‘Green Deal’ de ciudades

El plan de reconstrucción europeo sigue su curso, aunque como era previsible con dificultades. Alemania lidera el plan y eso aumenta las probabilidades de éxito. Ahora el problema es encajar las piezas del puzle para evitar los vetos de países, la mayor dificultad siempre en proyectos europeos.

Para España el plan será clave en los próximos años, igual que lo fueron los fondos de cohesión y estructurales en los años noventa. España fue el país que más fondos recibió, por tamaño de población y bajo nivel de renta por habitante pero también por eficacia en la aprobación y ejecución de proyectos.

Aquellos fondos estaban destinados a desarrollo de infraestructuras y a poner hormigón. España tenía un atraso crónico de infraestructuras con Europa durante el franquismo y gracias a esos fondos europeos y la buena gestión de nuestro país se cerró esa brecha.

El Green Deal realmente es un plan de política industrial y tecnológica que se diseñó antes de la pandemia y de la crisis. Europa reconoce la superioridad tecnológica de China en sostenibilidad y digitalización y diseña inversiones público privadas para recortar esa distancia. La crisis económica provocada por la pandemia lo hace más necesario aún ya que además de industria y tecnología, el plan creará mucho empleo. En la Cátedra Orfin de la Universidad de Alcalá estimamos que en España el plan podría crear más de 200.000 empleos anuales en los próximos cuatro años.

Para desarrollo de infraestructuras era clave la implicación del Gobierno central y de las comunidades autónomas. Ahora ambas están inmersas en una grave crisis fiscal, unos por el déficit del sistema de pensiones y las otras por el crecimiento del gasto en sanidad. Ambos provocados por el proceso de envejecimiento de la población.

El mayor polo de atracción de inversiones en el mundo en la próxima década serán las ciudades. Y se concentrarán en soluciones de sostenibilidad, movilidad y digitalización, los mismos que el Green Deal. La regla de gasto de los ayuntamientos fue excesivamente restrictiva en el último lustro pero gracias a ella hoy tienen sus cuentas saneadas y han reducido la deuda neta a sus mínimos históricos.

La Federación de Municipios debería coordinar a ayuntamientos y diputaciones, clave para las zonas despobladas, y crear una oficina de proyectos que puedan recibir los nuevos fondos europeos. Deberían tener interlocución directa con la Oficina de Representación Permanente en Bruselas y con la Comisión Europea.

Además sería necesario revisar la nueva ley nueva de Contratos Públicos. La ley se aprobó en medio de la pandemia de corrupción tras la burbuja inmobiliaria y supone que todos los políticos y funcionarios públicos son corruptos. El resultado es una burocracia paralizante que, de no cambiarse urgentemente, limitará significativamente el desarrollo de proyectos con fondos europeos que tendrán una limitación en el tiempo. La burocracia no permitirá la ejecución rápida de proyectos desde enero del próximo año y reducir la inmoral tasa de paro que de nuevo volverá a tener España, especialmente de nuestros jóvenes.