La cuestionada fiscalidad de los planes de pensiones

El pasado mes de julio, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) publicaba su estudio Spending Review en el que analizaba 13 incentivos fiscales relativos al IRPF, el IVA y el impuesto de sociedades, con un coste fiscal todos ellos de unos 35.000 millones de euros anuales. Sobre uno, el relativo a los planes de pensiones privados, la Airef proponía su reformulación completa en el marco del Pacto de Toledo, ya que, a su juicio, “no cumplen su principal objetivo, incentivar de forma generalizada el ahorro a largo plazo”.

A lo largo de todo el mes de septiembre, el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, no ha dejado de hablar de pensiones: públicas y privadas. Sobre estas últimas ha dejado caer la posibilidad de una reforma integral sobre su fiscalidad, lo que, en general, se ha entendido como el anuncio de una posible supresión, recorte o rebaja de las ventajas tributarias que actualmente incorporan las aportaciones a los planes de pensiones privados. A saber: hasta un máximo anual de 8.000 euros, el importe de las aportaciones reduce la base imponible (ingresos) de los contribuyentes en el IRPF consiguiéndose así, en función de los tipos impositivos de cada uno, ahorros fiscales de hasta casi 4.000 euros.

Este debate recurrente en torno a la fiscalidad de las pensiones ha empezado a animarse cuando las críticas han arreciado desde el sector financiero, parte del mundo económico, las asociaciones de asesores fiscales o algunos institutos de estudios de reconocido prestigio.

Sin ir más lejos, esta misma semana el Instituto de Estudios Económicos (IEE) publicaba su informe El marco fiscal de los planes de pensiones. La necesidad de fomentar el ahorro para la jubilación. En él, al margen de reclamar seguridad jurídica y estabilidad en el marco normativo de los productos de ahorro a largo plazo, lo que, a su juicio, ha faltado en los últimos años, defienden que “no se deben reducir, sino mantener los incentivos fiscales actualmente existentes en los planes de pensiones en España”. Es más, piden mejoras adicionales, que van desde permitir que las personas con rentas irregulares (especialmente autónomos) puedan distribuir en varios años sus aportaciones —algo así como 40.000 euros en aportaciones en cinco años a distribuir según la marcha del negocio y no con el corsé de los 8.000 euros actuales—, o elevar significativamente los límites de las aportaciones realizadas a favor de los cónyuges sin rentas. Y, sobre todo, desde el IEE abogan por que, al recuperar lo ahorrado en planes de pensiones, los beneficios obtenidos tributen como rendimientos del ahorro generados a más de un año. No, tal y como sucede en la actualidad, que el capital más la rentabilidad tributan íntegramente como rendimientos del trabajo (que pueden llegar a tener tipos impositivos cercanos al 50%).

Lo recogido en este informe resume bien la postura de Ángel Martínez Aldama, presidente de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco), quien cree que suprimir los beneficios fiscales que incorpora la suscripción de planes de pensiones realmente “sería más una decisión política que económica”. Según explica, es cierto que los beneficios fiscales de las aportaciones suman unos 1.600 millones pero también lo es que Hacienda ingresa unos 1.150 millones de euros por el pago de impuestos en los rescates. Añade, además, que los planes de pensiones han demostrado hasta ahora que son un buen instrumento de ahorro a largo plazo: “Más de 400.000 familias recuperan cerca de 4.300 millones al año y, en un momento como el actual de incertidumbre por la pandemia de la covid-19, han permitido que, acogiéndose a la posibilidad de rescate por esta contingencia, hasta agosto 50.000 familias hayan contado con unos 90 millones de euros adicionales”.

En el aire

Sin embargo, en este debate hay más especulaciones que certezas. Tal y como señala Eva Valero, directora del Observatorio de Pensiones de Caser, por el momento “todo es especular sobre un tema que, a día de hoy, está sin definir”. Valero entiende que solo si se llega a producir realmente una reforma en el corto plazo sobre los incentivos fiscales de los planes de pensiones “podrían conocerse las implicaciones que estos cambios tienen”.

En opinión de Carlos Herrera, miembro del Comité de Servicios de la Asociación Española de Asesores y Planificadores Financieros (EFPA), economista y administrador de Globalbrok, “la eliminación de las ventajas fiscales de los planes de pensiones supondría su desaparición si no se aplican otras medidas atractivas para el ahorrador”. A día de hoy, a su juicio, son los mejores productos de ahorro a medio y largo plazo ,ya que obtienen rentabilidades netas (una vez descontadas las comisiones de gestión y de depositario) superiores a los fondos de inversión.

La cuestión es que, en lo que a rentabilidad de los planes de pensiones se refiere, los últimos datos completos (correspondientes al mes de agosto) arrojan más sombras que luces. En los últimos 12 meses, sus rendimientos han sido negativos, salvo para los planes de renta variable (2,4%). De media, han perdido un 0,9% en este periodo; algo más que el -0,48% que, en promedio, cedieron los fondos de inversión en el mismo plazo. Según Eva Valero, “el año está siendo especialmente volátil y aún esperamos que en el último trimestre continúen las oscilaciones pero siempre con una tendencia positiva en cuanto a rentabilidad”.

A su juicio, y al de Carlos Herrera, estas variaciones en los rendimientos son las que hacen “importante ahorrar de forma periódica: nos resultará más fácil por tener interiorizado el ahorro y contaremos con una inversión más estable, suavizando así las oscilaciones del mercado”, explica.