EMPLEO PÚBLICO

Uno de cada cuatro empleados públicos tiene un contrato inestable

Los trabajadores de la Administración General con más de 60 años llegan al 20%

Una trabajadora pública atiende a un ciudadano en una oficina de la Seguridad Social, en una foto de archivo.
Una trabajadora pública atiende a un ciudadano en una oficina de la Seguridad Social, en una foto de archivo.Europa Press / EUROPA PRESS - ARCHIVO

Los datos del último recuento de empleados públicos del Ministerio de Política Territorial y Función Pública determinan que actualmente en España son más de dos millones y medio de personas (2.598.481) las que conforman el colectivo de trabajadores de las Administraciones públicas. Una cifra que, si bien ha crecido tan solo en 769 efectivos respecto al cómputo del mes de enero, se engloba dentro del volumen total predominante en la última década. Sin embargo, los datos del informe evidencian que el envejecimiento de las plantillas y la inestabilidad contractual de una gran parte de sus trabajadores siguen siendo los problemas a resolver.

Según el Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, uno de cada cinco empleados de la Administración General del Estado (AGE) tiene más de 60 años. En esta franja edad —que resulta de la suma de aquellos entre 60 y 64 años: 34.242; y los mayores de 64: 5.003, tal y como aparecen disgregados en el informe— se concentran 39.245 trabajadores, el 19%, de los 196.785 de quienes el ministerio posee su fecha de nacimiento. Los otros 33.610 que restan hasta alcanzar los 230.395 que conforman este colectivo no aparecen incluidos en las tablas por este motivo.

La alarma del envejecimiento de la plantilla de funcionarios y trabajadores públicos ha sonado constantemente entre los sindicatos durante los últimos 10 años, en los que han venido denunciando la eliminación de las tasas de reposición —las convocatorias de plazas de nuevo ingreso que se realizan para cubrir los puestos vacantes, por ejemplo por las jubilaciones—. “Se han perdido más de 11.000 plazas en la última década por este motivo”, denuncia la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). “Lo que hace falta es un plan de evaluación de recursos humanos que derive en una oferta de empleo específica que cubra las necesidades de las distintas Administraciones, y que ahora, con motivo de la pandemia han quedado todavía más expuestas”, añaden.

Desde CC OO, sin embargo, toman como referencia los datos pertenecientes al sector público de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al segundo trimestre de 2020 —en el que el total de trabajadores asciende hasta los 3,2 millones, ya que se incluyen colectivos diferentes de los del Boletín de Función Pública— para denunciar que son 22.100 los empleos públicos que se han perdido en este periodo. Algo que atribuyen a un goteo constante que tiene como origen la congelación de las ofertas de empleo público que se produjo entre los años 2012 y 2017.

“Cuando se aprobaban las ofertas de empleo público, desde su publicación hasta la culminación con la toma de posesión podían pasar dos o incluso tres años. Si a esto le sumas que la anterior crisis entró en 2008, y que ya en 2010 empezó a frenarse el acceso a la Administración hasta acabar cerrándose en seco en 2012: blanco y en botella”, apunta Miriam Pinillos, secretaria de Políticas Públicas de FSC-CC OO.

Al destacable envejecimiento de la plantilla de la AGE —en la que solo 4.953 empleados tienen menos de 30 años—, se añade que, de los más de dos millones y medio de trabajadores públicos que se contabilizan en el boletín (incorporando a aquellos que pertenecen al sector público tanto de las comunidades autónomas como de la Administración local), 661.394 poseen o bien un contrato eventual (774), temporal (125.137) o interino (535.483). Lo que deriva en que uno de cada cuatro trabajadores (25,4%) cuente con contratos inestables.

“Aunque en la AGE el porcentaje de temporalidad está en el 7% (17.654 trabajadores), donde la cifra crece significativamente es en las comunidades autónomas, fundamentalmente por los sectores de sanidad y educación”, explica Carlos Álvarez, responsable federal de la AGE de UGT. “Es insostenible que haya un porcentaje de temporalidad tan alto en el ámbito de la función pública. Tiene poco sentido. Una cosa es que lo necesites a veces para solventar situaciones coyunturales como puede ser ahora en sanidad con el tema del coronavirus. O para implementar el tema de los ERTE y todas estas ayudas, que son temporales, que se tramitan en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), pero no hasta alcanzar estas cifras ni mucho menos. Es algo que se sigue debatiendo en la conferencia sectorial y estamos a la espera de que el ministerio nos traslade una propuesta concreta con la que se encuentre para abordar esta situación”, añade Álvarez.

Acuerdos incumplidos

Según CSIF, las Administraciones públicas solo han estabilizado el 17,9% de las plazas interinas, atendiendo al balance que recibieron en la última reunión de seguimiento de los Acuerdos para la mejora del empleo público y de condiciones de trabajo firmados con el Gobierno en 2017 y 2018. En ellos, se contemplaba la estabilización de unas 250.000 plazas entre 2018 y 2020 y la reducción de la temporalidad al 8%. “Aunque los acuerdos venían a paliar, precisamente, la temporalidad, no se han cumplido. Se está produciendo un incumplimiento en materia de empleo y, dentro de ello, de la estabilización de las plantillas”, completa Pinillos.

La situación actual de organismos como el SEPE, superado por la avalancha de expedientes de regulación temporal de empleo que se les derivó la crisis, o de la propia Seguridad Social, encargada de tramitar el ingreso mínimo vital (IMV), que tantos problemas está dando por su “excesivo tecnicismo”, según denuncian los sindicatos, está llevando a que las Administraciones públicas se encuentren en un momento de vulnerabilidad desconocido. “Toda la parálisis que ha habido en incorporaciones hace que no se puedan cubrir los servicios se debería estar haciendo en un momento como este. Nosotros aplaudimos esta nueva demanda social que ha puesto en marcha el Gobierno, pero tenía que haber venido acompañada de un incremento de las plantillas urgente”, lamenta Pinillos.

“No puede ser que se siga destruyendo empleo en el sector público ahora que es cuando la gente más lo necesita. La AGE ha sufrido un deterioro continuo que ha llevado a que se tensione como nunca antes”, sostienen desde CSIF.

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