Razones y sinrazones de una reforma innecesaria

Hace unas semanas, con su reforma anunciada a la Ley del Banco de México (Banxico), el Senado mexicano inauguró un estruendoso circo de múltiples pistas dentro y fuera del país. En la danza salieron a bailar temas intensos como autonomía del instituto emisor, las reservas internacionales, el lavado de dinero, el riesgo país y la solidez macroeconómica, inter alia. Con variopinta mezcla, tanto de crispación y serenidad como de ideología y racionalidad, las reacciones lo cubrieron todo: loas, cuestionamientos, descalificaciones y denuestos. Finalmente se acordó pasar a febrero la votación legislativa y abrir un espacio de reflexión plural entre Banxico, el Congreso y demás instancias competentes.

En aras de contribuir a esa reflexión —acalladas las fanfarrias y abucheos— urge identificar las razones y sinrazones del zipizape. Entre las primeras, cabe subrayar que el Congreso mexicano tiene plenas facultades para legislar en materia de política pública, Banxico y su autonomía incluidos. Tal facultad conlleva la responsabilidad de tomar en consideración las opiniones fundadas de las instancias competentes involucradas y, no sobra decir, en el marco institucional correspondiente.

El Senado argumenta que la reforma resolverá dos problemas: el exceso de tenencias de dólares en efectivo por la banca y las dificultades de los migrantes de retorno a México para cambiar sus billetes verdes por pesos. Aquí ya entramos al terreno de las sinrazones: los datos revelan que la magnitud del problema es nimia. Entre enero y septiembre de 2020, las instituciones financieras reportaron excedentes por alrededor de 100 millones de dólares en efectivo; apenas el 2% del total captado en ese lapso (4.700 millones). Esos excedentes, además, solo constituyen un problema para los muy pocos bancos que carecen de contratos de corresponsalía con bancos estadounidenses: ni de lejos es un lastre para el sistema financiero mexicano en general.

En el caso de las remesas, la problemática también es mínima porque las entradas en efectivo son más excepción que regla: en 2019, fueron 374 millones de dólares frente a los más de 36.000 millones que entraron en forma de transferencias electrónicas. Los datos parciales de 2020 apuntan a una diferencia todavía mayor entre ambos montos. En síntesis, la problemática identificada por el Senado vale para una proporción ínfima de las entradas de remesas —y, por tanto, relativamente muy pocos migrantes— y muy pocos bancos. No es, ni mucho menos, una preocupación de alcance nacional, todavía menos hoy, en plena recesión causada por la pandemia.

Surgen entonces varias interrogantes o sinrazones a dilucidar en la reflexión conjunta. ¿Merece ese asunto ser visto como perentorio para México y su Congreso? De ser así, ¿debe ser atendido con una reforma de la ley de Banxico? ¿Cómo blindarlo de la posible entrada a fondos de origen ilícito de darse su compra obligatoria de excedentes de dólares en efectivo? ¿Cómo serenar a los mercados financieros, inversionistas y calificadoras de riesgo y su posible percepción —con base real o ficticia— de que dicha injerencia legislativa en la gestión de divisas no escalará, por ejemplo, a querer usar las reservas internacionales para cubrir deuda de Pemex? Es imperante examinar estas consideraciones en la reflexión sobre la reforma para evitar debilitar pilares clave de la economía mexicana, su dinámica de flujos de capitales, su estabilidad nominal e incluso el rol del peso en los mercados cambiarios mundiales.

Más allá de resolver estas interrogantes, urgimos al Senado, al Banco de México, a la Secretaría de Hacienda y a las entidades competentes convocadas al diálogo conjunto a trascender su reflexión hacia el giro que requiere la política macroeconómica ante los retos mayúsculos que atraviesa el país: tanto los de corto plazo, ligados a la pandemia y la recesión, como los de larga data, reflejados en un lento crecimiento de la actividad productiva y el empleo, y una aguda desigualdad.

Alarma que el Congreso emprendiese tal escaramuza contra Banxico para atender un problema menor, a riesgo de detonar uno mayor, en vez de convocar a las autoridades monetarias y de Hacienda de manera coordinada, junto con las de Economía y Trabajo, para tratar de poner en marcha una política económica y social que enfrente mejor la emergencia —con muchos más recursos a la salud, apoyos a los desocupados y protección de los puestos de trabajo— y que ponga las bases de una nueva agenda de desarrollo incluyente y sustentable. La mayor sinrazón de la reforma propuesta por el Senado no es su cuestionamiento de la autonomía del Banco de México, sino su escandalosa irrelevancia ante los graves problemas económicos y sociales del país.

Juan Carlos Moreno-Brid, Carlo Panico y Santiago Capraro son profesores de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).