Una compleja tarea para Cani Fernández

El Gobierno quiere llevar por la vía rápida el relevo en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Está previsto que el jueves la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados someta a examen de idoneidad a los cinco candidatos: Cani Fernández, para presidenta; Ángel Torres, vicepresidente, y Pilar Cuesta, Carlos Aguilar y Josep Sala i Prat, para vocales. Los tres primeros son próximos al PSOE, Aguilar es de En Comú Podem y Sala, de ERC. Es decir, el Gobierno ha excluido de la renovación al PP, que ha calificado la actuación de “cortijada” y votará en contra, al igual que Vox; pero no parece que los aspirantes vayan a tener problemas para pasar la prueba, que requiere mayoría absoluta. Si superan el trámite, el próximo Consejo de Ministros puede ratificar los nombramientos y Cani Fernández comenzará una nueva etapa en el regulador con varios desafíos por delante, algunos de calado. Si no, los grupos opositores tendrán un mes para hacer un informe razonado.

El primer desafío del tándem Fernández-Torres será pacificar el organismo. El enfrentamiento del anterior equipo –José María Marín Quemada como presidente y María Fernández como vicepresidenta– estalló desde el origen. El carácter conciliador de Marín contribuyó a que la institución no saltara por los aires. Los recién llegados tienen ahora el reto de entenderse bien, y además demostrarlo, para despejar todos los fantasmas del pasado. Aunque se repite la historia (una viene de La Moncloa y el otro de la órbita ministerial), los dos tienen en común la cercanía de la vicepresidenta Nadia Calviño (cosa que no ocurrió entonces). La pega es que Cani Fernández se puede ver obligada a inhibirse en temas que haya defendido en su larga etapa como abogada del bufete Cuatrecasas, del que salió en febrero para integrarse en el equipo de La Moncloa, e incluso con asuntos que le pueden afectar por su marido (Jorge Padilla), que trabaja en la consultora Compass Lexecon, especializada en temas de competencia.

Es parte de la munición que prepara el PP, que además se pregunta la razón de las prisas que le han entrado al Gobierno para abordar el cambio en pleno estado de alarma. Hay quien las busca en las tareas que la CNMC tiene que acometer a corto plazo. El nuevo equipo tiene que transponer las directivas ECN+, que refuerza la independencia de las autoridades de competencia y homologa las normas en la UE, y Whistleblower (o de los chivatos), de protección al denunciante. Además, tendrá que controlar las ayudas públicas concedidas durante la pandemia para evitar que los acuerdos entre empresas se conviertan en carteles, y analizar las más de 500 denuncias contra funerarias por la gestión de fallecimientos por la covid-19, así como contra aseguradoras, y la investigación abierta para analizar posibles abusos en créditos del ICO.

El panorama no se presenta sencillo. Con casi una veintena de expediente abiertos, tiene que decidir el proceso de liberalización del transporte ferroviario, que empieza el próximo diciembre; desarrollar la reglamentación de las circulares energéticas y que, en el caso del gas, mantiene abierta una batalla legal llena de demandas y devoluciones; tramitar el expediente a Correos por supuestos descuentos a grandes clientes; gestionar la multa de 77 millones impuesta por duopolio a Atresmedia y Mediaset, caso para el que ha trabajado Fernández; determinar en qué zonas debe alquilar Telefónica su red de fibra óptica a la competencia y analizar, al cumplirse los tres años de la operación, el expediente de vigilancia de la compra de Sogecable por dicha empresa. A ello se unen las condiciones de venta de los operadores de los derechos de retransmisión del fútbol, una verdadera patata caliente. La CNMC, adicionalmente, ha pedido al Gobierno más autoridad para inspeccionar a los grandes transportistas energéticos (Red Eléctrica, CLH y Enagás) para que no acometan inversiones en el extranjero que pudieran poner en peligro su solvencia.

Broncas y sobresaltos

El conflicto con el PP es el último de una corta historia repleta de broncas y sobresaltos, que comenzaron antes de su fundación en 2013 por el rechazo del PSOE al nuevo modelo decidido por el Gobierno del PP, que fundía en una las antiguas comisiones de Competencia, Energía y Telecomunicaciones. El PSOE, que ahora respalda esa configuración, se negó entonces a negociar los nombres que le correspondían por cuota parlamentaria, lo que supuso que de los 10 miembros de la CNMC naciente, ocho incumbieran al PP, uno al PNV y otro a la extinta CiU (entonces el Parlamento no estaba tan fragmentado como ahora). El Congreso de los Diputados, dominado por el rodillo popular, ni se paró apenas a analizar los currículos de los integrantes (una parte llegados de la mano del titular de Economía, Luis de Guindos, y otra del entonces asesor económico del presidente, Álvaro Nadal), mientras el PSOE aseguraba que daría marcha atrás cuando volviera al poder.

La siguiente bronca se desató al poco de constituirse. Formadas sus dos salas (Competencia y Mercados) con cinco miembros cada una en las que van rotando los consejeros, comenzaron a rasgarse las costuras de un vestido al que se habían tomado mal las medidas. A la primera de cambio, se hizo notorio el enfrentamiento entre el presidente, José María Marín Quemada (consejero del Banco de España propuesto por Guindos), y la vicepresidenta, María Fernández (proveniente del gabinete de Nadal en La Moncloa). Marín se quedó en minoría desde el principio (seis contra cuatro) con la vocal María Ortiz (la única del PP que queda en el consejo) y los dos nacionalistas (Idoia Zanarruzabeitia y Josep María Guinart), que asistían atónitos al espectáculo.

El enfrentamiento se reflejó también el Gobierno, sobre todo con Álvaro Nadal como ministro de Energía. Una de las lacras absurdas de la CNMC es que nació sin tener todas las competencias en los mercados que regulaba. Ello provocó serios encontronazos con los ministerios correspondientes, que en el caso de energía teóricamente las había resuelto la actual ministra, Teresa Ribera, pero saltaron chispas durante la negociación de las circulares energéticas el pasado año. Las telecomunicaciones, por su parte, siguen controladas por el ministerio de Nadia Calviño.

Para más inri, sobre todo los primeros años, el recorrido de la CNMC se topó con que las sanciones que ponía eran tumbadas por los tribunales. Los jueces aducían que se aplicaban mal las multas, lo que permitía a las empresas confiar en que conductas sancionables serían rechazadas en los recursos consecuentes. Hasta que en enero de 2015 el Tribunal Supremo dictó los límites de multas por infracciones de la Ley de Defensa de la Competencia, que data de 2007, de manera que los porcentajes deben aplicarse sobre la totalidad del volumen de negocios y no solo sobre el mercado afectado. Esto aclaró las cosas sobre la interpretación a la que se acogían los abogados y obligó a revisar muchas resoluciones de empresas con las cuales también ha ido acumulando broncas en los sectores energético, construcción, transporte, automóvil y audiovisual.

A partir de la sentencia del Supremo empezó una nueva fase que aventuraba el sosiego. Además, el primigenio enfrentamiento con el PP parecía solucionado desde que Guindos y el entonces diputado socialista Valeriano Gómez alcanzaron a principios de 2017 un acuerdo por el que se cambiaba la estructura del organismo, volviendo en parte al modelo anterior, y daba entrada a un representante del PSOE. Resultó ser Mariano Bacigalupo (marido de Teresa Ribera). También se incorporó Pilar Canedo, en representación de Ciudadanos. Fue el primer relevo, en el que Ortiz fue renovada y salieron Eduardo García Matilla y Diego Rodríguez. El PP perdía valores, Marín respiraba mejor.

En octubre del mismo año, además, se incorporaron al consejo Bernardo Lorenzo, expresidente de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT), considerado próximo al PSOE, y Xabier Ormaetxea, exconsejero de la CMT y militante del PNV, en cumplimiento de las sentencias del Supremo y de la Justicia Europea, ante las que habían recurrido su destitución. Sustituyeron al polémico Fernando Torremocha (tormento de Marín por los sistemáticos votos particulares en todas las resoluciones de Competencia) y a Zenarruzabeitia.

Pese a tantos obstáculos, Marín mantuvo la bandera de la independencia y lucha contra la corrupción. Además de poner en marcha el superregulador, tenía que conseguir que funcionara, acabar con el mercadeo de las empresas y despolitizar la economía. En ese sentido, además de muchos enemigos, ha dejado su impronta en el Decálogo Marín, que supuso un golpe de timón que reforzó la actuación de la autoridad en materia jurídica y económica, fortaleció la investigación y creó la unidad de inteligencia económica (en 2019 se incoó a unas plataformas inmobiliarias el primer expediente sancionador que utiliza un algoritmo) y puso en marcha vistas orales y el buzón de denuncias internas, entre otras actuaciones.

Asimismo, aprobó la imposición de sanciones a directivos (no solo a las empresas), la posibilidad de prohibir la contratación pública e instauró el registro de grupos de interés. Durante su mandato se han desmantelado 36 carteles, 14 de ellos mediante el programa de clemencia, y 550 concentraciones. Las sanciones han superado los 1.600 millones de euros. Casi siete años después, la CNMC es un modelo válido, aceptado por los grupos políticos, que se ha instalado en la conciencia de los ciudadanos y, sobre todo, de las empresas.