La vorágine de Sánchez Galán

Palacio Euskalduna de Bilbao. Viernes 29 de marzo de 2019. Ignacio Sánchez Galán ha dado carpetazo a la Junta General de Accionistas de Iberdrola otro año más e invita a los asistentes a disfrutar del aperitivo. Al poco, en un hall todo vestido de verde iberdrola, el presidente de la eléctrica aparece rodeado de varios asistentes con corbatas del mismo color, reparte saludos de grupo en grupo y se hace fotos sin parar. Hay parabienes para todos. Acababa de superar una junta sin conflictos, en la que, tras resaltar que por primera vez Iberdrola había superado los 3.000 millones de beneficios, anunció un aumento del dividendo. Argumento sólido para recibir el respaldo a su renovación para cuatro años más, es decir, hasta los 72, y contestar que “el consejo tiene perfectamente definidos los planes sucesorios” a una pregunta aparentemente inocente.

Ahí quedó la cosa. Pero hubo quien apuntó entonces a José Manuel Villarejo y sus insinuaciones de haber espiado para más compañías que el BBVA. El comisario jubilado, en prisión preventiva, lo haría explícito en agosto en una carta que hizo sudar a todo el Ibex 35. Disparó contra Repsol, Indra, CaixaBank, Iberdrola, Santander, Planeta, Mutua Madrileña, Telefónica “y tantas otras que puedan sufrir el mismo destino”. También habló de “manos negras” y de “tirar de la manta”.

E Iberdrola ha sido la primera de la lista. Según El Confidencial y Moncloa.com, medios que han difundido las filtraciones, la eléctrica habría encargado a Villarejo varios trabajos de espionaje de 2004 a 2017. El más resbaladizo es el que hace referencia a ACS y, en concreto, a su presidente, Florentino Pérez. La información resalta que el comisario habría sido contratado por el jefe de Seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, para espiar al también presidente del Real Madrid cuando la constructora intentó entrar en el consejo de administración de la eléctrica tras haber adquirido hasta el 20% del capital.

El conocimiento de esa información el lunes motivó que Pérez saliera en su defensa y presentara inmediatamente la petición para personarse en la pieza separada del caso que instruye el Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, que ocupa el juez Manuel García-Castellón. En un escueto comunicado, el empresario madrileño explicó que responde a su intención de “ejercitar acciones penales y civiles contra los que resulten responsables de los mismos, entre los que podrían estar incluidos, según el contenido de las informaciones, el presidente de Iberdrola y la gente de su entorno que haya participado, así como el propio comisario Villarejo y los medios de comunicación que hayan podido servir de instrumento a esta actividad delictiva”.

Una información posterior decía que el comisario logró introducirse en el consejo de ACS a través de Manuel Delgado Solís, consejero que representaba a Los Albertos desde hace 16 años y que presentó la dimisión a las pocas horas. El consejero habría sido contactado por el comisario para tener información confidencial y así presionar a Pérez para que desistiese de sus intenciones. Delgado, abogado con despacho propio, estaba imputado en el caso Gürtel, acusado de haber diseñado la red que utilizó Francisco Correa para ocultar fondos en el extranjero. Esta circunstancia habría sido la excusa de Villarejo para acercarse al abogado. Según los digitales, Villarejo le aseguró que tenía contactos en la Unidad contra Delitos Financieros y que podía mediar ante ellos.

Iberdrola, que mantiene su posición de no hacer comentarios sobre el goteo de noticias, encargó una investigación externa (informe forensic) para aclarar su relación con Villarejo. La fima escogida es PwC, la misma firma que ha escrutado la relación del comisario con el BBVA. Según ha podido saber EL PAÍS, el informe está muy avanzado y es muy probable que se entregue antes de que acabe este mes. La rapidez de PwC contrasta con la demora que tuvo en el BBVA. La razón seguramente se debe a que ya tiene experiencia precisamente de ese caso.

La eléctrica ha reconocido, además, que contrató 17 veces los servicios del comisario de 2004 a 2017 y que los pagos ascendieron a 1,13 millones. De ellos, solo 100.000 euros corresponden al periodo comprendido entre 2009 y 2017. Asimismo, fuentes del grupo subrayan que no ha aparecido ninguna relación contractual con Cenit (la empresa del comisario) en la etapa referente a las grabaciones de Florentino Pérez y sostienen que las conversaciones grabadas no responden a encargos de Sánchez Galán, que decidió destituir fulminantemente al jefe de Seguridad el mes pasado, tras filtrarse los primeros audios.

El objetivo de ACS era hacerse fuerte en el accionariado de Iberdrola. Según ACS, fue el propio Galán quien había invitado a Pérez a incorporarse para frenar a otros inversores interesados. Sin embargo, el ejecutivo salmantino convirtió a Pérez en el enemigo a batir. Para entonces, ya había alcanzado el 20%, que le permitía consolidar por puesta en equivalencia. En el horizonte se vislumbraba una fusión con Unión Fenosa, en la que ACS tenía el 34,5%. La ley impedía que tuviera más derechos de voto que el 10% y cuando el Gobierno de Zapatero la modificó, en la llamada enmienda Florentino, ACS ya había vendido Fenosa a Gas Natural (actual Naturgy).

Después, cuando quiso colocar un consejero en Iberdrola, la eléctrica se amparó en el cambio que, a su vez, había hecho el Gobierno de Rajoy al poco de ganar las elecciones. La modificación de la normativa, en la que muchos vieron la larga mano de Galán y el respaldo vasco, permitió que Iberdrola cambiara sus estatutos de manera que impedían que cualquier entidad considerada rival pudiera tener derechos de voto superiores al 3%. Y ACS lo era porque tenía inversiones en renovables. La negativa derivó en los tribunales y llegó incluso al Supremo.

Sánchez Galán, por su parte, llegó a tal punto de obsesión que ordenó comprar acciones de ACS para acudir a la junta y tratar de torpedear los acuerdos. Y, para diluir la participación de ACS, orquestó la compra de Scottish Power y Energy East (hoy Avangrid), que a la larga le han dado la posibilidad de convertirse en una de las grandes eléctricas.

Mientras tanto, también se fraguó el apoyo del PNV, algo en lo que se diferencia abismalmente de Francisco González, presidente del BBVA; y de los grandes accionistas de la empresa. Entre esos impedimentos y la crisis económica, ACS tuvo un quebranto en Bolsa de 1.800 millones. Prefirió entonces centrarse en la adquisición del grupo alemán Hochtief, que cerró con éxito.

Pese a todo, Sánchez Galán asegura mantenerse tranquilo. Él prefiere refugiarse en el premio nacional de Innovación que acaba de recibir, en haber sido calificado como quinto mejor consejero delegado del mundo y primero de una empresa energética, en las actuaciones de sostenibilidad de la compañía y en los buenos resultados de su filial brasileña Neoenergia.