Competencia investiga la concentración de las funerarias de Mapfre y Santa Lucía

La CMMC analiza si hubo coordinación previa entre las empresas para realizar operaciones conjuntas y si dieron información incorrecta

Cani Fernández, presidenta de la CNMC.
Cani Fernández, presidenta de la CNMC.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha anunciado este lunes que investiga la posible ejecución de varias operaciones de concentración notificables sin contar con la preceptiva autorización previa prevista (lo que se conoce como gun jumping) y la posible coordinación previa entre las empresas partícipes en una de ellas, la acordada entre Funespaña y Albia, filiales de Mapfre y Santa Lucía, y el suministro a la Comisión de información incompleta, incorrecta, engañosa o falsa.

Las prácticas anticompetitivas de las empresas Funespaña y Albia se habrían desarrollado tanto antes como después de la notificación de la operación de concentración a la CNMC, según el comunicado difundido la mañana del lunes por el organismo supervisor, que no ha querido desvelar el nombre de las empresas implicadas. Tampoco las fuentes de estas compañías han querido hacer comentarios.

La operación citada, que fue comunicada al mercado en octubre de 2018 y confirmada en junio del año pasado por sus protagonistas, se encuentra todavía en tramitación y daría lugar a la constitución de la firma líder del sector desplazando del primer puesto a Mémora. Se trata, según señala la CNMC, de la primera inspección que se realiza en el marco del análisis de una concentración económica notificada, motivo por el que ha tenido una alta repercusión, incluso a nivel internacional.

A raíz de la información recabada por la Comisión en el marco de las operaciones que analiza, los días 8 a 10 de septiembre se realizaron inspecciones domiciliarias en las sedes de diversas empresas activas en los mercados de seguro de decesos y de prestación de servicios funerarios. Fuentes del sector, en ese sentido, han manifestado que la investigación también podría afectar a otras entidades por prácticas colusorias.

Estas inspecciones, además, suponen la reactivación de la labor inspectora del organismo, paralizada durante los últimos meses como consecuencia de las restricciones derivadas de la covid-19, durante las que además se ha producido el relevo en la presidencia del organismo, asumida ahora por Cani Fernández. Las inspecciones se han desarrollado de acuerdo con los principios de cautela y protección previstos en la normativa que se dictó específicamente mediante real-decreto y adoptándose las medidas previstas en el artículo 7 de la misma.

“Las inspecciones suponen un paso preliminar en el proceso de investigación de las supuestas conductas anticompetitivas y no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de las empresas inspeccionadas”, subraya el comunicado de la CNMC. Si, como resultado de la inspección se encontrasen indicios de prácticas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia, se procederá a la incoación formal de expediente sancionador.

Los acuerdos constituyen una infracción muy grave de la legislación de competencia, que puede conllevar multas de hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras. La investigación de los cárteles es una de las prioridades de actuación de la CNMC, dada la especial gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores y sobre el correcto funcionamiento de los mercados.

Para ello cuenta, entre otros, con el programa de clemencia, que permite a las empresas que forman parte de un cartel determinado beneficiarse de la exención del pago de la multa, siempre y cuando aporten elementos de prueba que posibiliten a la CNMC su detección, o de una reducción del importe de la multa que pudiera imponérsele, si aporta información con valor añadido significativo, en relación con una investigación ya iniciada por la CNMC.

La CNMC dispone, además, de una plataforma online de colaboración ciudadana para la detección de cárteles. Mediante la misma se puede aportar información anónima sobre eventuales acuerdos secretos entre empresas competidoras para la fijación de precios u otras condiciones comerciales, el reparto de los mercados o de los clientes, o el reparto fraudulento de las licitaciones públicas o privadas.

La integración de Funespaña y Albia se valoró en 322 millones de euros. La operación prevista conlleva el pago en efectivo que sea necesario para ajustar el canje. Una vez aportados los activos de las dos sociedades, Mpafre pasaría a tener el 25% de la nueva entidad y el grupo Santa Lucía, el restante 75%. La compañía contará con la mayor red de tanatorios, crematorios y cementerios privados de la península, así como una plantilla de 1.650 trabajadores y una flota de 750 vehículos.

Esta concentración de poder ya había llevado a la CNMC a poner la lupa. El pasado febrero había decidido meterse a fondo ante los riesgos que podría entrañar para la competencia, ya que entre los dos grupos se acercan a una cuota cercana al 50% del mercado. Sin embargo, quedó paralizado por la pandemia y el subsiguiente estado de alarma.





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