La crisis del coronavirus

Empresarios y sindicatos reclaman que se agilicen las suspensiones temporales de empleo

Los agentes sociales piden que los afectados no pierdan ingresos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia en La Moncloa.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia en La Moncloa.

Los sindicatos y los empresarios enviaron ayer al Gobierno un documento conjunto con las medidas laborales que le piden para afrontar las consecuencias económicas provocadas por la crisis sanitaria. Lo remitieron mientras estaba reunido el Consejo de Ministros y fue uno de los elementos que se abordó en la reunión por videoconferencia que mantuvieron los secretarios generales de CC OO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez, los presidentes de CEOE, Antonio Garamendi, y Cepyme, Gerardo Cuerva, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios ministros.

Los agentes sociales salieron satisfechos de la reunión, según apuntaron los responsables de las cuatro organizaciones tras su finalización. De hecho, los empresarios concluyeron de la conferencia que habían logrado el apoyo a la principal medida del documento, la agilización de las suspensiones temporales de empleo, según explicó Garamendi al acabar. Los sindicatos se mostraron más cautos.

Entre lo acordado está el compromiso de que van a mantener una mesa semanal de seguimiento de la situación que estará coordinada por la vicepresidenta tercera y ministra de Economía, Nadia Calviño. También se aprobó crear otras mesas (formación, pensiones) de negociación, puesto que la cita estaba concertada antes de que empeorara la situación sanitaria y el primer punto del orden del día era definir el funcionamiento del diálogo para la legislatura.

Lo que pide el documento sobre los expedientes de regulación de empleo temporales (ERTEs) para que las empresas afectadas por la crisis sanitaria y sus derivadas (falta de suministro, cancelaciones, etc) es que se acorten los plazos de tramitación y negociación actuales. “Los ERTE en España tienen una tramitación muy larga”, admitió Pepe Álvarez, de UGT, quien también recordó que el cambio legal que se haga no debe favorecer los despidos.

El paso dado por los sindicatos fue agradecido tras la reunión por el presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, quien aplaudió “su responsabilidad” y calificó de “muy importante” la actitud sindical.

A cambio del apoyo a una medida, “que busca minimizar el impacto en el empleo”, explicó Sordo, de CC OO, el documento conjunto plantea mejoras en las prestaciones de los trabajadores afectados por estas suspensiones temporales de contratos. La primera es que la ayuda que cobren durante este periodo no consuma los derechos de prestación que los afectados ya tienen acumulados. También, que aquellos empleados que todavía no han trabajado el tiempo suficiente para tener derecho a cobrar una prestación (lo que se denomina periodo de carencia) puedan percibirla igualmente.

Además de los ERTEs, los agentes sociales reclaman que se cree una ayuda como la anunciada por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, para los padres que tengan que quedarse en casa para cuidar a sus hijos y no puedan trabajar a distancia. Escrivá había apuntado incluso que esta ayuda podría aprobarse ayer en el Consejo de Ministros, pero finalmente no vio la luz.

Tanto el anuncio del ministro de Seguridad Social como lo que apuntan fuentes del Ministerio de Trabajo lleva a concluir que el documento acordado por sindicatos y empresarios es muy bien visto por el Gobierno. De hecho, en el departamento que dirige Yolanda Díaz admiten que ellos llevan toda la semana negociando con los agentes sociales y que ya tienen mucho adelantado. Las mismas fuentes confían en que, probablemente, el martes verán la luz medidas en este sentido.

Menos claro parece el futuro de la primera medida que piden los agentes sociales: la creación de “un fondo de ayuda extraordinario” para cubrir las ayudas que reclaman para afrontar la crisis. En el acuerdo, sindicatos y patronales no han cifrado cuál debería ser la cuantía de este fondo, pero sí reclaman que, con el permiso de la Unión Europea, “no compute como déficit”, según explicó el líder de CC OO, Unai Sordo.

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