El Gobierno aprueba el decreto para agilizar la gestión de los fondos europeos

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el decreto ley que regulará la gestión del plan de recuperación de la pandemia diseñado por el Gobierno para canalizar los fondos europeos destinados a relanzar la economía tras el impacto del virus. Se trata de un conjunto de medidas “para preparar al país ante el mayor desafío que tendrá España desde el punto de vista de las administraciones públicas”, como ha explicado la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo. El decreto incluye reformas en los instrumentos y procedimientos de tramitación, control y adjudicación de proyectos y nuevas figuras administrativas para canalizar esas ayudas de la forma más “rigurosa y eficiente” y con la mayor agilidad posible. Según ha anunciado Calvo, el decreto entrará en vigor al mismo tiempo que los Presupuestos, pues las medidas del decreto “van en paralelo y están engarzadas” en las cuentas de 2021, que ya incorporan más de 27.000 millones de euros de las ayudas europeas.

Entre las medidas contempladas en el real decreto buena parte se refieren a la reducción de trámites y procedimientos para aprobar y poner en marcha los proyectos que sean susceptibles de ser financiados con las ayudas europeas, que ascenderán a 140.000 millones de euros hasta 2026, la mitad de ellos en ayudas directas y el resto en préstamos. Se reducen plazos de tramitación y se simplifican trámites burocráticos para esos proyectos, que podrán contar con adelantos de hasta la mitad del importe del proyecto. “Se trata de acortar tiempo, de tener fórmulas más ágiles, pero sin perder ningún tipo de rigor y de control de los órganos que tienen que intervenir”, ha resumido la ministra.

El decreto crea una nueva figura, la del PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y la Transformación Económica), definidos como proyectos “de carácter estratégico, con un importante potencial de arrastre para el resto de la economía, y que exigen la colaboración entre administraciones, empresas y centros de investigación”. Es una nueva fórmula de colaboración público-privada que prevé trámites ágiles y prioritarios para grandes desarrollos que fomenten el empleo y la competitividad. El ministerio de Industria establecerá un registro para que los interesados presenten estos proyectos, que, por su importancia, tendrán que ser aprobados por el Consejo de Ministros.

La gestión de los ingentes fondos europeos y los contemplados en el plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia diseñado por el Gobierno para sacar la economía española de la crisis de la pandemia requerirá un esfuerzo por parte de los funcionarios de la administración pública y el decreto prevé el diseño de equipos específicos, la reubicación de efectivos y la contratación de nuevo personal. Cada ministerio deberá diseñar un “instrumento de planificación estratégica de gestión” en el que consignarán la organización y necesidades del personal y la formación que van a necesitar estos empleados públicos. “Necesitaremos recursos humanos, en primer lugar de nuestro funcionariado, con respeto a sus carreras y con flexibilidad”, ha explicado la ministra, en referencia a que las necesidades del plan se cubrirán en primer lugar por funcionarios en activo, pero también habrá nuevas contrataciones públicas. “Puede haber determinadas fórmulas, personas reasignadas, otras dedicadas a tiempo parcial a la gestión de estos proyectos, puestos que se pueden mover”, ha enumerado, aduciendo que “se abren expectativas interesantes para muchas carreras funcionariales”.

En cuanto a los nuevos empleos, no ha cuantificado cuántos serán necesarios. “Se irá calibrando con arreglo a los proyectos” en el periodo “importante”, de 2021 a 2026. “Sin duda necesitaremos reforzar áreas determinantes en la gestión de muchos proyectos que no son los habituales de la administración, porque este es el reto más grande en esta materia que se ha vivido en 42 años de democracia”, ha explicado.