Fondo de recuperación

España recibirá en 2021 hasta 30.000 millones de subsidios de la UE

El grueso de las transferencias se abonará en cinco pagos en los próximos dos años siempre que se demuestre que los proyectos avanzan

A la izquierda, la ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, y la ministra de Economía, Nadia Calviño.
A la izquierda, la ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, y la ministra de Economía, Nadia Calviño.©Jaime Villanueva

El Gobierno empieza a hacer los números sobre los fondos que recibirá de Europa para mitigar la crisis económica del coronavirus. La cifra que logró España asciende a unos 70.000 millones en subsidios hasta 2023. Pero ahora hay que encajar qué cantidad entrará en los Presupuestos de 2021, donde podrían incluirse hasta un máximo de 30.000 millones, según cifras todavía provisionales. El Ejecutivo quiere destinar buena parte a políticas para recolocar parados, transición ecológica, rehabilitación de zonas urbanas deprimidas, digitalización de la Administración o infraestructuras como el Corredor Mediterráneo.

El 70% de las transferencias del fondo de recuperación europeo llegará en cinco pagos antes de finales de 2022. El primer ingreso no reembolsable será de un 10% de los fondos, y se realizará en cuanto Bruselas haya aprobado el plan de inversiones y reformas que el Ministerio de Economía pretende enviar a mediados de octubre. Los siguientes desembolsos se harán a razón de dos por año en 2021 y 2022. Es decir, cuatro pagos —uno por semestre— que podrían llegar a rondar un 15% de los fondos cada uno. Así se distribuirá el grueso de los 59.000 millones en subsidios del Fondo de Recuperación, según explican fuentes gubernamentales sobre las negociaciones en Bruselas.

Además, se añadirán otros 12.000 millones en dos años del programa React EU, una especie de fondos estructurales que gestiona la Comisión por proyectos y de los que se ponen por adelantado hasta un 50%. Aunque todavía se trata de unas estimaciones en estado embrionario porque el reglamento todavía no se ha cerrado, implica que el Gobierno español podría disponer de hasta 30.000 millones para gastar en los Presupuestos de 2021. La cifra es el equivalente a lo que se pagó por prestaciones de paro en el peor año de la anterior crisis. Y supondría duplicar las inversiones: el año pasado el conjunto de las Administraciones dedicó 25.372 millones a inversiones. La central destinó 6.885 millones.

No obstante, esa cantidad de 30.000 millones se trata, en realidad, de un máximo. Para alcanzarla, dependerá de cómo se termine de perfilar el reglamento de los fondos. Por ejemplo, todavía no se ha concretado si el 10% de prefinanciación será sobre el total o sobre el 70% prometido hasta 2022. También será crucial la capacidad del país para poner en marcha los proyectos y cumplir con los plazos. El dinero solo irá llegando conforme se compruebe que las inversiones avanzan. Si no lo hacen, podría suceder que se retengan las transferencias para algunos proyectos. Por todo ello, a estas alturas es muy difícil dar unos números definitivos. Cualquier cálculo es provisional. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya avanzó esta semana que en cualquier caso el techo de gasto de los Presupuestos subiría en una cifra superior a los 20.000 millones gracias a la ayuda europea.

Pagos por cumplimiento

Los recursos del fondo de recuperación europeo se irán dando en función de que se cumplan unos hitos que demuestran que se está trabajando en las inversiones y que, efectivamente, el dinero se gasta. Esos hitos los pactará el Gobierno con la Comisión y serán la única condición necesaria para recibir los fondos. O lo que es lo mismo: pese a todo el ruido creado sobre la condicionalidad macro y la imposición de una reforma laboral o de pensiones, Europa solo exigirá durante dos años que se lleven a cabo las inversiones para estimular la economía. Ese ha sido el pacto de caballeros alcanzado. No se pedirán ajustes hasta que la economía recobre el PIB previo a la pandemia. Y así lo recogen las recomendaciones del Consejo de líderes europeos de junio, que explicitan que España tiene tomar “todas las medidas necesarias” para “sostener la economía y apoyar la consiguiente recuperación”. Y solo “cuando las condiciones lo permitan” tendría que perseguir “una política fiscal prudente”. Otra cosa distinta es que más adelante los vientos puedan cambiar. Una parte del Ejecutivo es consciente de que Zapatero inició un gran estímulo fiscal en 2008, tal y como recomendó el G20 de Pittsburgh liderado por Obama. Y, sin embargo, dos años después se produjo un bandazo en Europa, la sostenibilidad de la deuda se convirtió de la noche a la mañana en la principal preocupación, y entonces fue el propio Obama quien llamó a Zapatero para pedirle los ajustes.

El reto de gastar estos fondos en unos plazos tan cortos es ingente, admiten fuentes gubernamentales. Hasta tal punto son conscientes de ello que la vicepresidenta Nadia Calviño pidió a su equipo que empezase a trabajar en el plan de inversiones a principios de abril, en plena vorágine legislativa por el confinamiento.

El Plan E de Zapatero se diseñó al principio de la anterior crisis para gastarlo rápido dando trabajo a parados de la construcción. Ahora se podrá gastar con algo más de tiempo. Aunque el grueso de los fondos se comprometa en los dos primeros años, Europa podría permitir hasta seis años para ejecutar el desembolso. Aun así, hay que asegurarse de que se destinan a proyectos tractores que generen empleo y aumenten la capacidad de crecimiento económico. La tarea no es fácil. De hecho, en los últimos años la capacidad de absorber fondos estructurales ha sido baja. Y algunos de los proyectos que hay que poner en marcha son complejos y no tienen la misma dinámica que las inversiones en infraestructuras a las que están acostumbrados los funcionarios. En claro contraste con los fondos estructurales, en los que el Estado tenía que financiar a pulmón y el dinero entraba mucho más tarde, la ventaja ahora es que los recursos se ingresarán antes.

Los ministerios están recibiendo miles de propuestas de inversiones. Y la labor de criba, coordinada por Economía, está ya en marcha para intentar tenerlo todo listo a mediados de octubre. El modelo sobre el que se trabaja es la Agenda del Cambio, un documento que elaboró el ministerio con las reformas que a su juicio necesita la economía española. El presidente Sánchez lo resumió en cuatro ejes: digitalización, transición ecológica, igualdad de género y cohesión territorial y social.

Recolocar parados

En esa Agenda del Cambio figura, por ejemplo, la mochila austriaca, una cuenta del trabajador en la que la empresa abonaría una parte del despido por adelantado y el asalariado podría llevarse este dinero a otro empleo, a su jubilación o usarlo al ser despedido. Con los fondos europeos podría financiarse la transición a este sistema. Sin embargo, se ha decidido descartar una reforma que tensaría la coalición con Podemos. Se considera que es mejor gastarlo en reformar las llamadas políticas activas de empleo, que están diseñadas para recolocar a parados pero que en España no han funcionado como deberían.

Según fuentes gubernamentales, solo la ley de cambio climático que prepara el departamento de Teresa Ribera contempla numerosas inversiones que podrían llevarse hasta un tercio del dinero europeo: instalación de renovables, iniciativas de rehabilitación y eficiencia energética, proyectos de hidrógeno, apoyo a la movilidad eléctrica y puntos de recarga, almacenamiento energético...

Otro capítulo al que se dedicarán recursos es la digitalización de los servicios públicos de empleo, cuya capacidad quedó en evidencia cuando tuvo que gestionar la avalancha de ERTE. O la modernización de la Justicia. El plan de vivienda y las rehabilitaciones de barriadas deprimidas serán muy importantes. El Gobierno pone como ejemplo las remodelaciones hechas con colaboración público-privada en Barakaldo. Ese es el modelo que se querría implantar de manera masiva y que tiraría del empleo. En cuanto a las infraestructuras, se primará la opción de movilidad más eficiente y ecológica para cada punto. Y se dará un nuevo impulso a proyectos como el Corredor Mediterráneo. También obtendrán recursos la economía de los cuidados de mayores y discapacitados. el fortalecimiento de la capacidad sanitaria o las políticas de agua, formación, investigación e I+D.

En todo caso, semejante cantidad de inversiones necesita de un marco presupuestario que las acomode. La aprobación de los Presupuestos de 2021 es esencial. Fuentes del Gobierno admiten que se confeccionarán unos muy similares a los que se frustraron de 2019 pero añadiendo las inversiones financiadas por Europa. Esas cuentas de 2019 no daban mucho margen para inversiones, conceden. Pero el dinero europeo cambia todo el escenario. Y las subidas de impuestos serán las mismas que se pactaron con Podemos, si bien algunas podrían caer al negociarse con otras formaciones. No obstante, los expertos recuerdan que estos fondos no sirven para tapar el agujero estructural que hay en las cuentas públicas y que en algún momento habrá que abordar.

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