130 expertos recomiendan más impuestos verdes y elevar la inversión en trenes de Cercanías

Las expectativas son altas. El Gobierno calcula 1,2 euros de crecimiento por cada euro llegado de Bruselas. Una inyección de alivio de 2,6 puntos extra de PIB para 2021. Pero las previsiones, hasta que se materializan, son castillos en el aire. Y un grupo de más de 130 expertos del mundo académico ha lanzado una batería de propuestas para que de ellos quede mucho más que las ruinas: ven potencial para que España emprenda una nueva modernización a través de la transformación digital y la transición ecológica, las dos grandes líneas maestras sobre las que la UE quiere erigir la reconstrucción.

Entre las recomendaciones, piden al Gobierno que invierta más en trenes de cercanías de las grandes ciudades, en la red de ferrocarriles de mercancías, y en el transporte público eléctrico o de hidrógeno; incentivos a la fabricación de baterías; un plan de ayudas para salvar el sector turístico ante los cierres prolongados causados por el virus; impulsar la formación profesional; construir infraestructuras para digitalizar el mundo rural y darle acceso a la banda ancha para romper su aislamiento; invertir en plantas de tratamiento de desechos y reciclaje; un programa de apoyo a las start-ups; otro para desarrollar la inteligencia artificial, la robótica, la informática de alto rendimiento, las tecnologías cuánticas y el despliegue del 5G.

Así, hasta sumar casi un centenar de medidas con las que buscan dar nuevos bríos al debate público para encontrar respuestas a la pregunta que ya sobrevuela los despachos de políticos, empresarios y sindicatos: ¿dónde gastar el maná comunitario? “El buen uso de los fondos europeos va a ser determinante para el bienestar de las próximas décadas. Va a marcar cómo vamos a salir de esta situación económica tan complicada”, opina José Ignacio Conde-Ruiz, uno de los promotores de la propuesta, subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y profesor de la Universidad Complutense.

Esa especie de lista de la compra para invertir bien los fondos europeos va acompañada de un largo catálogo de reformas que creen necesarias para amplificar su impacto. La fiscal: donde apuestan por elevar los impuestos verdes hasta alcanzar los niveles medios de la UE, ampliar las bases imponibles y revisar las desgravaciones y demás beneficios que permiten reducir la factura. La reforma sanitaria, para convertir a la atención primaria en el eje principal y creando una agencia nacional de salud independiente al estilo del Robert Koch Institut alemán, cuyo trabajo sería identificar los riesgos sanitarios para la población y ofrecer soluciones basadas en la evidencia científica. O la de las Administraciones públicas: rejuveneciendo plantillas, atrayendo talento y desvinculando los cambios de los altos directivos del cambiante ciclo político.

Los firmantes del texto lanzan ideas en una decena de ámbitos: ciencia y tecnología, transporte, medio ambiente, fiscalidad, Administraciones públicas, sanidad, educación, turismo, empleo y mundo rural. Ante la magnitud del reto burocrático por venir, ven necesario crear una oficina que evalúe, gestione y supervise los proyectos.

Bajo la etiqueta de la digitalización, las opciones son prácticamente infinitas. Por ejemplo, en la lucha contra el desempleo, uno de los grandes puntos débiles de la economía —el FMI pronostica una tasa de paro del 16,8% para este año, y España no volverá al nivel de paro previo a la pandemia hasta 2026—. Los expertos ven margen para aplicar soluciones tecnológicas en los servicios de empleo público que faciliten un mejor acople entre ofertas y demandas de trabajo. Y solicitan poner en marcha una base de datos de vacantes laborales fácilmente accesible a parados y empresas.

Alejando el foco de la riada de medidas, creen que la estrategia del Gobierno debe centrarse en construir una economía moderna, eficiente y con una mayor cohesión social. Para esto último, ven necesario corregir múltiples desequilibrios por medio de “la reducción de la pobreza y de las desigualdades económicas, de género, en el acceso a tecnologías digitales, entre generaciones y de oportunidades, avanzando hacia una mayor movilidad social”. Todo ello, advierten, deberá llevarse a cabo sin descuidar la elevada deuda pública, que según el FMI tocará techo este año en el 123% del PIB.