El mensaje del dictamen

El fallo del Tribunal Constitucional alemán sobre el programa de compra de activos iniciado por el BCE en 2015 admite muchas críticas, desde la pretensión de la institución de erigirse en guardiana entre los guardianes, hasta su apreciación corta de miras de las consecuencias distributivas de las decisiones monetarias, pasando por la estrechez de su visión de la política del banco central. Pero difícilmente se le puede echar en cara el haber planteado una cuestión importante.

El BCE nació con el mandato claramente definido de preservar la estabilidad de los precios. Pero con los años se le encargaron nuevas misiones, como la supervisión bancaria, o asumió nuevas funciones, como cuando Mario Draghi hizo la famosa declaración de que haría “lo que sea necesario” para evitar la desaparición del euro. Hasta el 5 de mayo, todo indicaba que la crisis del coronavirus acabaría dando otro motivo para ampliar sus cometidos.

A los líderes europeos incapaces de llegar a un acuerdo para crear un presupuesto o un fondo de solidaridad significativo para la zona euro les convenía dejar que el BCE contuviese los diferenciales de los tipos de interés y mutualizase el riesgo a través de su balance. Al haber relajado los parámetros cuantitativos, el banco central pudo ampliar su cartera de bonos soberanos y cambiar su composición. De este modo, creó un espacio fiscal para Italia en un momento en el que Roma lo necesitaba desesperadamente para luchar contra la crisis sanitaria y sus consecuencias económicas. Hasta que llegó la bomba.

Desde hace tiempo, los jueces constitucionales alemanes son de la opinión de que, aunque las decisiones en materia de política monetaria se deleguen en una institución independiente, las acciones de carácter fiscal deben seguir siendo prerrogativa exclusiva de los Parlamentos elegidos.

Se trata de una distinción sutil pero importante a la hora de valorar la compra de bonos por parte del BCE. Cuando el banco central la utiliza para bajar los tipos de interés de manera generalizada, cumple su misión en cuanto a política monetaria, y lo mismo puede decirse cuando evita que el nerviosismo de los mercados provoque crisis de deuda que ellos mismos han pronosticado. Pero las cosas serían diferentes si acumulase bonos emitidos por determinados Gobiernos a fin de contener el aumento de los diferenciales provocado por la intensificación de los temores sobre la solvencia.

Se trata de una vieja controversia. Irrumpió ya en 2010, cuando el BCE empezó a comprar deuda griega. Se le dio una solución temporal con la presentación, en 2012, del programa de operaciones monetarias de compraventa (OMC), que nunca se activó. Y volvió cuando, el pasado 12 de marzo, Christine Lagarde afirmó que el BCE “no estaba ahí para cerrar diferenciales” antes de retractarse precipitadamente al cabo de unas horas.

Hay muy buenas razones para apoyar la relajación, decidida el 18 de marzo, de los límites a la compra de activos que se había autoimpuesto el BCE. Esos límites eran en buena medida arbitrarios. Pero la sentencia de Karlsruhe ha hecho que el BCE pierda parte de su magia. Lo que los jueces alemanes están diciendo a su retorcida manera a los líderes europeos es que no deberían delegar en un organismo no elegido las decisiones que son de su incumbencia.

Se trata de una verdad incómoda, pero ha llegado el momento de que la UE y sus Estados miembros se enfrenten a ella.

Jean Pisani-Ferry es investigador de la Fundación Bruegel y profesor del Instituto Universitario Europeo.

Traducción de News Clips.