La loca idea de dar más a quien menos tiene

El Evangelio de Mateo contiene un paso conocido que dice que “a todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene” (Mateo 13:12). El paso forma parte de la “parábola de los talentos”, cuya enseñanza es que Dios concede sus dones con la obligación de que sus beneficiarios los empleen de forma fructífera y, por tanto, condena severamente su administración displicente. En tiempos de Mateo, la justicia distributiva consistía en dar más a quienes más tienen, porque la abundancia es un buen indicador de la laboriosidad diligente y la pobreza de la ociosidad negligente.

La aprobación este viernes por el Consejo de Ministros del ingreso mínimo vital (IMV) pone fin a la anomalía de que España fuera prácticamente el único país de la Unión Europea que carecía de un programa de garantía de ingresos mínimos de ámbito nacional. Hasta ahora, la última red de protección social la componían las rentas mínimas de inserción autonómicas, cuyo objetivo prioritario es combatir la pobreza. Sin embargo, un informe técnico reciente del Joint Research Centre de la Comisión Europea alerta de que esta red autonómica de ingresos mínimos adolece de dos problemas.

Primero, su desigual e insuficiente cobertura. La enorme heterogeneidad de la red de protección autonómica ha motivado que prácticamente toda persona en situación de pobreza cobre la prestación en Navarra y Euskadi, pero prácticamente nadie en Castilla-La Mancha y Andalucía. En términos agregados, solo un 15% de los hogares españoles en situación de pobreza severa reciben una renta mínima autonómica. Segundo, incluso si alguien es capaz de superar la yincana burocrática de formularios y entrevistas, la cuantía de la prestación es tan baja que apenas sirve al propósito de sacarle de la pobreza.

La combinación de esas dos insuficiencias contribuye a explicar otras tantas anomalías: la de que España tenga una de las tasas más altas de la UE de personas en riesgo de pobreza, con relativa independencia además de la fase del ciclo económico en que nos encontremos, y la de que el 20% más rico reciba más transferencias monetarias (ayudas económicas) que el 20% más pobre. Mateo estaría orgulloso.

El IMV viene a suplir estas carencias y disfunciones del sistema de protección social español, ya que se espera que llegue a unas 850.000 familias en situación de pobreza, triplicando así el número actual de beneficiarios. Para ello prevé movilizar alrededor de 3.000 millones de euros en un programa que será permanente y no temporal, porque la necesidad de contar con una red de seguridad nacional es igualmente estructural y no coyuntural.

En definitiva, el IMV supone rediseñar el sistema de protección social para que al menos una parte de este redistribuya desde los que tienen y ganan más hacia los que tienen y ganan menos. Rawls estaría orgulloso. Y salvo que uno viva en los tiempos modernos de Chaplin y Mateo, creo que todos podemos y debemos estarlo.

Borja Barragué es profesor de Filosofía del Derecho en la UNED e investigador sobre desigualdad y garantía de ingresos mínimos