Insostenibles jubilaciones a los 50

La sostenibilidad de las pensiones ha vuelto a la primera línea del debate y a inquietar a muchos ciudadanos. En pocos días han coincidido varias noticias: bancos que anuncian prejubilaciones a los 50 años; la propuesta del Gobierno de ampliar de 25 a 35 años el periodo de cálculo de la pensión, que supondría un significativo recorte, y las advertencias de organismos internacionales (OCDE) y centros de estudios (Fedea) que exigen más reformas.

Las pensiones afectan cada vez más a una mayor parte de ciudadanos y constituyen la principal red de protección de nuestro Estado de bienestar. La Comunicación de la Comisión Europea Una Europa Social Fuerte para unas Transiciones Justas afirma: “Las pensiones podrían convertirse en la principal fuente de ingresos para la mayoría de los europeos”.

Las mejoras de la sanidad y de las condiciones de vida han permitido vivir más años. La esperanza de vida al nacer en España es de 80,7 años para los hombres y 86,3 para las mujeres, dos años y medio más que la media europea en ambos casos. Desde una perspectiva humanística, que es la que debe prevalecer, esta realidad es un éxito que debemos preservar.

El logro comporta cada vez mayores exigencias. Los datos son elocuentes. De 2008 a 2020, la población mayor de 65 años ha pasado de representar el 16,5% al 19,4% del total. La tasa de dependencia (menores de 16 y mayores de 64 que dependen de mayores de 15 y menores de 65) ha pasado del 47,5% al 53,5%. Hacen falta más cotizantes.

Otro problema es la cuantía de las pensiones para determinados ciudadanos. En España hay 8.881.019 perceptores de pensiones contributivas. Pero 3.017.400 perciben una pensión igual o menor a 700 euros, el 65% son mujeres. La discriminación es uno de los aspectos más injustificables. Un trabajo de Denitza Dessimirova y Maria Audera Bustamante para el Parlamento Europeo The gender gap in pensions in the EU (la brecha de género en las pensiones en la UE) revela que el mal trato a las mujeres se agrava en la jubilación. En España la brecha salarial significa que las mujeres reciben un 15% menos de salario que los hombres. En el caso de las pensiones la brecha es del 33%, es decir, las mujeres reciben un tercio menos. Una situación similar a la de media de la Unión, donde la brecha salarial es del 16% y la de las pensiones del 36%.

La necesidad de mayores recursos es evidente. Por esto resulta inaceptable que empresas con beneficios decidan prejubilaciones a los 50 años y que el Gobierno lo permita. Es una práctica que destruye el sistema público de pensiones. En esta materia deberían asegurarse tanto los intereses de los actuales como de los futuros perceptores. Las pensiones constituyen el principal mecanismo de igualación, fundamental para una democracia que se predica social. Habrá que analizar cada propuesta si favorece o debilita la cohesión social y en definitiva nuestra democracia.