Renfe recurre la resolución que le obliga a bajar los precios de mantenimiento

Renfe ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional solicitando la suspensión cautelar de la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en la que instaba a la compañía pública a que rebajara los precios que cobrará a los nuevos operadores ferroviarios como SNCF e Ilsa por el mantenimiento de sus trenes, informaron a EL PAÍS en fuentes conocedoras del expediente.

La compañía transportista considera que la resolución de la CNMC es “contraria a Derecho, ya que confunde a la sociedad mercantil prestadora de servicios de mantenimiento de material rodante del grupo Renfe, con un administrador de infraestructuras ferroviarias públicas, condición que no tiene Renfe Mantenimiento”.

Renfe entiende que la CNMC se excede en sus facultades de supervisión, a falta del desarrollo reglamentario previsto en la Ley del Sector Ferroviario, que no le compete, y pretende “imponer la aplicación de unos precios que condenarían al prestador a seguir incurriendo en pérdidas, no susceptibles de compensación mediante subvenciones públicas”.

“Estos precios que se pretenden imponer, en contra de la legítima autonomía empresarial, lanzarían al mercado señales erróneas, desincentivando la realización de inversiones en talleres, muy necesarias con ocasión de la inminente apertura del mercado como consecuencia de la liberalización del transporte ferroviario de viajeros”, señalan las mismas fuentes.

La compañía se queja de que la resolución es “contraria a Derecho, ya que confunde a la sociedad mercantil prestadora de servicios de mantenimiento de material rodante del grupo Renfe, con un administrador de infraestructuras ferroviarias públicas, condición que no tiene Renfe Mantenimiento”.

Tarifas abusivas

La CNMC comunicó el pasado 23 de diciembre una resolución en la que emplazaba a Renfe a presentar en el plazo de dos meses una nueva propuesta de tarifas de mantenimiento para sus competidores por considerarlas abusivas. El regulador concluía que la rentabilidad actual fijada por Renfe para el alquiler de los 106 talleres que posee es muy superior al coste de capital, ya que muchos de los 20.000 activos con los que cuenta ya estarían amortizados.

El regulador apuntaba que los servicios de mantenimiento serán fundamentales para que las empresas competidoras de Renfe, tanto de mercancías como de viajeros, puedan realizar la puesta a punto de sus trenes de cara a la liberalización del sector, que ya ha entrado en vigor este mes de diciembre y que materializará la francesa SNCF en mayo con el inicio de los viajes de Ouigo en la línea AVE de Madrid a Barcelona.

Para calcular sus costes, la CNMC aseguraba que la filial del operador Renfe Mantenimiento no ha utilizado los importes incluidos en su contabilidad, sino que ha optado por estimar lo que costarían estos activos actualmente, a su valor de reposición a precios corrientes. Esto implica que, por ejemplo, una máquina o instalación que fuera antigua y, por tanto, en la contabilidad de costes de Renfe estuviera ya casi amortizada, para el cálculo de los precios de los servicios que presta a otras empresas, el coste imputado sería el precio que debería pagar Renfe Mantenimiento actualmente por su adquisición.

Por este motivo, la resolución de Competencia considera que la metodología de Renfe Mantenimiento “incrementa de forma artificial los costes de los servicios de mantenimiento” y, en consecuencia, es contraria al artículo 101 de la Ley del Sector Ferroviario que establece que los precios de los servicios en instalaciones ferroviarias “no podrán superar el coste de su prestación más un beneficio razonable”.

Para el cálculo de este beneficio razonable, Renfe Mantenimiento aplica un margen sobre los costes. Sin embargo, la CNMC ha considerado que debe tenerse en cuenta el riesgo, o la ausencia del mismo, que afronta la empresa, por lo que este no puede limitarse a calcular la media de los beneficios de otras empresas.

Concretamente, el regulador calcula el beneficio razonable en diferentes sectores regulados mediante el Coste Medio Ponderado del Capital. A través de esta metodología de costes, estima la rentabilidad adicional exigida por los inversores hipotéticos en estos activos por asumir un mayor riesgo.