El Estado paga 269 millones a CaixaBank, Abanca y al Fondo de Garantía por la crisis de las cajas

La crisis de las cajas de ahorros sigue provocando pérdidas al Estado. Aunque casi ha pasado una década desde que estallaron las quiebras más importantes, la Autoridad de Resolución Ejecutiva (FROB, por las siglas que tenía anteriormente el organismo), todavía sigue realizando pagos a los bancos que compraron las cajas con garantías del Estado.

En la Memoria de Actividades hecha pública este lunes, el organimo presidido por Jaime Ponce explica que en 2019 ha realizado pagos a CaixaBank, por la pérdidas del Banco de Valencia, a Abanca, por las de NovaGaliciaBanco, al Fondo de Garantía de Depósitos y al Tesoro, por los préstamos recibidos para rescatar al sector. En total, son 285 millones, si bien recibió ingresos, por lo que el saldo neto es de 269 millones pagados en 2019.

El año pasado los pagos más relevantes fueron a a Caixabank. Además de los 93 millones de euros que, a 31 de diciembre de 2019, el FROB había abonado este banco por la garantía del EPA (los créditos garantizados) del Banco de Valencia, . en junio de 2020 le pagará otros 20 millones más por este concepto, y le cobrará tres millones por las comisiones cobradas. En total, CaixaBank recibirá 110 millones netos, según la Memoria del FROB.

El 30 de octubre y el 11 de diciembre de 2019, el FROB abonó 25 millones de euros al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) “correspondientes a liquidaciones relacionadas con la venta de las acciones de NCG Banco y de Catalunya Banc [15 y 10 millones de euros respectivamente]”.

Además, el 24 de diciembre de 2019, el FROB abonó a Abanca 106 millones “en concepto de garantías concedidas en el marco de la compraventa de NCG Banco”, apunta el FROB.

Por último, el FROB ha abonado al Tesoro un importe de 97,8 millones “en concepto de interés, comisiones de apertura y otros gastos asociados al préstamo que el Tesoro concedió al FROB en 2012 y 2013 para canalizar los fondos obtenidos por España procedentes del MEDE [el mecanismo europeo de estabilidad] hasta las entidades receptoras de ayudas públicas”.

Por otro lado, el FROB ha recibido, durante todo el ejercicio, los pagos correspondientes a los cupones de los activos de la cartera de deuda pública. Estos importes ascendieron a cerca de 16 millones de euros. El FROB ha llevada una veintena de casos a la Fiscalía Anticorrupción por las irregularidades encontradas en las entidades nacionalizadas y, hasta ahora, ha recuperado 20,3 millones por las indemnizaciones recibidas.

El organismo público explica que, a 31 de diciembre de 2019, el importe de la tesorería no comprometida del FROB ascendía a 824 millones, “importe suficiente para atender las salidas de flujos estimadas en el corto plazo”.

Con estos pagos, el FROB sigue en pérdidas, pero ha logrado rebajarlas significativamente, al dejarse 282 millones en el 2019, frente a los números rojos de 905 millones del ejercicio anterior. Esto supone un recorte del 70%. Su principal activo es su participación en Bankia, donde mantiene un 61,80% del capital.

Más de mil reclamaciones pendientes

Además de las facturas pendientes que siguen aflorando por la crisis de las cajas, el FROB informa de que la quiebra y posterior intervención de Banco Popular, justo ahora hace tres años, provocará que se enfrente a muchas demandas de todo tipo. Por primera vez las detalla y dice que “continúan suspendidos los 262 recursos contencioso-administrativos admitidos por la Audiencia Nacional, en espera de que recaiga resolución definitiva en los recursos de anulación formulados contra la Decisión de la JUR”, el organismo europeo que tomó la decisión. Todas estas reclamaciones “penden en el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE)”, cuya sentencia no se ha producido.

Por otro lado, el FROB afirma que “es destacable el elevado número de solicitudes” [hasta el momento se han cuantificado 1.070] de inicio de procedimientos de responsabilidad patrimonial que ha recibido en relación con su actuación ante la resolución de la JUR sobre Banco Popular. “A través de estas reclamaciones y de otras similares presentadas ante otras autoridades (Ministerio de Economía y Empresa, Banco de España y CNMV), los titulares de acciones de Banco Popular que perdieron su inversión con ocasión del proceso de resolución de la entidad tratan de obtener una indemnización por entender que la Administración ha incurrido en responsabilidad patrimonial. A fecha de redacción de esta memoria se siguen instruyendo estos expedientes habiendo sido resueltas un total de 299 solicitudes”, explica el organismo.

Todas las peticiones han caído en saco roto, ya que han sido desistidas o inadmitidas, por defectos formales: primero se examinan los requisitos de forma, y si no se cumplen o no se subsanan bien, se archiva por falta de cumplimiento, según fuentes de este organismo.

Ninguna se ha resuelto aún por cuestiones de fondo, auque el FROB no se considera responsable patrimonial ante los accionistas o bonistas que perdieron su dinero con la caída del banco hace tres años.