El 5G se retrasará en España por el Covid-19

El 5G, la nueva generación de telefonía móvil llamada a revolucionar el mundo de las comunicaciones, se retrasará en España. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha comunicado a la Comisión Europea que, debido a la situación excepcional derivada de la pandemia del Covid-19, ha decidido aplazar la fecha para la liberación de la banda de 700 megahercios (MHz) que deben desalojar los canales de la televisión digital para que sea ocupada por los operadores de telefonía que darán los servicios de 5G.

Este proceso, conocido como Segundo Dividendo Digital, se realiza por mandato de la Unión Europea, y tenía como fecha límite para su ejecución el 30 de junio de 2020. Pero el Gobierno español, como la propia decisión de la UE preveía, ha decidido aplazar sin fecha ese proceso alegando motivos de fuerza mayor.

En la práctica, la decisión supone aplazar también la subasta de frecuencias que Economía tenía programada para junio, y con la que pensaba recaudar unos fondos importantes. Ambos retrasos –el de las frecuencias y el de la subasta- supondrán que la implantación comercial completa del 5G, que debía comenzar a finales de 2020 y comienzos de 2021 España, deberá esperar.

En la comunicación a la Comisión Europea, el departamento que dirige Nadia Calviño explica que la nueva fecha se determinará en función de cuándo finalicen las medidas de contención adoptadas para hacer frente al Covid-19. En todo caso, se señala que será el mínimo plazo imprescindible para completar el proceso. Como consecuencia de este aplazamiento, los operadores de telecomunicaciones no podrán tener a su disposición en la fecha prevista la banda de frecuencias de 700 MHz para el despliegue de servicios 5G.

El impacto en las cuentas públicas de 2020 de la suspensión de la subasta será considerable. En la primera licitación de espectro del verano de 2018 de las frecuencias de 3,6-3,8 GHz, también dedicadas al 5G, el Estado recaudó 437 millones de euros. Pero esos ingresos se elevan hasta los 868 millones durante los 20 años que dura la concesión, incluyendo la tasa por reserva de espectro radioeléctrico. Como ahora se iba a subastar el grueso de las frecuencias, ese importe se había podido multiplicar por diez.

Con esta decisión, el Gobierno da un respiro a los operadores con red propia (Telefónica, Orange, Vodafone, MásMóvil y Euskaltel) que están haciendo un esfuerzo técnico, humano y financiero por mantener la conectividad en todo el país pese al incremento del tráfico por el confinamiento, el teletrabajo y la teleeducación. De haberse celebrado la subasta, hubiera supuesto un esfuerzo financiero adicional para las compañías muy difícil de asumir, informaron en fuentes del sector.

Economía recuerda que el aplazamiento de las licitaciones de bandas de frecuencias para servicios 5G es una decisión adoptada en los últimos días por otros países de la Unión Europea, como Francia, Austria y Portugal.

La patronal DigitalES, que agrupa a casi todos los operadores, calificó de “adecuada” la decisión de aplazar la subasta para que “un proceso tan relevante y complejo como el segundo dividendo digital se acometa con las debidas garantías de certidumbre, eficiencia técnica y económica, y seguridad jurídica para el conjunto de agentes involucrados en el mismo”.

Sin problemas para los telespectadores

En cuanto a los usuarios de televisión, que en este proceso deben recolocar las antenas colectivas y resintonizar sus canales, el Gobierno ha decidido mantener las emisiones en simulcast (emisión simultánea a través de las frecuencias nueva y antigua), suspender las actuaciones de cambios directos de canal radioeléctrico y mantener en las antenas colectivas de recepción de televisión el equipamiento de los canales radioeléctricos que se abandonan, todo ello con el fin de garantizar, en este momento de emergencia sanitaria, la recepción del servicio de televisión digital terrestre.

“La decisión del aplazamiento, que no es una suspensión, se toma después de constatar que las medidas de restricción de la movilidad inevitablemente están ocasionando retrasos en la planificación original que impiden finalizar el proceso antes del 30 de junio”, indicó el Ministerio.

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