferroviario Adif Alta Velocidad ha pagado 144,5 millones de euros a las constructoras de las líneas de alta velocidad por daños y perjuicios, según reconoció a EL PAÍS la empresa pública. Esta cifra comprende las reclamaciones de contratistas de obras tanto en vía administrativa como judicial entre 2016 y 2019. Un informe reciente del Tribunal de Cuentas sobre la suspensión de contratos desvela que solo en 64 expedientes del periodo 2014-2017 las constructoras exigieron a Adif 162,7 millones de euros. Muchas reclamaciones siguen abiertas.

La falta de planificación y los errores de la Administración explican que durante las obras de la alta velocidad española tuvieran que suspenderse muchos de los contratos que Adif y Adif Alta Velocidad (Adif AV), las sociedades públicas encargadas de gestionar las infraestructuras ferroviarias y las estaciones, suscribieron con empresas del sector. Un informe reciente del Tribunal de Cuentas detalla algunos ejemplos, como la construcción de una salida de emergencia de un túnel en Tarragona que tuvo que suspenderse porque nadie había tramitado la autorización administrativa para usar explosivos y poder excavar la galería.

El informe menciona otros casos de suspensión de obras porque necesitaban trabajos previos que ni siquiera estaban licitados. Destaca el caso de la instalación de una catenaria, que tuvo que pararse porque la vía no estaba montada. Una “falta de coordinación” y “deficiente planificación” que el órgano fiscalizador echa en cara al Ministerio de Fomento en uno de los varios informes que ha dedicado en los últimos años a examinar la expansión de la alta velocidad en España. En este caso, el tribunal se centra en los años 2014 a 2017 y únicamente en contratos afectados por suspensiones. Para ello, analiza una muestra de 64 expedientes, algo más de la mitad de los que sufrieron estas paralizaciones.

Cuando la Administración suspende un contrato ya licitado, las empresas afectadas pueden reclamar indemnizaciones si consideran que les ha supuesto daños y perjuicios. Solo en los 64 expedientes analizados por el tribunal las empresas reclaman a Adif 162,7 millones de euros. Al cierre de la fiscalización, la empresa pública ya había pagado 12,4 millones. El resto de reclamaciones seguía en tramitación.

Durante los años analizados por el Tribunal de Cuentas había 17 líneas de alta velocidad en construcción. En la ejecución de 14 de ellas se produjo algún expediente de suspensión. El órgano fiscalizador examina cuáles fueron las causas más comunes de paralización. La más habitual resultó ser la dependencia del avance de otros trabajos. La segunda razón más alegada fueron las modificaciones del proyecto inicial. La falta de coordinación entre administraciones explica otra parte de las suspensiones. En la construcción de la estación intermodal San Cristóbal de A Coruña fue necesario suspender el expediente porque estaba pendiente de firmar un convenio con el Ayuntamiento de A Coruña y la Xunta de Galicia. “Cabe poner de manifiesto la falta de diligencia que supone no haber suscrito el citado convenio con anterioridad a la adjudicación del contrato”, señala el informe.

La cifra global de las indemnizaciones pagadas a los contratistas del AVE, por todas las reclamaciones —y todos los motivos, no solo las suspensiones— entre 2016 y 2018, se reparte de forma desigual, y creciente. En 2016 apenas fueron 7,8 millones; en 2017, 37 millones; crecieron hasta los 47,5 millones en 2018, y el año que se pagaron más daños y perjuicios fue 2019, con 52,2 millones. “La cifra puede subir ya que hay procesos que se mantienen abiertos durante años”, añadió un portavoz de Adif.

El triple de provisiones

En solo tres años la empresa pública se vio obligada a triplicar el importe de las provisiones para atender los riesgos por sobrecostes y litigios con las constructoras de las líneas de AVE, destaca el informe del tribunal. La partida pasó de 149,6 millones de euros en 2015 a 504,4 millones en 2017. Solo para pagar litigios con empresas afectadas por expedientes suspendidos Adif calculaba que podría necesitar 104,7 millones. 

En las alegaciones al informe, Adif asegura que el tribunal escogió para la muestra los contratos más problemáticos y afirma que del análisis “no se desprende, en ningún caso, que las suspensiones acordadas no fueran procedentes”. “Sería aconsejable”, concluye el Tribunal de Cuentas en sus recomendaciones, “que Adif-AV planificase las actuaciones preparatorias de los contratos, redacción de proyecto así como especificaciones técnicas, de una forma metódica y organizada que permita una ejecución de los trabajos en menos tiempo y con menos incidencias”. 

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