Glovo estaría dispuesta a adaptarse a una regulación “agresiva” y descarta irse de España

El fundador de Glovo, Oscar Pierre, ha afirmado este viernes que “sería muy duro” tener que acatar una regulación “agresiva” que obligase a la empresa a contratar a sus repartidores, que actualmente trabajan bajo el régimen de autónomos. Sin embargo, ha admitido que la compañía “se tendría que adaptar”. Este escenario, según Pierre, obligaría a aumentar las tarifas a clientes y restaurantes, diversificar e invertir más en otros países, pero “en ningún caso” implicaría el cierre de la empresa en España, país de origen de la compañía y donde es líder. La presión sobre Glovo por su modelo laboral ha ido en aumento tras conocerse las actas de la inspección de Trabajo que, a la espera de la resolución judicial, obligarían a pagar 3,8 millones de euros en Barcelona y casi 12 millones en el conjunto de España. Glovo rechaza que haya una relación laboral con los repartidores, y pide al Gobierno que regule la figura del trabajador autónomo de plataformas digitales.

La batalla de Glovo por afianzar su modelo laboral, basado en la colaboración con repartidores autónomos, se libra en los tribunales y también en las conversaciones políticas para conseguir una regulación propia del sector, todo bajo la presión de la Inspección de Trabajo. Según avanzó El Periódico, la inspección ha requerido a Glovo más de 3,8 millones de euros en concepto de cuotas atrasadas a la Seguridad Social por haber contratado a lo que considera falsos autónomos, un monto que, según TV-3, asciende a casi 12 millones en el conjunto de España.

La empresa, que llevó el levantamiento de las actas a los tribunales, espera que a principios del año que viene un juzgado de Barcelona se pronuncie sobre esta inspección, con lo que por ahora la multa está congelada y la empresa sigue operando con el modelo de trabajadores autónomos. De confirmarse lo que señala la inspección, Pierre ha asegurado que la empresa "cumplirá con lo que tenga que cumplir, y adaptará su modelo".

En este sentido, ha descartado irse de España, una opción que eligió otra plataforma digital, Uber, cuando topó con la regulación de la Generalitat. "Para nosotros España es el mercado más importante, en ningún escenario nos iríamos, aunque tendríamos que invertir más en otros países", ha explicado Pierre en un encuentro con periodistas. 

Sin embargo, el fundador ha considerado que una resolución judicial contra la empresa, y una regulación que obligase a contratar a los empleados "no sería beneficiosa para nadie". Glovo, así como otras plataformas que conforman la asociación ADigital, ha mantenido conversaciones con partidos políticos y con el Gobierno de Pedro Sánchez para pedir una regulación del sector. La compañía basa su propuesta en el modelo francés, que, explican, ha creado una figura del "emprendedor digital", que da mayor cobertura a los trabajadores que tienen más vinculación con una plataforma, pero que garantiza la flexibilidad de horarios. Para avanzar en esta propuesta, las empresas digitales piden un gobierno estable. "Tuvimos la oportunidad de tener un diálogo con el Ministerio de Trabajo la semana pasada, y les planteamos que nuestro modelo es otro nivel de flexibilidad. Es una pena que se esté judicializando todo, creo que el diálogo empezará a partir de ahora", ha destacado Pierre.