Dos décadas de gobierno corporativo

Cómo hemos cambiado fue un gran éxito del grupo musical de los años 90 Presuntos Implicados, pero también puede resumir lo que ha sucedido en España en los últimos 20 años en materia de gobierno corporativo. 2003 fue el año en el que la Comisión Especial para el Fomento de la Transparencia y la Seguridad en los Mercados Financieros y las Sociedades Cotizadas, presidida por Enrique de Aldama y Miñón, publicó un Código de Buen Gobierno orientado a la mejora de la transparencia y seguridad en los mercados. Ahora nos parece lejano, pero cabe destacar como una de sus principales aportaciones, la recomendación de elaborar un Informe Anual de Gobierno Corporativo (IAGC) como instrumento de transparencia homogéneo y comparable de las prácticas de gobierno corporativo de las sociedades españolas. Le siguió en 2006 el denominado Código Conthe, que se centró en armonizar y actualizar las recomendaciones anteriores de Olivencia (1998) y Aldama.

La caída de Lehman Brothers en 2008 y la crisis financiera tuvieron un importante impacto en el mercado español. Así, se incrementó el activismo de los inversores institucionales extranjeros en materia de gobierno corporativo y las compañías comenzaron a tomar conciencia de la importancia de hacer engagement con estos inversores. Por otro lado, se reforzaron las recomendaciones de ejercicio responsable del derecho de voto por parte de los fondos de inversión y fondos de pensiones en las juntas en España. Como consecuencia de lo anterior, se registró un aumento en el nivel de influencia de los asesores de voto (Proxy Advisors), cuyo origen se sitúa en EE UU, cuna del activismo accionarial.

Así llegamos al año 2013, cuando el Gobierno puso en marcha el Plan Nacional de Reformas con el fin de ampliar el actual marco del buen gobierno corporativo en España para situarlo al más alto nivel de cumplimiento de los principios internacionales de buen gobierno. En este sentido, en mayo de 2013, se creó una comisión de expertos en materia de gobierno corporativo para proponer iniciativas y reformas normativas en el marco del buen gobierno de las empresas y para prestar apoyo y asesoramiento a la CNMV en la modificación del mencionado Código. Como resultado de su trabajo, esta comisión propuso una serie de cambios a ser introducidos, tanto en el ordenamiento jurídico español como en el Código Unificado de Buen Gobierno del año 2006. Algunas de las novedades que se plantearon introducir en el marco normativo fue el nombramiento de un consejero coordinador en aquellas sociedades donde el presidente y el consejero delegado sean la misma persona, o las políticas de responsabilidad social corporativa como una facultad indelegable del Consejo. Por otro lado, cabe mencionar la inclusión en aquel código de que al menos un 30% de los miembros del consejo sean mujeres antes del año 2020.

En diciembre de 2014 se publicó la Ley 31/2014, por la que se modificaba la Ley de Sociedades de Capital para la mejora de gobierno corporativo. La norma pretendía modernizar y mejorar la gobernanza de las sociedades, incluyendo cambios sobre su régimen jurídico, dando más protagonismo a la junta de accionistas en las decisiones empresariales e introduciendo controles más estrictos de las remuneraciones de los directivos, regulando la responsabilidad por su gestión, entre otras materias.

En enero de 2018, la CNMV sometió a consulta pública una nueva propuesta de circular modificando los modelos del Informe Anual de Gobierno Corporativo y del Informe Anual de Remuneraciones de los consejeros. Esta propuesta tenía como objetivos fundamentales: introducir los nuevos contenidos exigidos en el Real Decreto-ley 18/2017 en materia de diversidad, permitir de manera voluntaria la utilización de formatos de libre diseño tanto para el Informe Anual de Gobierno Corporativo como para el Informe Anual de Retribuciones, y realizar ajustes técnicos a fin de simplificar o de eliminar algunos apartados que habían perdido relevancia en el contexto actual e introducir o desarrollar otros que resultan relevantes para comprender el sistema de gobierno corporativo de las entidades emisoras y la retribución de los consejeros.

El comienzo del año 2020 ha estado marcado sin lugar a dudas por la crisis de la covid-19 y su impacto en el desarrollo y funcionamiento de las juntas de accionistas de las sociedades cotizadas españolas. En marzo de 2020, la CNMV emitió un comunicado precisando algunos aspectos organizativos de las juntas que las hiciera compatibles con las restricciones de movilidad y limitaciones de las reuniones de personas que empezaban a imponerse. Tras la declaración del estado de alarma, el Gobierno publicó el Real Decreto-Ley 8/2020 que, entre otras cuestiones, extendió el plazo para la celebración de la junta general ordinaria dentro de los 10 primeros meses del ejercicio, autorizaba la asistencia a la junta por medios telemáticos, el voto a distancia y flexibilizaba significativamente los requisitos relativos al lugar de celebración independientemente de las previsiones estatutarias al respecto.

Tras más de cinco años de vigencia del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, la CNMV aprobó el pasado 26 de junio la modificación al texto de 20 de las 64 recomendaciones contenidas en el citado código. Esta reforma ha girado en torno a el refuerzo de las funciones de la comisión de auditoría, poniendo especial énfasis en la importancia de la información no financiera y la gestión de los riesgos reputacionales, diversos ajustes para dotar al de mayor empaque al concepto ESG (Enviromental, Social & Governance), fomento de la presencia de las mujeres en los consejos de administración y la alta dirección, y clarificación de algunos aspectos relacionados con la remuneración de los consejeros.

Por último, el pasado 15 de julio de 2020 el Consejo de Ministros ha aprobado para su remisión a las Cortes Generales el proyecto de ley de Fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas de sociedades cotizadas, que modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. La nueva norma permitirá que las empresas tengan un mayor acceso a la financiación de los mercados, puedan crecer de manera más sostenible, crear empleo de calidad y aportar mayor valor a la economía. El objeto de esta reforma es la transposición de la Directiva (UE) 2017/828 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas para intentar cambiar el perfil de los inversores, de cortoplacistas a larga duración. Con esta iniciativa, se pretende conseguir que las inversiones sean más estables y que los accionistas estén más involucrados en la sociedad. Asimismo, se pretende mejorar el buen gobierno corporativo de las sociedades cotizadas en la Unión Europea y aumentar sus posibilidades de financiación en el largo plazo. Entre las medidas que recoge figura el derecho de las cotizadas a identificar a los accionistas para facilitar su participación activa y su implicación en el desarrollo de la sociedad. Igualmente, se obliga a las instituciones de inversión colectiva (IIC) a hacer pública su estrategia de inversión en las sociedades cotizadas, y se regula con mayor detalle el contenido que tiene que incluir la política de remuneración de los miembros del consejo de administración. Asimismo, se incrementa la transparencia de las operaciones vinculadas que pudieran dar lugar a conflictos de intereses y se incorporan otras medidas orientadas a mejorar la competitividad de los mercados de valores.

En definitiva, en estos 20 últimos años hemos asistido en España a una proliferación de iniciativas relacionadas con las buenas prácticas en materia de gobierno corporativo impulsadas por el regulador y la presión de diversos actores del mercado, que han ayudado a que las compañías cotizadas españolas estén cada vez más alineadas con los estándares internacionales de gobierno corporativo exigidos en los mercados de capitales más avanzados.

Carlos Sáez Gallego es el responsable de Georgeson en España