Las empresas creen que el anteproyecto de renovables corrige una anomalía histórica

El anteproyecto de ley, que carga sobre las comercializadoras el coste que hasta ahora va al recibo de la luz, fue recibido en Bolsa con caída de las comercializadoras eléctricas en ningún caso dramática (Naturgy, un 2,37%; Endesa, un 2,07%, e Iberdrola, un 0,62%) y subidas de las renovables (Solarpack, un 9,46%; Grenergy, un 6,85%; Soltec, un 5,87%, y Solaria, un 1,68%), con excepción de Audax (-0,84%), y de Repsol (1,46%) en una jornada en la que Ibex se elevó un ligero 0,14%.

Esta compañía energética, al igual que Cepsa (no cotiza), ha preferido no hace declaraciones. Según fuentes sectoriales, las empresas podrán repercutir los costes a los usuarios en el precio de los combustibles, de la misma manera que puede ocurrir en los precios de gas y en el mercado liberalizado de la luz, que utiliza en torno a la mitad de los consumidores (no así en la otra mitad que se somete al precio regulado PVPC), pero en Transición Ecológica sostienen que dependerá del nivel de competencia de las propias empresas.

Tampoco han hecho declaraciones Iberdrola y Naturgy, que se han remitido a la patronal Aelec, mientras Endesa ha dado su versión, muy similar al de la asociación. En un comunicado, esta sostiene que “uno de los aspectos señalados reiteradamente desde el sector eléctrico ha sido la falta de coherencia al repercutir en exclusiva sobre el consumidor eléctrico los esfuerzos para reducir las emisiones de gases, teniendo en cuenta que la electricidad es el sector energético que más ha reducido sus emisiones. Al financiar los sobrecostes de renovables, cogeneración y residuos se ha estado penalizando al principal vector de la descarbonización: la electricidad”.

En ese sentido, el cambio “permitirá apostar por el principal vector energético de la descarbonización, la electricidad, y reducir su coste, lo que facilitará un marco adecuado y estable para cumplir con los objetivos a 2030, así como ofrecer certidumbre y confianza para los procesos inversores necesarios para este proceso, en línea con lo que se hace ya en los países de nuestro entorno”.

Aelec recuerda que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) prevé que durante la próxima década se acometan inversiones de más de 150.000 millones en renovables, redes eléctricas y electrificación. “El equilibrio económico-financiero en el sector eléctrico es fundamental para ofrecer confianza al inversor y hacer los proyectos viables. Desde Aelēc consideramos que las medidas aprobadas hoy están encaminadas en esta línea y que posibilitarán estas inversiones que son una importante vía para la generación de riqueza y empleo en nuestro país, estimado en 253.000-348.000 empleos netos en 2030″.

En parecidos términos se ha expresado José Bogas, consejero delegado de Endesa, para quien se trata de un paso fundamental para la descarbonización y una corrección justa que llevaba años esperando. “El esquema propuesto irá en beneficio de la competitividad, el medio ambiente y las familias españolas”, concluye el ejecutivo. También Capital Energy aplaude la decisión , ya que “está bien que todos los sectores energéticos contribuyan a financiar la transformación del modelo”.

Para la asociación de empresas fotovoltaicas Unef, el fondo “dará estabilidad al sector y favorecerá la electrificación al tiempo que se reduce la factura de los consumidores”, según Rafael Benjumea, presidente de la organización. La asociación celebra, además, que se reconozca una reclamación histórica del sector. El sector eléctrico permite a través de la electrificación y las renovables la reducción de emisiones de otros sectores. Por ello, este anteproyecto resuelve una anomalía, que solo la electricidad financiaba los costes de las renovables, dice. “Al hacer partícipes a todas las energías, se realiza un reparto más equitativo y al hacer la transición en cinco años, el impacto será gradual”.

El superávit acumulado desde 2014 ha sido en parte utilizado para el desajuste de 2019 y de nuevo lo será en 2020, hasta su probable terminación. La creación de este fondo de estabilidad evitará que, en el futuro, los agentes del sistema eléctrico deban financiar nuevos desajustes y que se deba emitir más deuda. “Este es un paso adelante para que los ingresos del sistema eléctrico cubran siempre los costes. Con este fondo se evitará volver al déficit de tarifa, lo que es una gran noticia para pequeños y grandes productores renovables” señala Benjumea.

Medida razonable

Otras fuentes del sector energético señalan que “se trata de una medida razonable, equitativa y que está en línea con el principio de neutralidad tecnológica, de manera que todos los sectores contribuyan por igual a la descarbonización”. Al mismo tiempo, dicen que los hidrocarburos (petróleo y gas) apenas contribuyen actualmente a ella, a pesar de ser causantes de la mayoría de las emisiones de CO2. Hasta ahora la electricidad paga ocho veces más impuestos que el gas y un 50% más impuestos que las gasolinas.

También comentan esas fuentes que la factura de electricidad se ha encarecido por una errónea financiación del coste de las políticas medioambientales asociadas a la transición energética. Actualmente es la quinta factura europea que más cargos e impuestos soporta. Los objetivos de renovables y de eficiencia se fijan en función del consumo final de energía (gasolinas, gas y electricidad). “Es lógico que los costes de renovables históricas más los costes de cogeneración (medida de eficiencia energética) se repartan entre todos los sectores energéticos”, completan.

Por otra parte, recuerdan que entre las recomendaciones del Semestre Europeo, se menciona la necesidad de que España acometa una reforma fiscal para facilitar una economía baja en carbono, internalizando el daño medioambiental, con lo que esta medida supondría un primer paso en esta dirección. En ese sentido, para recibir fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, estos deben estar en línea con esas recomendaciones.

Asimismo, subrayan que la medida está en línea con las que se han adoptado en otros países como Dinamarca, donde se proyecta una reforma fiscal medioambiental basada en el principio polluter pays, consistente en introducir un impuesto sobre las emisiones de CO2. Alemania, por su parte, ha implementado una reforma fiscal donde los combustibles fósiles contribuyen a financiar las energías renovables, reduciendo así la tasa que pagaban todos los consumidores. Francia también ha puesto una tasa al CO2 que grava el carbón, el gas natural y los productos petrolíferos, de forma que las energías pagan impuestos de forma proporcional a las emisiones de CO2 que generan. El dinero recaudado a través de estos impuestos se usa para financiar las renovables.