‘Caso Bankia’: una época, vista para sentencia

Los fuegos artificiales habían empezado en 2009, con el rescate de Caja Castilla-La Mancha y las posteriores caídas de Catalunya Caixa, Novagalicia, Banco de Valencia, pero la traca final sonó en 2012: la tercera mayor entidad bancaria del país, Bankia, se iba a pique. Sacarla de la quiebra costó casi 22.500 millones de dinero público. ¿Cómo acabó así? A esa cuestión tratará de responder el tribunal que durante 10 meses ha juzgado a los acusados de los delitos de falsedad contable y estafa de inversores por la salida a Bolsa de la entidad. El juicio económico más importante de los últimos años quedó ayer visto para sentencia.

Rodrigo Rato, expresidente de Bankia y principal acusado, fue quien cerró ayer el macrojuicio que durante 74 sesiones ha visto desfilar por la sede que tiene la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares a los 34 acusados (31 personas físicas y tres jurídicas: Bankia, BFA y Deloitte), 57 testigos, cuatro peritos judiciales y 16 peritos de parte contratados por las defensas. Rato fue el único que hizo uso de su derecho a la última palabra. Habló exactamente tres minutos para decir que el Banco de España no solo supervisó todas sus decisiones, sino que jamás las criticó, y que lo único que le movió fue la defensa de los intereses de los accionistas. Se despidió pidiendo su absolución y la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, dijo que el juicio quedaba visto para sentencia.

Rato esperará el fallo en la cárcel madrileña de Soto del Real, donde cumple una condena de cuatro años y medio por apropiación indebida desde el 25 de octubre del año pasado por el caso de las tarjetas black de Caja Madrid. La Fiscalía Anticorrupción, a la que se han adherido la mayor parte de las acusaciones populares y particulares, pide ocho años y medio de prisión para el ex director gerente del Fondo Monetario Internacional. La petición de penas para otros tres colaboradores es de seis años en el caso del ex consejero ejecutivo de Bankia, José Manuel Fernández Norniella; cinco años para el ex vicepresidente José Luis Olivas, y nueve meses para el ex consejero delegado Vicente Verdú.

Carmen Launa, la fiscal Anticorrupción que sustituyó a Alejandro Luzón —al ser este nombrado fiscal jefe— al frente del caso, dio un vuelco al juicio en su primera intervención al anunciar que estaba valorando endurecer su petición de pena al incorporar un nuevo delito. Inicialmente solo acusaba a los cuatro administradores de estafa a los inversores por dar información falsa a quienes compraron acciones de Bankia cuando la entidad debutó en el parqué. Launa mantuvo en vilo al resto de acusados hasta sus conclusiones definitivas, que presentó en julio: a ese delito decidió sumar el de falsedad contable por las cuentas de 2011.

Los números de aquellas cuentas han ocupado muchas horas de juicio. Fueron presentadas en marzo de 2012 ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores sin el informe de auditoría de Deloitte, algo que el mercado interpretó como una señal de que algo iba mal. Reflejaban unos beneficios de 309 millones de euros que apenas dos meses después, tras la marcha de Rato y la llegada de un nuevo equipo gestor, se reformularon y pasaron a dar pérdidas de 2.979 millones.

Launa mantiene que la reformulación sirvió para sanear “un grupo cuyo espectacular quebranto, finalmente, reconocido en mayo de 2012, procedía de antes de la constitución del grupo BFA y de la Salida a Bolsa”. La fiscal aseguró en sus conclusiones que los responsables del debut bursátil ocultaron los deterioros de los activos inmobiliarios “para no frustrar la operación”.

Con el nuevo delito, Anticorrupción elevó a 15 el número de acusados, entre los que se encuentra el exministro del PP Ángel Acebes, el auditor de Deloitte, Francisco Celma, y el interventor de Bankia, Sergio Durá. El resto son consejeros del comité de Auditoría que presidía Acebes. Durante las tres últimas semanas las defensas de muchos de ellos han acusado a la fiscal de tener escritas las conclusiones definitivas desde antes de que se iniciara el juicio. Pero, también, e incurriendo en una contradicción, han afeado el hecho de que dos fiscales ante los mismos hechos hayan llegado a distintas conclusiones. Según ese relato, Luzón defendió que las cuentas no eran falsas en el escrito provisional y al acabar el juicio Launa ha concluido lo contrario.

Pero si en algo han coincidido los abogados defensores es en subrayar el papel del Banco de España. Todos han recordado, como hicieron los acusados al declarar, que el supervisor tenía un equipo de inspectores empotrados en la entidad que conocían “las tripas” —expresión que usó Rato en el juicio— del grupo, del plan para fusionar las siete cajas que dio lugar a BFA y Bankia y de la posterior salida a Bolsa. Rato llegó a decir que esta decisión la tomó “el Gobierno y el Parlamento”, en referencia al real decreto de 2011 que obligaba a las cajas a tener un capital mínimo del 8% o el 10%, lo que para Bankia, añadió, significaba salir al parqué.

Guindos, testigo

La sentencia del caso Bankia podría llegar a finales de este año o a principios del próximo. Terminará así la primera parte —podría haber recursos al Tribunal Supremo— de un proceso que se ha prolongado durante siete años y que ha obligado a explicarse en público a los grandes protagonistas del sector bancario de los últimos años. Por allí han pasado como testigos desde el expresidente del BBVA, Francisco González, hasta el expresidente del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, pasando por el exministro de Economía Luis de Guindos.

El caso Bankia se inició en 2012 a raíz de varias querellas, entre ellas la del partido UPyD, heredada posteriormente por la Confederación Intersindical de Crédito, Su abogado, Andrés Herzog, estaba ayer contento con el juicio: “A pesar de los ingentes esfuerzos desplegados para desacreditar a los peritos judiciales, que concluyeron que hubo irregularidades contables continuadas, las tesis de las acusaciones han salido reforzadas, no sólo desde el punto de vista pericial sino también por los distintos testigos que han declarado durante estos 10 meses de juicio”, señaló.

Otra de las acusaciones populares, 15-M pa Rato, organizó un crowdfunding (obtuvo casi 25.000 euros) para poder continuar en el proceso. “Ha sido una lucha desigual”, dijo ayer su portavoz, Simona Levi, que agradeció la ayuda de “muchos ciudadanos”. Esta acusación no se ha adherido a las tesis de la Fiscalía porque considera que todos los miembros del Consejo de Administración, nombrados por partidos políticos, fueron también responsables.