El Tribunal de Cuentas exige resarcir a la Seguridad Social por 100.000 millones de gastos impropios
El auditor estima el importe que asumió el instituto público en sanidad y complementos a mínimos desde los 90
La Seguridad Social precisa de ayuda para poder pagar las pensiones. Desde hace tres años, el Estado le presta miles de millones cada año para que pueda atender esta obligación. Pero no siempre ha sido así. De hecho, durante mucho tiempo fue al revés: se recurrió a las cotizaciones sociales para atender gasto que no le correspondía al instituto público. El Tribunal de Cuentas ha estimado que esa factura ascendería a 103.690 millones por el periodo comprendido entre 1989 y 2013. El auditor pide que se compense a la Seguridad Social, a la que, por su parte, le calcula una deuda con el Estado de 50.273 millones hasta 2018.
Las fuentes de financiación de las prestaciones que atiende la Seguridad Social están separadas desde 2013. Esto supone que las pensiones contributivas –aquellas que recibe quien ha cotizado para ello- se pagan con lo recaudado por cotizaciones y las demás con transferencias de Hacienda al instituto público. Pero hasta entonces el departamento que ahora dirige José Luis Escrivá estuvo asumiendo gasto impropio. No es que no se cumpliera la ley: el Tribunal de Cuentas deja claro que se cumplió. Pero también señala que no se respetaron las declaraciones de separación de fuentes que han aparecido en los presupuestos desde 1989 y se consagraron en la primera edición del Pacto de Toledo, en 1995.
Las deudas entre el Estado
y la Seguridad Social
En millones de euros
Estimación de los costes del Estado asumidos
por la Seguridad Social
Obligaciones contraídas por la Seg. Social a
favor de la Administración General del Estado
Préstamos del Estado a la Seguridad Social
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
1989
93
97
01
05
09
13
17
18
Fuente: Tribunal de Cuentas
EL PAÍS
Las deudas entre el Estado
y la Seguridad Social
En millones de euros
Estimación de los costes del Estado asumidos
por la Seguridad Social
Obligaciones contraídas por la Seg. Social a
favor de la Administración General del Estado
Préstamos del Estado a la Seguridad Social
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
1989
93
97
01
05
09
13
17
18
Fuente: Tribunal de Cuentas
EL PAÍS
Las deudas entre el Estado y la Seguridad Social
En millones de euros
Estimación de los costes del Estado asumidos por la Seguridad Social
Obligaciones contraídas por la Seguridad Social a favor de la Administración General del Estado
Préstamos del Estado a la Seguridad Social
100.000
80.000
60.000
40.000
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0
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Fuente: Tribunal de Cuentas
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Esto lleva al Tribunal de Cuentas a afirmar en su Informe de fiscalización sobre la evolución económico-financiera de la Seguridad Social a 31 de diciembre de 2018: “La demora en la asunción por el Estado de la totalidad de sus compromisos ha causado un serio perjuicio al sistema [por la Seguridad Social], puesto que ha tenido que soportar con cargo a sus recursos (fundamentalmente cotizaciones sociales) la parte del coste no asumido por el Estado, siendo esta una de las causas fundamentales de la situación de endeudamiento y de las tensiones de liquidez que han afectado y afectan actualmente a la Seguridad Social”.
Dos partidas de gasto
Ese coste se refiere exclusivamente a dos partidas: el gasto sanitario y el complemento a las pensiones mínimas. Durante muchos años, la Seguridad Social y la sanidad pública mantuvieron una relación muy estrecha, algo que aún está presente en el lenguaje popular. Tanto era así que hasta 1998 la Seguridad Social estuvo asumiendo parte del gasto sanitario. En total, el fiscalizador de las cuentas públicas calcula que entre 1989 y 1998 el desembolso ascendió a 31.828 millones.
Los complementos a las pensiones mínimas son la otra partida que contempla el Tribunal. Cuando alguien se jubila con derecho a una prestación contributiva por haber cotizado el tiempo necesario (15 años), puede que la paga que le corresponde quede por debajo del umbral mínimo. Esto se debe a que las bases sobre que se pagaban las cuotas eran bajas. Entonces, el Estado se hace cargo de lo que falta hasta llegar a la pensión mínima. Esto supone un coste anual para las arcas públicas de más de 7.000 millones, que la Seguridad Social asumió parcialmente hasta 2013. Y lo hizo pese a que en la reforma de pensiones de 1997, que tuvo su origen en las primeras recomendaciones del Pacto de Toledo, este gasto se consideró no contributivo. El Tribunal de Cuentas estima en casi 72.000 millones el coste.
Entre ambas partidas se llega a esa suma de 103.690 millones, una cantidad que este año daría para pagar más de 10 nóminas mensuales de pensiones. Nada dice el informe sobre si se computan intereses, pero es evidente que no lo hace. Además, la factura podría crecer si, como alegó uno de los antiguos altos cargos de la Seguridad Social durante la elaboración del informe, el auditor hubiera tenido en cuenta las cotizaciones que dejaron de ingresarse por medidas de estímulo del empleo durante la crisis pasada, como la tarifa plana de los autónomos o los descuentos en las cuotas de los nuevos contratados, también las políticas de ayuda a la natalidad como la prestación de paternidad o maternidad. Precisamente este asunto es uno de los que se abordan en el Pacto de Toledo como una forma de profundizar en la separación de fuentes de financiación en sus nuevas recomendaciones.
El Tribunal de Cuentas completa sus números con los préstamos que el instituto público ha necesitado para hacer frente a sus obligaciones en los dos periodos que los ha precisado: en los noventa, cuando mientras asumía esos costes impropios, precisó de 31.828 millones en créditos para afrontar gasto sanitario; y lo sucedido en 2017 y 2018, cuando el Estado ha prestado 24.000 millones a la Seguridad Social para pagar las pensiones contributivas porque las cotizaciones no han llegado. Esta última cantidad ha continuado creciendo en 2019 y 2020.
“Liquidación efectiva”
Esto lleva al auditor a aconsejar al Gobierno “que proceda a efectuar la liquidación efectiva de los gastos no contributivos que fueron asumidos por la Seguridad Social con cargo a sus recursos, consiguiendo de facto la efectiva separación de las fuentes de financiación recogida en el Pacto de Toledo”. Para ello, recomienda antes precisar las cantidades porque advierte de que sus cifras son estimaciones.
Este informe llega mientras el Congreso, en la comisión del Pacto de Toledo, sigue negociando las nuevas recomendaciones que guíen la siguiente reforma de pensiones. Con él, el Tribunal de Cuentas reclama que se clarifique la situación patrimonial de la Seguridad Social resolviendo la situación de estos préstamos y señalando la vía para hacerlo. Y, al mismo tiempo, reitera una de las cuestiones que ya ha pedido en otras ocasiones, que el Estado cubra el desfase entre gastos e ingresos del sistema de pensiones a través de transferencias y no con préstamos. Esto también es una reivindicación sindical y otro de los asuntos que están en los borradores de los consejos del Pacto de Toledo.
Reforma urgente para salvar las pensiones
El Tribunal de Cuentas reclama una reforma rápida del sistema de pensiones porque “adolece de un problema de sostenibilidad financiera de carácter estructural como consecuencia directa de la actual configuración de su modalidad de protección contributiva y como consecuencia directa de la evolución demográfica y socio-económica”, asegura, en línea con lo que han señalado instituciones como la Airef o la OCDE. El informe reclama “de manera urgente las reformas necesarias” porque, de lo contrario, “peligrarían la viabilidad y la sostenibilidad financiera del sistema”, alerta.
La reforma podría consistir en que el Estado no siga recurriendo a créditos para sufragar el déficit y que lo haga con transferencias y no con préstamos, algo que ya ha pedido el Tribunal en ocasiones anteriores. Se trata de una reivindicación sindical y un punto presente en los borradores del Pacto de Toledo.
