La Justicia rechaza la querella de Orcel al Santander por estafa

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la inadmisión a trámite de la querella por presunta falsedad en documento mercantil u oficial y estafa procesal interpuesta por el banquero Andrea Orcel contra el Banco Santander, entidad de la que estuvo a punto de convertirse en número dos. Precisamente la suspensión de su contratación fue lo que originó la querella interpuesta por el banquero italiano.

La decisión, que no afecta a la causa civil, actualmente pendiente de juicio, en la que Orcel reclama 112 millones de euros al banco por cancelar su fichaje, ratifica el criterio del juez instructor, que rechazó admitir a trámite la querella al valorar que los hechos no eran constitutivos de delito.

Según adelantó este lunes El Confidencial, el italiano denunció que el Santander había presentado información falseada —en concreto, varios correos electrónicos y unas actas de la comisión de nombramientos— en su respuesta a la demanda por su no contratación. Sobre estos hechos se pronunció el pasado 11 de febrero el titular del juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, que descartó que los hechos denunciados fueran constitutivos de delito. Una decisión que ha sido recientemente avalada por la sección 15 de la Audiencia Provincial de Madrid, que recuerda que debe ser el juez encargado de la demanda civil quien debe valorar si admite o no dicha documentación.

Hace apenas dos semanas, el tribunal veía el último de los recursos presentados por Orcel, en este caso por la supuesta contradicción del juez instructor, que dio por archivada la causa aun cuando no llegó admitir a trámite la querella. En opinión del banquero, ambas decisiones son “incompatibles y contradictorias”, motivo por el que solicitaba a la Audiencia Provincial que revocase la respuesta del magistrado al recurso de reforma, no en vano “existen claros indicios de delito”.

En esta ocasión, la sala —en un auto al que ha tenido acceso Efe— da la razón parcialmente al italiano, en tanto que “no resulta procedente dictar un auto de sobreseimiento provisional” cuando la querella no fue admitida al no apreciar indicios. No obstante, se opone a entrar a valorar “nuevamente tales hechos como se pretende en el recurso”, con lo que ratifica el cierre definitivo a esta vía. Fuentes del banco no han querido hacer comentarios al respecto.

Sí continúa activo, en cambio, el caso por la demanda de Orcel contra el banco por dar marcha atrás en su contratación como consejero delegado. Después de que la vista previa celebrada el pasado septiembre finalizara sin acuerdo, el juzgado de Primera Instancia número 46 de Madrid fijó para el próximo 10 de marzo el juicio, en el que intervendrá la presidenta de la entidad, Ana Botín.

La disputa entre Orcel y el Santander comenzó en 2019, cuando el italiano demandó al banco por dar marcha atrás a su contratación, anunciada públicamente unos meses antes, lo que le llevó a abandonar su puesto de alta dirección en UBS. El Santander frustró la contratación del banquero tras constatar que tendría que asumir los compromisos de pago del salario diferido de Orcel de siete años, un precio “inaceptable” en palabras de Botín; el banco aclaró además que cuando anunció el fichaje no era posible anticipar el coste final exacto para el grupo.

Sin embargo, Orcel sostiene que el Santander incumplió un preacuerdo en el que se le ofrecía una prima de fichaje de 17 millones y un sueldo similar al del actual consejero delegado, unos 10 millones al año, en tanto que el banco destaca que dicha oferta “nunca se materializó y no es el contrato que exige la ley”. Además, el Santander alega que Orcel aumentó sus pretensiones y expresó la necesidad de compensar una nueva y supuesta pérdida retributiva por su salida de UBS en concepto de la no percepción de dividendos e intereses, que estimaba en unos 3 millones de euros.