Un juez de Las Palmas multa a una empresa con 1.000 euros por cada día que no dé mascarillas a su plantilla

Un juzgado de Las Palmas ha admitido la petición del sindicato UGT para que la empresa de ayuda de personas dependientes a domicilio que trabaja para el Ayuntamiento capitalino dote de protección a toda su plantilla para la epidemia de coronavirus. El juzgado ha condenado a Clece a pagar una multa de 1.000 euros por cada día que pase sin que entregue mascarillas, gel desinfectante, guantes y batas desechables a todos los empleados que prestan este servicio. El criterio en Las Palmas es opuesto al del juzgado de Santa Cruz de Tenerife sobre la misma empresa en la otra gran ciudad del archipiélago, según una nota del Poder Judicial.

El Juzgado de lo Social número 8 de la capital grancanaria dictó el pasado lunes el auto que requiere a Clece que cumpla las medidas cautelarísimas solicitadas por UGT para que en el pazo de 48 horas se entregara a los empleados el material de protección. En el auto de este lunes, el juez constata que la compañía no había cumplido “con la totalidad” de las medidas cautelares acordadas en un auto anterior, por lo que requiere a Clece para que “en el plazo de un día” cumpla con las restantes medidas no tomadas, “con apercibimiento de multa de 1.000 euros por cada día de demora en el cumplimiento de lo acordado”.

Decisión contraria en Santa Cruz de Tenerife

La decisión judicial en el caso de Las Palmas es contraria a la que tomó sobre un caso análogo el pasado lunes un juzgado de lo Social de Santa Cruz de Tenerife. Ante idéntica petición respecto al servicio que presta Clece para el Ayuntamiento de la capital santacrucera, el Juzgado de lo Social número 8 de aquel partido desestimó la demanda sindical y admitió que para Clece y para el Ayuntamiento era imposible en el momento actual dotar de equipos de protección a todos los empleados de la empresa.

La resolución sancionadora del juzgado de Las Palmas es susceptible de recurso, al igual que el auto del juzgado de Santa Cruz de Tenerife. Ante la divergencia de sentencias, Clece podría elevar el asunto a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que debería unificar criterios.

Las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales siempre han sido uno de los grandes quebraderos de cabeza de las compañías, pero en la actual crisis del coronavirus ha elevado la complejidad, multiplicando los conflictos en diferentes sectores. En los últimos días se han conocido casos similares en la distribución, donde las cajeras de supermercados han tenido que trabajar sin protección, al igual que en la banca y, lo que es más grave, entre los sanitarios y los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

La ley establece que las empresas deben tener medidas para salvaguardar la salud de sus trabajadores, pero ahora el desafío es conseguir el material, algo que ha creado una situación sin precedentes y ha puesto sobre la mesa el riesgo de provocar contagios entre los empleados.

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