La Audiencia culpa a Caixa Galicia de la quiebra de las cajas gallegas

La sala de lo Penal de la Audiencia Nacional afirma en un auto del pasado día 1 que las ayudas públicas que en 2010 recibió la fusión de las cajas gallegas, que ascendieron a 9.000 millones de euros, fueron motivadas por “la situación económica financiera en la que se encontraba Caixa Galicia antes de la fusión”. “CaixaNova nunca habría sido intervenida si no se hubiera visto obligada a fusionarse con Caixa Galicia, dando lugar a NovaCaixaGalicia (NCG)”, añade. La caja, convertida en banco, se vendió en 2013 a Abanca y el Estado perdió 8.000 millones. La operación fue impulsada por la Xunta de Galicia.

Es la primera vez que la Audiencia Nacional entra de lleno a dar su opinión sobre cómo se hizo el proceso de fusión de las cajas de ahorros, que reportó grandes pérdidas para los contribuyentes. Y lo ha hecho de una manera indirecta, pero con una carga de profundidad contra los supervisores del Banco de España y los políticos gallegos que pilotaron esta operación.

La Audiencia aprovecha el auto para dar su opinión sobre la fusión de las cajas gallegas, y concluye que la operación se debió “a la situación económica financiera en la que se encontraba Caixa Galicia, la caja nacida en A Coruña, antes de la fusión. CaixaNova —la entidad alumbrada tras la unión de las cajas de Vigo, Orense y Pontevedra) nunca habría sido intervenida si no se hubiera visto obligada a fusionarse con Caixa Galicia, dando lugar a NCG”.

¿Cómo llega la Audiencia Nacional a la conclusión de que CaixaNova era una entidad sana y que acabó intervenida y vendida a Abanca por los daños que sufrió al unirse a Caixa Galicia? ¿Por qué dice que la entidad fue “obligada”?

Entre los documentos que se aportaron a la causa, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, hay dos de gran importancia. El primero es un documento de la inspección del Banco de España de julio de 2009, meses antes de que se planteara la fusión, que dice que Caixa Vigo “podría vivir por sí sola aunque con dificultades y esfuerzo”. Se decía que sus debilidades eran la exposición al riesgo promotor y el ajustado capital, pero no pedía “cambios en el equipo gestor” porque estaban mejorando el control del riesgo y bajando gastos,

El otro documento aportado sobre CaixaGalicia arrojaba un resultado diferente. Tras analizar los estados financieros a marzo y septiembre de 2009, se concluye: “La justeza de solvencia hace que se considere su perfil de riesgo muy alto, siendo cuestionada su viabilidad como entidad independiente”. Describe la “desafortunada expansión de la caja desde 2005, con una agresiva política de créditos sin reforzar los controles de riesgos y financiándose en los mercados mayoristas”.

Según un tercer informe del supervisor, a final de 2009 se inician los contactos de la fusión. Esta operación fue rechazada por los directivos de CaixaNova, que buscaban una alianza con Caja de Murcia y Cajastur, que estaba formando Liberbank, según fuentes conocedoras de la operación.

Empujón institucional

Sin embargo, en enero de 2010 la Xunta de Galicia encargó un informe a KPMG y afirmó que el estudio concluía que la operación era “viable y solvente”. Con ese informe, instó a los directivos a formar “la gran caja gallega y mantener los centros de decisión en Galicia”. Sin embargo, tiempo después, KPMG afirmó que su informe no era ni una auditoría ni un aval para la fusión. NCG quebró y terminó en manos del banquero venezolano Juan Carlos Escotet, tras pagar 1.003 millones en 2013. El Estado, previamente, había saneado la entidad con 9.000 millones, por lo que los contribuyentes perdieron 8.000 millones en el tercer rescate más costoso de la banca española.

El juzgado central de Instrucción número 5 indicó hace un año que la Audiencia Nacional debía juzgar si había delito en la concesión de un crédito de CaixaNova —la antigua Caixa Vigo, Ourense y Pontevedra—, por 43,16 millones de euros. El FROB, el fondo de rescate, que administró la caja tras su quiebra, envió esta operación a la Fiscalía Anticorrupción por si había algún delito. Pero la Audiencia rechaza investigar ese crédito fallido.

Se pidió juzgar si había habido “administración desleal de gestión fraudulenta o apropiación indebida”, según el auto, al prestar esta cantidad a la sociedad Marina Atlántica para construir un puerto deportivo y una urbanización de lujo en Cangas de Morrazo (Pontevedra). La Audiencia Nacional dice en el auto no ser competente, ya que el posible delito se cometió “integra e indiscutiblemente en Pontevedra” por lo que no tiene ámbito nacional y devuelve el caso a la Audiencia Provincial de Pontevedra. No sin antes explicar que el importe del crédito investigado “no produjo ningún tipo de situación de riesgo para la viabilidad de la extinta caja”.