México presionó con restringir las operaciones locales de la DEA para lograr la vuelta de Cienfuegos

El general Salvador Cienfuegos ha llegado este miércoles a México, después de una estancia en prisiones de Estados Unidos de algo más de un mes. Acusado de narcotráfico y lavado de dinero, el Departamento de Justicia pidió esta semana a la juez que desestimara los cargos, tras acordar con el Gobierno de México su traslado. La Fiscalía General de la República, FGR, tiene abierta una investigación “en la que está involucrado el general”. De momento, Cienfuegos ha quedado en libertad.

Entre el 15 de octubre y este martes, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador hizo lo posible para lograr el traslado a México del general Salvador Cienfuegos. La detención y acusación por narcotráfico contra el exsecretario de Defensa en Estados Unidos habían caído como una bomba al sur del río Bravo. Sobre todo había molestado la falta de comunicación por parte de las autoridades estadounidenses. El canciller, Marcelo Ebrard, se refería al asunto este miércoles por la mañana, en la rueda de prensa diaria del presidente: “Se tiene que compartir información, se tiene que actuar con apego a las leyes mexicanas”.

Las palabras de Ebrard esconden sin embargo toda una serie de advertencias que funcionarios del Gobierno mexicano expresaron ante sus pares de EE UU estas semanas. Estas advertencias señalaban que el futuro de las actividades de los 50 agentes de la DEA en México corría peligro, según ha informado este miércoles VICE y ha podido confirmar EL PAÍS con fuentes del Ejecutivo. El resultado ha sido el acuerdo para trasladar a Cienfuegos a México.

En su conferencia matutina de este jueves, López Obrador ha negado las presiones a la DEA: “Nosotros no amenazamos de expulsión a los agentes, dijimos que queremos que se nos informe y que se respeten los acuerdos de cooperación. Esos acuerdos están sustentados en la confianza”. Después, en Palacio Nacional se han proyectado las portadas de los periódicos Wall Street Journal y New York Times, con la información de las amenazas de México, y el Ejecutivo las ha tildado de falsas. “Se equivocaron en sus notas”, ha dicho el presidente.

Ebrard ha recordado el principio de cooperación, establecido desde 1992, entre los dos países, que obliga a comunicar toda información recuperada en territorio nacional al Gobierno de México. “Si se violó el principio de la soberanía de México, si eso no se respetó, ¿qué va a ocurrir? ¿Nada? ¿Nada más mandamos una notita y ya?”, ha respondido duramente el canciller. “Si no fue informado el Gobierno de México, tuvimos que hacer lo que hicimos. Hay dos caminos: o se repara esa violación al acuerdo, o nosotros pondremos sobre la mesa revisar toda la cooperación”, ha señalado. Ebrard también ha afirmado que sería “suicida” para el Ejecutivo “lograr que se desestime por primera vez en la historia los cargos contra un exsecretario de Defensa, retornarlo a México y no hacer nada”.

Cienfuegos ha llegado en la tarde de este miércoles al aeropuerto de Toluca, a hora y media de la capital. Según ha informado la fiscalía en un comunicado, el avión ha aterrizado a las 18.40. Funcionarios de la agencia le han conducido a una sala privada del hangar y le han practicado un estudio médico. Fiscales le han informado luego de que hay una investigación abierta “en la que se encuentra involucrado”, a partir de la información que recopiló el Departamento de Justicia de EE UU. Cienfuegos se ha dado por enterado, ha dejado sus datos y se ha marchado minutos después.

Desde el principio, el Ejecutivo mexicano dejó entrever su molestia con la manera en que Estados Unidos había conducido el caso Cienfuegos. La investigación había iniciado hacía años, pero el Gobierno de Donald Trump nunca avisó a México de las implicaciones del caso. En agosto de 2019, los investigadores obtuvieron finalmente una orden de detención, pero tampoco entonces avisaron al Gobierno vecino. No lo hicieron hasta que Cienfuegos fue detenido, 14 meses después, en el aeropuerto de Los Ángeles. Ebrard decía este miércoles: “Toda la arquitectura de cooperación en materia de seguridad descansa sobre el respeto a la soberanía de México y sus leyes y sobre la confianza entre las autoridades de ambos país para intercambiar información sensible”.

La reacción del Gobierno mexicano en este caso contrasta con otros, como el del exfiscal del Estado de Nayarit, Edgar Veytia, condenado en EE UU, relacionado con el mismo grupo con el que la DEA relacionaba a Ciuenfuegos. O el del exjefe de la policía federal durante el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), Genaro García Luna, detenido el año pasado en Dallas. En ningún caso, López Obrador o su Gabinete invocaron la soberanía de México o la confianza entre naciones. En ningún caso se negoció la vuelta de los detenidos, poniendo sobre la mesa el trabajo de la agencia antidroga estadounidense a territorio mexicano.