Bankia, la mayor crisis sin responsables

Resulta imposible que los ciudadanos comprendan la sentencia absolutoria de la Audiencia Nacional sobre Bankia. El desconcierto no se debe a que los medios de comunicación hubieran hecho ya un juicio paralelo condenatorio previo. No, la confusión deriva de que ya existía una fundada idea de la irregular salida a Bolsa de Bankia, que atrapó a 350.000 ahorradores, gracias a dos sentencias del Tribunal Supremo de 2016. Ambas establecieron que “la información económica financiera contable divulgada al público suscriptor resultó inexacta e incorrecta, en aspectos relevantes, primordiales y sustanciales”. Y que “las graves inexactitudes de la información contenida en el folleto” fueron “la causa del error sustancial” sufrido por los compradores. Tras estas sentencias y más de 125.000 reclamaciones Bankia se vio forzada a devolver unos 1.800 millones de euros a los perjudicados.

La alarma había saltado antes, cuando se comprobó que Bankia, que había declarado antes de salir a Bolsa unos beneficios de 300 millones de euros, fue rescatada meses después con 22.400 millones de los contribuyentes.

Las 442 páginas de la sentencia son interesantes porque certifican informaciones importantes. Vemos que, tras la exigencia de más capital por parte de la Autoridad Bancaria Europea, se planteó la disyuntiva entre nacionalizar el grupo, que hubiera exigido 5.775 millones de euros, o captar 3.000 millones de euros en el mercado. Y los directivos y supervisores optaron por esta segunda opción.

Por acudir al mercado entendieron ir a por los confiados ahorradores. Al periódico Wall Street Journal le extrañó que solo un 2% del dinero captado fuera de inversores internacionales mejor informados. Antes el grupo ya se había tragado 6.000 millones de euros de humildes preferentistas.

Para la sentencia, el rápido paso de beneficios a pérdidas se debe a la “impredecibilidad” de la profunda crisis económica de finales de 2011. Se puede aplicar esta característica a la covid -19, pero no a la debacle financiera que había estallado en 2008. En síntesis, los gestores son exculpados porque sus decisiones fueron aprobadas por los supervisores y estos porque confiaron en los auditores. Es decir, no hay responsables.

Los hechos muestran las discrepancias entre los inspectores del Banco de España, que sí alertaron de los riesgos de Bankia con valiosos y rigurosos informes, y sus jefes. Para el abogado José Antonio Ballesteros, “está fuera de lo normal de la práctica jurídica que se conceda más relevancia a los informes de parte que a los de las instituciones, sobre todo si son de reputados inspectores del Banco de España”.

Fernando Zunzunegui, profesor de Derecho del Mercado Financiero, considera que “el punto de partida tendría que haber sido las sentencias del Supremo de 2016”. En su opinión el folleto “tenía que haber destacado en negrita que se trataba de una inversión de alto riesgo destinada a recapitalizar un banco en graves dificultades”. El coste de la falta de transparencia de nuestras instituciones es clamoroso. Urge resolver este déficit en un país con tantas crisis solapadas en las que los perjudicados son los más vulnerables.