La reforma de la ley que regula el Banco de México hace saltar las alarmas

En un país como México, en constante batalla contra el crimen organizado, el Gobierno tiene una poderosa arma: el control del lavado de dinero. Los réditos de la venta de droga y otras actividades ilícitas se generan, en gran parte, en dólares en efectivo. Por ello, hace una década el país impuso restricciones a las cantidades de dólares que los mexicanos pueden intercambiar por pesos. Esas restricciones funcionaron. Sin embargo, el Gobierno actual promueve una iniciativa de ley que ha hecho saltar las alarmas, ya que, en opinión de varios expertos, las haría irrelevantes y, en el camino, vulneraría la autonomía del banco central y aumentaría el choque con el Gobierno de Estados Unidos, después de que haya limitado la presencia de agentes extranjeros en México.

El motivo de la discordia es una reforma promovida por senadores de Morena, el partido del presidente, Andrés Manuel López Obrador, que permite a los bancos mexicanos recibir dólares estadounidenses en efectivo y que a su vez obliga al banco central a captar los remanentes que los mexicanos no puedan intercambiar en bancos comerciales.

El objetivo del proyecto de ley, según han defendido los senadores, es que los mexicanos que reciben remesas del exterior en efectivo puedan cambiarlo a pesos libremente. No obstante, según datos del propio banco, solo el 1% de las remesas que entran en el país son en efectivo, y un 99% se recibe vía electrónica. Es por ello que Banxico, como se conoce al banco central, ha advertido de que la reforma sería una amenaza a su autonomía y lo “contagiaría” del riesgo de lavar dinero ilícito.

La propuesta se ha movido a una velocidad atípica en el Senado y ha confrontado a sus promotores no solo con los críticos del Gobierno, sino también con otrora aliados, como el subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel. “La compra de dólares en efectivo por parte del Banco de México puede generar inestabilidad financiera“, aseguró Esquivel en una entrevista con este diario el lunes.

“Creemos que la reforma a la Ley de Banxico debe analizarse en una discusión más amplia y técnica que permita enfrentar el problema de los dólares en efectivo y la necesidad de su incorporación, sin generar riesgos de lavado de dinero”, ha ahondado el director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto. En ese sentido, el líder de Morena en el Senado e impulsor de la reforma, Ricardo Monreal, se ha abierto a dialogar, después de la reacción del banco central que, no obstante, tachó de “desmedida”. La Cámara de Diputados tenía prevista la discusión este martes, pero acordó aplazarla hasta la siguiente sesión legislativa, que arranca el 1 de febrero.

Actualmente, los bancos solo pueden intercambiar 300 dólares al día por cliente para evitar que los dólares de procedencia ilícita entren al sistema financiero y circulen de manera legal. El límite mensual es de 1.500 dólares y, si son clientes del banco, 4.000. Para vender sus dólares, una persona debe mostrar una identificación y su transacción queda registrada.

La propuesta del partido Morena obligaría al Banco de México a intercambiar por pesos los dólares que los mexicanos no puedan vender a los bancos comerciales por las restricciones antilavado, sin importar la procedencia del dinero. Los remanentes de estas transacciones, proponen los senadores, se deberán incorporar a las reservas internacionales, a pesar de que las reservas son un respaldo del dinero que está en circulación en el país y su uso es competencia únicamente del banco.

La sólida autonomía, prudencia fiscal y disciplina monetaria con las que cuenta Banxico desde 1994 son reconocidas internacionalmente, una de las pocas garantías para los inversores extranjeros. En este sentido, el banco central alertó de que la reforma “podría dar lugar a que autoridades extranjeras impongan restricciones a las entidades financieras de su país” y también “limitaciones a las operaciones y acuerdos celebrados con el Banco de México”.

Las críticas no solo responden a una agenda política. La agencia Moody’s advirtió que aprobar en la Cámara de Diputados la ley sería negativo para la calificación de México y socavaría la estabilidad económica del país. “Comprometer la autonomía del banco central socavaría la piedra angular de la estabilidad macroeconómica de México y una fortaleza clave de su perfil crediticio soberano. Además, la medida podría tener un impacto negativo en el sentimiento de los inversionistas en un momento en que la inversión privada se ha contraído consecutivamente por cerca de dos años”. Previamente, la Asociación de Bancos de México había asegurado que la reforma “pone en grave riesgo al conjunto del sistema financiero mexicano”.

Escándalos por lavado

El miedo a que el crimen organizado acceda al sistema financiero de México viene de lejos. En 2010, el Gobierno impuso límites como respuesta a escándalos de lavado de dinero en la banca comercial ligados al crimen organizado. El caso de HSBC es el más sonado, en el que investigaciones periodísticas expusieron que el cartel de Sinaloa, liderado por Joaquín “el Chapo” Guzmán, lavaba sus ingresos a través del banco global. HSBC pagó una multa histórica de 1.900 millones de dólares en 2012.

Las restricciones mexicanas funcionaron. En 2018 el Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales, de la OCDE, aseguró: “México tiene un régimen maduro contra el lavado de dinero, con un marco legal e institucional bien desarrollado. Ha habido una mejora significativa en algunas áreas del marco institucional, así como en algunas áreas del régimen de lucha contra el lavado de dinero en comparación con el que existía cuando el país fue evaluado por última vez en 2008”. “No obstante”, advirtió, “se enfrenta a un riesgo significativo de lavado de dinero derivado principalmente de las actividades más importantes. A menudo asociado con el crimen organizado, como el narcotráfico, la extorsión, la corrupción y la evasión fiscal”.

“Al obligar al Banco de México a captar estos recursos, automáticamente también se le transfiere el riesgo de identificación del origen de esos recursos”, explica Víctor Gómez, economista senior de Finamex y profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México. “Y eso es lo que el propio instituto ha señalado como un problema que invade su autonomía, porque se le obliga a realizar una transacción que no necesariamente se llevaría a cabo de manera voluntaria”.

Tensión con Estados Unidos

Otra de las consecuencias que, según los expertos, traería la reforma sería la de escalar la tensión con Estados Unidos, en el mismo contexto en el que el Gobierno busca limitar la presencia de agentes extranjeros en el país. Al mismo tiempo, explicaría la celeridad del proceso, pues se aprobaría antes de que tome el poder el presidente electo, Joe Biden. “López Obrador tiene miedo de Trump y por eso ha sido muy cauteloso con él”, dice Duncan Wood, director del Instituto para México del Woodrow Wilson Center. “Ahora quiere mandar un mensaje a la nueva Administración de: ‘Nosotros vamos a ser más autónomos, más independientes’, y creo que la respuesta que vamos a escuchar en enero es que Estados Unidos no va a permitir que México abandone la colaboración en temas de seguridad, no va a permitir que México no tome en serio la lucha contra el crimen organizado y que México y Estados Unidos son socios no porque quieren serlo, sino porque es totalmente necesario”.

Esta no es la única ley relevante para Estados Unidos que Morena ha acelerado en el Congreso en los últimos días. La semana pasada, el Parlamento reforzó la regulación de agencias extranjeras en el país, como la DEA y la CIA, tras acusar a EE UU de actuar por su cuenta en la reciente detención del general Salvador Cienfuegos, jefe de las Fuerzas Armadas en el anterior sexenio, que finalmente será juzgado en México. Además, en noviembre, la Cancillería aseguró en un comunicado que la Iniciativa Mérida, un programa bilateral de seguridad, ha terminado. De ahora en delante, dijo la Secretaría, “la cooperación entre Estados Unidos y México se planteará con base en las necesidades de nuestro Gobierno”.