Cómo evitar una recuperación zombi
Un sistema flexible permitiría cerrar sin traumas muchas empresas inviables y usar el dinero para buenos proyectos
Con las expectativas de una recuperación rápida guardadas en el cajón, la política económica de la era Covid se enfrenta ahora a la disyuntiva sobre la duración y la intensidad de los apoyos económicos que se otorgaron durante los primeros momentos de la crisis económica: el apoyo al mantenimiento de los empleos —a través de los ERTE— y el apoyo financiero a las empresas a través de préstamos con garantía oficial. Pese a que muchos beneficiarios de ambos esquemas retomaron su actividad paulatinamente, subsisten un importante grupo de empresas que no han podido todavía despegar su actividad y otras que, habiendo reabierto en los últimos meses, se encuentran con una demanda débil y con el riesgo de nuevos cierres provocados por la segunda oleada del virus.
La situación lleva a la necesidad de realizar un minucioso análisis de las necesidades empresariales, para saber distinguir aquellas empresas viables en el medio y largo plazo de aquellas cuya rentabilidad y capacidad de repago de las deudas están comprometidas, las llamadas “empresas zombis”. Empresas sin beneficios, alto nivel de deuda y baja productividad. Una política económica sana debería llevarnos a dejar de mantener estas empresas inviables: su existencia limita las capacidades de las entidades bancarias para ofrecer préstamos a empresas con perspectivas de crecimiento y, de manera agregada, impactan en la productividad total de la economía al mantener puestos de trabajo poco productivos.
La teoría económica indica que la innovación y el crecimiento económico vienen de la mano de la destrucción creativa schumpeteriana, esto es, que los nuevos negocios vinculados a las nuevas tecnologías desplazarán a las viejas empresas del mercado, incrementando de esta manera la productividad agregada y el crecimiento económico. Así, el impulso que genera la iniciativa Next Generation de la Unión Europea debería estar dirigido a invertir en los sectores que generen nueva actividad económica productiva, y no tanto a sostener la actividad en aquellos sectores que están destinados a terminar desapareciendo.
Pero los condicionantes de la política económica no se rigen sólo por la economía schumpeteriana: la Unión Europea aboga por una transición justa que ofrezca una alternativa a las zonas y sectores afectados por este proceso, como las cuencas mineras, por ejemplo. Estas políticas no siempre son efectivas y en muchas ocasiones, derivan en un sostenimiento de rentas más que en un verdadero programa de renovación y reinversión. El riesgo de que destinemos los recursos del Programa de Recuperación y Resiliencia a sostener artificialmente sectores intensivos en empleo, pero poco productivos, es alto, y debemos evitarlo.
Una buena manera de evitar desperdiciar los fondos públicos en empresas y sectores inviables a largo plazo es estructurar el apoyo a las empresas a través de instrumentos de solvencia —a través de instrumentos de capital o cuasicapital— con una estricta condicionalidad vinculada a planes de reconversión y de modernización. Algunas instituciones de comunidades autónomas están trabajando ya en esta dirección, con perspectivas prometedoras. De esta manera, el apoyo público se dirigirá exclusivamente a aquellas empresas con viabilidad en el medio y largo plazo, y no tanto a sostener empresas y empleos que están, ya, condenados a una reestructuración.
No abandonar
Pero las empresas que se vean abocadas a cerrar —y sus empleos— no deben ser abandonados a su suerte: deberíamos aprovechar para fortalecer nuestras políticas activas de empleo y dedicar más recursos mejor utilizados, en la línea de lo planteado por la evaluación que el año pasado presentó la AIReF.
Al mismo tiempo, se deberían mejorar las facilidades para la apertura de nuevos negocios y promover esquemas de fresh start donde los empresarios no se vean atrapados de por vida por las deudas que puedan dejar, limitando el excesivo recurso bancario al aval personal en la concesión de financiación a las pymes, y revisando los criterios concursales en casos de cierre y reestructuración de empresas, eliminando el carácter de acreedor preferente de las administraciones públicas. Un sistema más flexible permitiría cerrar sin traumas muchas empresas inviables, dedicando los recursos a nuevos proyectos más prometedores.
En conclusión, el reto que tenemos por delante es evitar que la transformación productiva se convierta en un problema social de grandes magnitudes al tiempo que no nos dejamos atrapar por las empresas zombis. Un reto notable.
José Moisés Martín es economista y consultor
