Gobierno y sindicatos acuerdan reunirse para abordar el colapso en las tramitaciones del Ingreso Mínimo Vital

En los próximos días, representantes de los sindicatos CSIF, CC OO y UGT se reunirán con el secretario de Estado de Seguridad Social, Ismael Arroyo, para abordar el colapso en las tramitaciones del Ingreso Mínimo Vital (IMV), según han anunciado responsables de CSIF. En este encuentro, para el que todavía no existe fecha concreta, se pondrá sobre la mesa la demanda de refuerzo del personal de las administraciones que llevan reclamando los sindicatos como respuesta para poder dar abasto con el volumen de trabajo generado desde la puesta en marcha de la IMV el pasado mes de junio.

Para CSIF, el problema en el retraso de las tramitaciones es “estructural”, y se remite a la sucesiva reducción que ha sufrido la plantilla de la Seguridad Social desde 2010, y que este sindicato estima en 23.900 personas (un 21% menos) por las políticas de recorte que se han llevado a cabo desde entonces. Según sus cálculos, para sacar adelante el colapso actual existente en la administración haría falta un refuerzo de personal de más de 6.000 trabajadores.

“El volumen de trabajo es tan grande que el sistema sigue saturado y las plantillas no dan abasto, sobre todo si se tiene en cuenta que se tardan unos 50 minutos en la revisión de un expediente siempre que toda la documentación esté correcta, que no suele ser lo habitual”, señala CSIF. El sindicato también advierte de que los cambios aprobados por el Gobierno en el último Consejo de Ministros para agilizar la gestión del Ingreso Mínimo Vital “llegan tarde y caerán en saco roto si no hay un refuerzo urgente del personal de la Seguridad Social”. El temor de este sindicato es que esta situación de desbordamiento en la que se encuentra la Seguridad Social llegue también a la Tesorería de la Seguridad Social, que se encargará también de reclamar los pagos indebidos de esta prestación.

Solo 86.000 aprobadas

UGT, por su parte, celebra que uno de esos cambios aprobados sea la ampliación del plazo de tramitación del IMV a seis meses, y en el que se contempla que se aplique la retroactividad hasta diciembre, de tal forma que si la solicitud cumple los requisitos, los beneficiarios cobren la prestación con efectos retroactivos a 1 de junio. Otra de las medidas adoptadas tiene que ver con la no denegación de la ayuda “por silencio administrativo”.

Según los datos que maneja este sindicato, de las 900.000 solicitudes presentadas del IMV tan solo han sido tramitadas menos de 330.000 y tan solo se aprobaron 86.000, de las que 75.000 fueron reconocidas de oficio. Mientras 64.000 solicitudes se encuentran suspendidas por no cumplir criterios de vulnerabilidad a 100.000 solicitantes se les ha reclamado documentación; 31.000 han sido anuladas por duplicidad y se aprobaron 86.000, de las que se han reconocido de oficio 75.000, que eran los anteriores perceptores de la prestación familiar.