España se queda al margen del primer gran proyecto europeo de baterías eléctricas

La UE quiere romper el dominio casi absoluto de Asia en el mercado de las baterías eléctricas. Bruselas aprobó el lunes el “primer gran proyecto paneuropeo” para que seis países liderados por Alemania y Francia —y entre los que no está España— inviertan 3.200 millones de euros. El consorcio, integrado por 17 empresas que desarrollarán baterías, arrancará con una fábrica en Francia en 2020. La Comisión recibió la semana pasada otro gran proyecto, también auspiciado por Berlín, con 11 países. En este sí que participa España.

La ofensiva de Berlín y París para relanzar la política industrial europea empieza a materializarse. Las dos capitales sentaron en mayo las bases de una operación que en Bruselas recuerda al estilo Airbus: la creación de un gran consorcio europeo para fabricar baterías eléctricas. La Comisión dio luz verde a las ayudas de 3.200 millones de euros que deberán desembolsar los seis países que participan en el proyecto (Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Finlandia y Suecia) y que movilizarán hasta 5.000 millones más de capital privado.

La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión, Margrethe Vestager, consideró que esas ayudas no distorsionan la competencia y permiten sacar adelante el segundo Proyecto Importante de Interés Común Europeo (IPCEI, por sus siglas en inglés), después de que a finales del año pasado el Ejecutivo comunitario aprobara uno de 2.000 millones sobre microelectrónica presentado por Reino Unido, Italia, Francia y Alemania. El Tratado de Funcionamiento de la UE permite la concesión de ayudas de Estado para ese tipo de planes de interés comunitario. Y uno de los sectores estratégicos identificados por la Comisión es el de las baterías eléctricas.

Bruselas presentará el miércoles el plan que debe poner las bases para que la economía europea deje de emplear combustibles fósiles en 2050. Eso supondrá una revolución de la industria automovilística, cuya electrificación será clave. El mercado de baterías está centrado en Asia, en especial en China, al copar el 80% de la producción. La UE quiere ahora poner fin a ese dominio.

El proyecto aprobado el lunes—en el que participan Basf, Opel, BMV, Solvay o Endurnce— arrancará a principios de 2020, cuando el ministro de Economía alemán, Peter Altmaier, y su homólogo francés, Bruno Le Maire, pongan la primera piedra de la fábrica en Francia. Según explicó el Gobierno alemán, esas baterías deberían producirse a escala industrial también en otra instalación en Alemania a mediados de la próxima década. El grueso del monto que exige el proyecto procede de Alemania (1.250 millones), Francia (960) e Italia (570 millones), según la Comisión Europea.

Segundo proyecto

Según fuentes diplomáticas, la semana pasada se llevó a Competencia el segundo proyecto de baterías, también liderado por Alemania. Estas fuentes explicaron que en ese plan participan 11 países, entre ellos España. El nombre de las empresas que participan en ese consorcio no se conocerá hasta que el proyecto, también presentado como un IPCEI, pase por el filtro del departamento que dirige Vestager. En septiembre, un grupo de representantes de Alemania, Francia, Polonia, Suecia, Eslovaquia y España, entre otros, se reunieron para preparar ese plan.

Una portavoz comunitaria confirmó que Bruselas está “en contacto con varios Estados” para crear “otro IPCEI en el ámbito de las baterías”. “La Comisión está trabajando en estrecha colaboración con los Estados miembros para permitir que estos Gobiernos combinen fondos públicos y privados para desbloquear innovaciones cruciales en el sector de las baterías”, añadió. Sin embargo, las conversaciones informales para ese proyecto solo acaban de arrancar.

Bruselas enmarcó esa iniciativa dentro de la Alianza Europea de Baterías, lanzada a finales de 2017 ante la pujanza de China. En concreto, la UE está especialmente interesada en la producción de baterías de ion-litio, que a su juicio son las más duraderas, con menores tiempos de carga, más seguras y menos perjudiciales para el clima. Las actividades de investigación que supone su desarrollo, arriesgadas para el capital privado, ya justifican la inyección de ayudas públicas.