La CNMC ve indicios de irregularidades en la concesión de algunos préstamos ICO para el coronavirus

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha anunciado este lunes que continúa analizando el comportamiento de las entidades financieras en la concesión de créditos con aval estatal para aliviar la crisis del coronavirus tras hallar “actuaciones que podrían vulnerar la normativa de competencia”. El supervisor añade que las quejas y consultas que le han llegado relacionadas con estos préstamos no han cesado en los últimos seis meses, por lo que se mantendrá “especialmente vigilante”.

Tras el arranque de la pandemia, el Gobierno sacó a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) varias líneas especiales de préstamos con aval público para empresas y familias. Estas líneas, agrupadas bajo la denominación COVID-19, buscaban facilitar liquidez (por ejemplo, para garantizar el mantenimiento del empleo o para pagar el alquiler) y se concedían a través de los bancos sin poder añadir condicionalidad. Es decir, que el banco a la hora de valorar si concede o no el préstamo, no puede exigir más requisitos de los que establece la normativa.

Para garantizar el correcto funcionamiento del nuevo mecanismo, la CNMC habilitó hace seis meses un buzón especial en el correo electrónico covid.competencia@cnmc.es donde cualquier ciudadano o empresa puede escribir si observa una irregularidad en el proceso. El regulador no señala cuántos mensajes ha recibido, pero sí destaca que “el sector financiero ha sido el que más consultas y denuncias ha generado por posibles infracciones de la normativa de competencia”.

Como recuerda en un comunicado publicado este lunes, la CNMC ya abrió a raíz de los primeros correos una serie de diligencias previas y envió requerimientos de información a algunas entidades, cuya identidad no ha revelado. La Comisión, en cambio, sí señala que lo que está analizando en su investigación es “la vinculación de productos cruzados a la hora de comercializar los préstamos”. Es decir, si el banco obliga a contratar otros servicios a cambio de conceder el crédito, algo que teóricamente no puede hacerse. Entre estos productos, figuran “seguros, servicios de alarma o la compra de televisores”.

Otros aspectos que vigila el supervisor de la competencia son “la utilización de dichos créditos como mecanismo para restructurar productos financieros preexistentes” y “el pago de gastos iniciales por parte de los beneficiarios de los créditos, con carácter previo al desembolso de los fondos correspondientes”. Ambas conductas están prohibidas según los reales decretos en los que el Gobierno aprobó las líneas de avales públicos y la CNMC cree que pueden constituir “actos desleales”. En concreto, el comunicado recuerda que “por falsear la libre competencia” dichas prácticas podrían afectar al interés público y constituir una infracción de la Ley de Defensa de la Competencia de 2007.