Los cimientos de la recuperación

La crisis económica provocada por la covid-19 ha cogido a España sin los deberes hechos. Al menos en el desarrollo, mantenimiento y rehabilitación de las infraestructuras sociales. La pandemia ha dejado al descubierto el déficit y descuido que tiene el país en hospitales, residencias de mayores, centros educativos, viviendas sociales y otras edificaciones relacionadas con el transporte y la movilidad, necesarias para el bienestar en una comunidad. Las tornas, sin embargo, parece que cambian. El maná de recursos que llegará de la Unión Europea promete revitalizar la obra pública después de más de una década de capa caída.

Lograrlo no será sencillo. Se requiere de una mayor colaboración público-privada y de una adecuada asignación de los recursos, que tendrán que beneficiar sobre todo a aquellos proyectos que contribuyan al cuidado del medioambiente. Esta ha sido una de las conclusiones a las que llegaron diversos expertos en un encuentro organizado por EL PAÍS en colaboración con Acciona. La situación actual es crítica. La inversión pública en el país se encuentra en mínimos históricos (equivalentes a los de 1980), afirmó Julián Núñez, presidente de Seopan, la patronal de las constructoras y concesionarias de infraestructuras. A pesar de una leve recuperación en la contratación pública en 2019, el volumen (9.890 millones de euros) es un 42% inferior al realizado con anterioridad al inicio de la consolidación fiscal en 2010, según un análisis de Seopan.

El fondo de reconstrucción de la Unión Europea, sin embargo, representa una oportunidad para que el país ponga en marcha diversos proyectos que se han quedado en la nevera. “Estamos en un momento clave”, mencionó María Jesús Delgado, profesora e investigadora de la Universidad Rey Juan Carlos. España obtendrá unos 140.000 millones de euros, de los que 72.700 millones corresponden a ayudas directas y el resto serán créditos. De esta suma, unos 10.000 millones de euros irán a temas de infraestructuras, principalmente a movilidad urbana y rehabilitación de viviendas, mencionó Pedro Saura, secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, durante su participación en el evento que se celebró el pasado jueves. “La austeridad a palo seco no es el camino”, dijo el representante del Gobierno.

Pero antes de echar a andar el motor, primero hay que elegir los proyectos. “Pondría el foco en aquellos relacionados con el sector del agua, que tienen una enorme capacidad multiplicadora en la economía, y en el sector hospitalario, que se ha visto castigado en esta crisis sanitaria y que se merece una fuerte inversión”, afirmó Huberto Moreno, consejero delegado de construcción de Acciona. La pandemia ha transformado las prioridades y ha puesto de manifiesto determinadas carencias, señaló Ovidio Turrado, socio responsable del sector de infraestructuras en España en KPMG. “Hay que invertir más en las infraestructuras sociosanitarias y educativas”, agregó. Para Rosa Vidal, socia directora del área de Derecho Público de Broseta, también son prioridad aquellas como los centros de mayores y las relacionadas con la gestión medioambiental. Vidal sobre todo hizo hincapié en que la clave para resarcir ese déficit está en una buena elección de los fondos y en una correcta ejecución de los proyectos. “Tenemos un gran reto por delante”, zanjó.

“La liquidez existe y no podemos perder ese tren. Tenemos que ser capaces de aprovechar esa oportunidad”, subrayó Moreno. En ese sentido, el representante de Seopan desgranó las prioridades. La primera de ellas: cumplir las directivas regionales. “España es el país europeo con más sanciones medioambientales. Tenemos que invertir más de 4.600 millones de euros en depuración [de aguas] y más de 6.500 millones de euros en el tratamiento de residuos”, destacó. Explicó que es importante poner atención en las obras críticas como las carreteras para evitar los accidentes mortales. En el tema sanitario, Núñez indicó que es necesario invertir unos 4.700 millones de euros para reducir a cero la lista de espera y 16.000 millones en mejorar la asistencia sanitaria. En cuanto al transporte público afirmó que se requeriría un gasto de 30.000 millones de euros, principalmente en Metro y Cercanías.

Transporte de mercancías

“Las infraestructuras del transporte tienen un gran aporte al servicio social, debido a que su modernización reduce los gases de efecto invernadero”, añadió Saura, secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. “Necesitamos movilidad porque sin ello el PIB no crece”. Por último, Núñez recalcó que es primordial una reforma en el sistema ferroviario de mercancías, pues su modernización podría dar un buen empuje a la descarbonización de la economía, además el país ganaría competitividad en el transporte terrestre. En España, el 90% de las mercancías se mueve por carretera, cuando la media europea llega al 70%, según el Ministerio de Fomento. Por ferrocarril solo se moviliza cerca de un 5%.

Pero poner en marcha todos estos planes requiere de un trabajo de colaboración sin precedentes entre la administración pública y las empresas, coincidieron todos los invitados al evento. Vidal, del bufete Broseta, resaltó que el Gobierno deberá de actuar con agilidad nunca vista en la asignación de obras y en la distribución de las ayudas. “La administración requiere de algo muy disruptivo, de un cambio radical”, mencionó. De acuerdo con Turrado, de KPMG, la prioridad debe ser complementar esos fondos europeos con proyectos atractivos de colaboración público-privada que sean capaces de atrapar recursos adicionales. “Esto puede servir para cubrir infraestructuras necesarias en ámbitos que pueden quedarse fuera”, subrayó.