Este martes se abre el plazo para participar en la primera subasta eléctrica que se celebrará el 26 de enero

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico publicó el sábado la resolución para la primera convocatoria de subastas de energía renovables con el nuevo marco retributivo, que se realizará el 26 de enero de 2021 y cuyo plazo para la entrega de documentación comienza este martes, 15 de diciembre de 2020. La resolución establece un cupo objetivo de 3.000 megavatios (MW), de los cuales al menos 1.000 MW se destinarán a tecnología fotovoltaica y otros 1.000 MW a eólica terrestres, quedando el resto de potencia a subastar sin restricción tecnológica.

Podrán participar en la subasta las instalaciones nuevas o ampliaciones de instalaciones existentes que estén situadas en el sistema eléctrico peninsular y cuyo sistema de almacenamiento, en caso de disponer de él, sea empleado exclusivamente para almacenar la energía producida en la instalación.

El mecanismo establece, con el objetivo de optimizar la integración de renovables en el sistema y maximizar el ahorro para la factura eléctrica, que el precio percibido por las instalaciones se obtenga a partir del precio resultante de la subasta corregido con cierta exposición al mercado. La resolución establece el porcentaje de ajuste de mercado en un 25% para las tecnologías con capacidad de gestión de su nivel de producción y en un 5% para las que no dispongan de dicha capacidad.

El plazo máximo de entrega de la energía comprometida es de 12 años para las tecnologías fotovoltaica, solar termoeléctrica, eólica terrestres y marina e hidroeléctrica y de 15 años para las tecnologías de biomasa, biogás y biolíquidos. Las pujas se realizarán sobre el precio que se exige por la energía producida y el volumen de producto adjudicado a una misma empresa o grupo empresarial no podrá ser superior al 50% del cupo del producto (1.500 MW).

La resolución establece la obligatoriedad de que los participantes en la subasta presenten un plan estratégico con estimaciones de impacto sobre el empleo local y las oportunidades para la cadena de valor industrial local, regional y nacional, así como, en el ámbito de la economía circular, las medidas contempladas en relación con el tratamiento de los equipos al final de su vida útil y el análisis de la huella de carbono durante el ciclo de vida útil de las instalaciones.

Las nuevas subastas culmina, según el ministerio que dirige la vicepresidenta Teresa Ribera, “el proceso normativo para ofrecer un marco estable que atraiga la inversión y fomente la actividad económica en toda la cadena de valor de las energías renovables del país en un escenario de recuperación tras la crisis sanitaria, al tiempo que permite que los consumidores se beneficien de manera directa de las reducciones de costes de generación de estas tecnologías”.

Acceso y conexión

Por otra parte, el ministerio prevé llevar a uno de los dos últimos Consejos de Ministros del año la aprobación del decreto del acceso y conexión a las redes de distribución y transporte de energía eléctrica que se suma a la norma de las nuevas subastas renovables. El nuevo marco de acceso y conexión resulta imprescindible para facilitar el despliegue de energías renovables en la próxima década (60 gigavatios) y el proceso de liberalización del mercado de electricidad, así como la descarbonización. El citado decreto establece los criterios de seguridad y recoge los criterios técnicos de conexión a las redes tanto de los consumidores como de los nuevos generadores que se han ido o se vayan instalando para producir energía renovable.

El decreto pretende actuar como palanca para la recuperación económica, al generar actividad y empleo en el corto y medio plazo, y mejorar la competitividad de la economía española y trasladar a los consumidores los ahorros que supone una mayor penetración de energías renovables en el sistema energético español, al ser la forma de generación más barata en la actualidad, según los objetivos ministeriales.

Según el proyecto del decreto sacado a información pública, el criterio general para el otorgamiento de los derechos de acceso y conexión será la prelación temporal, de manera que se empleará como indicador la fecha de presentación de la solicitud ante el gestor de la red. Si coinciden dos solicitudes en el mismo momento, se empleará como indicador la fecha adecuada de constitución de las garantías económicas. Se establecen tres excepciones al criterio general: las instalaciones adjudicatarias en los posibles concursos de capacidad; la hibridación de las instalaciones con permisos de acceso y conexión solicitados, y las instalaciones con permisos caducados o cuyos promotores hayan renunciado a los mismos.

El proyecto del decreto contemplaba la posibilidad de que, de forma potestativa y mediante orden ministerial, se convoque concursos de capacidad. Estas convocatorias, que no se realizarían mediante subasta, solo se podrán aplicar en nuevos nudos que se introduzcan mediante un nuevo proceso de planificación o aquellos en los que se libere la capacidad instalada. Únicamente podrán participar instalaciones de generación renovable, que pueden incluir además almacenamiento. Para la concesión del derecho, en este caso, se seguirán criterios de mérito que permitan maximizar el volumen de energía renovable, así como criterios temporales asociados a la inyección de energía, primando a las plantas que puedan estar activas antes.