México planta cara a Estados Unidos y endurece el control a sus agentes en territorio nacional

Cada paso que vaya a dar un agente extranjero tendrá que contar antes con el visto bueno de la Secretaría de Exteriores. México ha reforzado la regulación de los servicios extranjeros con el telón de fondo de la reciente disputa diplomática que desató la detención en California del general Salvador Cienfuegos. El arresto del exsecretario de Defensa del Gobierno de Enrique Peña Nieto, fraguado durante años de investigaciones de la Agencia Federal Antidrogas de Estados Unidos (DEA) en territorio mexicano, fue considerado un atropello por parte del Gobierno debido a la nula comunicación y la actividad unilateral de las autoridades estadounidenses. La molestia creció en Palacio Nacional hasta materializarse en una reforma aprobada en tiempo récord, menos de un mes después del regreso del general a México.

El dictamen, aprobado el miércoles en el Senado, subraya con insistencia el principio de reciprocidad. México busca blindar el intercambio de información con otros gobiernos en materias sensibles como crimen organizado y narcotráfico. En especial con EE UU, con el que mantiene una histórica y delicada colaboración a través de un puñado de convenios bilaterales. El vecino del norte tiene en territorio mexicano casi una decena de organismos entre dependencias de seguridad, aduanas, migración y defensa. En días recientes, y después del affaire Cienfuegos, el canciller Marcelo Ebrard reveló que la DEA tiene al menos 50 agentes en territorio nacional.

“Pongamos fin a 100 años de violaciones a nuestra soberanía y fallas en la protección de los mexicanos”, clamó durante la sesión Ricardo Monreal, el coordinador de Morena, el partido de López Obrador, en el Senado. Monreal señaló que solo la DEA cuenta con 11 oficinas en el país. “Pero se desconoce el número de agentes que operan, desconocimiento que los ha llevado a cometer actos excesivos, ya que su presencia se reguló hasta ahora en la oscuridad y en muchas ocasiones las autoridades se negaron a aceptar su presencia oficial en nuestro país”, añadió el senador, una pieza clave para que fuera aprobada sin obstáculos la reforma a una de ley de 1989 en la apretada agenda de fin de periodo legislativo.

Durante las negociaciones para el regreso de Cienfuegos, México llegó incluso a amenazar con la expulsión de las operaciones locales de la DEA, un órdago que fue matizado días después por el presidente López Obrador. A partir de ahora, cualquier agente extranjero deberá contar con una autorización previa para operar en México, que incluirá el permiso para portar armas. Sus operaciones se limitarán únicamente al desarrollo de las actividades de enlace para el intercambio de información con autoridades mexicanas. Tendrán que informar de sus actividades mediante un informe mensual, así como las embajadas y misiones extranjeras.

En la cúspide de la pirámide, asumiendo todo el control, la norma tejida por el abogado de la presidencia coloca a la Cancillería. Un tanto más para el equipo de Marcelo Ebrard, que tras liderar la batalla diplomática por Cienfuegos, continúa aumentando sus poderes. En esta ocasión, Exteriores realizará una tarea que anteriormente ocupaba Gobernación, una secretaría que ha ido perdiendo influencia mientras avanza la Administración morenista. Algo similar sucedió el año pasado cuando otro decreto entregó la política migratoria a la Cancillería. En este caso, la nueva normativa establece incluso la creación de un Grupo de Alto Nivel de Seguridad, un órgano auxiliar del Consejo de Seguridad Nacional, que estará presidido por Ebrard.

Los senadores del PAN criticaron durante la sesión la crecida de facultades de Exteriores, convertida en una especie de “supersecretaría, a la que deben reportar los agentes extranjeros las actividades que realicen y la información que obtengan”. El grupo opositor argumentó que se le colocaba jerárquicamente por encima incluso de la Fiscalía General de la República (FGR). El dictamen fue aprobado finalmente con 71 votos a favor, 21 en contra y una abstención.

El también panista García Cabeza de Vaca subrayó por su parte que vulnera la autonomía de estados y municipios. La nueva normativa establece que los diferentes escalones de la Administración deberán comunicar inmediatamente con un informe por escrito dirigido a la secretaría de Relaciones Exteriores “de la celebración de cualquier reunión, intercambio de información, llamadas telefónicas o comunicaciones que sostengan con los agentes extranjeros”.