La Audiencia Nacional condena a ocho años al expresidente de Pescanova por manipular las cuentas de la empresa

Siete años después de la inesperada quiebra del gigante pesquero gallego, Pescanova, la Audiencia Nacional ha condenado a su expresidente, Manuel Fernández de Sousa-Faro, a ocho años de cárcel y ha impuesto penas de entre seis meses y tres años y medio de prisión a otros once acusados de la cúpula de la compañía. La Audiencia Nacional considera probado que realizaron prácticas irregulares para obtener financiación bancaria para la empresa y que manipularon las cuentas para captar inversores que acabaron perdiendo su dinero. A través del fraude contable Pescanova generó decenas de miles de facturas falsas gracias a las que conseguía liquidez a corto plazo para invertir en proyectos faraónicos de acuicultura que no lograban despegar para tapar los agujeros generados. Así fue como, en 2013, repentinamente, la compañía, que cotizaba en Bolsa y hasta entonces se presentaba como modelo de gestión, afloró unas pérdidas de en torno a 800 millones y una deuda de 3.600.

A Fernández de Sousa, hijo del fundador de la empresa creada en 1960 y que contaba con 11.000 empleados, el tribunal le impone seis años de cárcel por la comisión de diversos delitos económicos y otros dos por blanqueo de capitales. Por este último delito su esposa, Rosario Andrade Detrell, ha sido condenada a un año de prisión. La sentencia considera probado que cuando trascendió que las cuentas de la sociedad no reflejaban la situación real, el matrimonio Fernández de Sousa-Andrade retiró cuatro millones y medio de euros de sus cuentas en España y los ingresó en entidades bancarias de la localidad portuguesa de Valença do Miño. Asimismo, sostiene que ambos de transferir el dinero a una cuenta previamente abierta en Hong-Kong.

Los hijos del matrimonio han sido absueltos, así como los expertos contratados a partir de 2008 para crear una red de instrumentales para generar un entramado de facturación ficticia. Los antiguos directivos del núcleo duro de la compañía -Antonio Táboas, Joaquín Viña, Alfredo López y Ángel González- han sido condenados a más de tres años de cárcel dada uno,

La sentencia carga contra la auditora BDO, condenada a dos años de multa por haber hecho la vista gorda en las falsedades documentales de la trama empresarial. El tribunal impone una pena de privación de libertad al socio responsable de la auditoría en Pescanova, Santiago Sañé, por un delito de falseamiento de información económica y financiera.

Entre las irregularidades cometidas por la auditora la sentencia destaca que las cifras de compras que figuraban en las cuentas anuales no se correspondían con las enormes cifras de las operaciones financieras" y que, con el fin de ocultar el volumen de deuda que suponía para Pescanova las continuas transacciones con las citadas sociedades instrumentales “se sirvió a final del ejercicio de Novapesca Trading S.L. para cederle las deudas que luego recuperaba a principios del ejercicio siguiente, estando los citados contratos revisados y supervisados por la auditora externa”.

Junto a BDO la Audiencia Nacional ha condenado a la también persona jurídica Pescanova SA a penas de multa y a satisfacer diferentes cantidades en concepto de responsabilidad civil, por las cantidades que acabaron perdiendo algunos de los inversores, que en algunos casos, superan los 51 millones de euros. También deberá indemnizar a Bankia y UBI Banca con 38,8 millones de euros y pagar una “cantidad a determinar en ejecución de sentencia” al portugués Banco Espíritu Santo (BES).

A lo largo de más de 600 páginas, los magistrados detallan cómo en plena crisis económica y de consumo, cuando las marcas blancas se imponían en el mercado español, Pescanova aumentaba aparentemente sus ventas en un 10% y su beneficio en un 20%.

El grupo vigués había iniciado en 2007 un plan de inversiones, por importe de 833,8 millones de euros, para expandir el negocio de la acuiculturas de langostino salmón y rodaballo en Centroamérica, Ecuador y el Cono Sur. Para poder mantener la financiación bancaria de la que la pesquera dependía, Fernández de Sousa y sus hombres de confianza (al frente de los departamentos financiero y administrativo) idearon un mecanismo basado en prácticas irregulares: créditos documentarios, una red de sociedades pantalla y el uso fraudulento de líneas de factoring.

A través del entramado de sociedades instrumentales simulaban compraventa de pescado lo que les permitía contratar pólizas de crédito y líneas de fáctoring con las que conseguían más financiación bancaria. Manipularon las cuentas anuales que presentaban a la CNMV así como los documentos relativos a la financiación para obtener “unos resultados positivos que no se correspondían con la situación real y, que, tras ser oficialmente publicados, permitían captar nuevos inversores y desplazar a la financiación bancaria y sus excesivas comisiones”.

La sentencia detalla cómo la trama creó una red de sociedades, sin aparente vinculación con Pescanova, que emitían facturas falsas y generaban pagarés que le permitían conseguir financiación a corto plazo y el descuento de facturas por ventas inexistentes o duplicadas.

La matriz llegó a utilizar también datos de antiguos clientes o de terceros no clientes “como soportes de otras inexistentes operaciones comerciales, pero aptas y suficientes para conseguir financiación bancaria” así como “operaciones de compensación de activos con pasivos y de deudas con créditos, ordenadas por la matriz a todas las filiales para disminuir la deuda bancaria”.

El importe de las operaciones de factoring reportó a la pesquera 499 millones de euros de los que más de 487 “se correspondían con las operaciones ficticias realizadas directamente por la matriz o a través de alguna filial del Grupo (por ejemplo, Pescafina) con las citadas sociedades instrumentales o utilizando los datos de algunos de los antiguos clientes”.

A ello, añade la sentencia, se sumaron continuos neteos (compensaciones de créditos y deudas) lo que, junto con la ausencia de control por parte del auditor externo, provocó inversiones de personas físicas o jurídicas que acabaron perdiendo grandes sumas de dinero.