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El juicio por los 19 suicidios de trabajadores de France Télécom, visto para sentencia

La empresa y los miembros del equipo directivo están acusados de “acoso moral” y se enfrentan a penas de un año de prisión y multas de decenas de miles de euros

Una tienda de France Telecom en 2009.
Una tienda de France Telecom en 2009.

El juicio por la ola de suicidios que se produjo entre los trabajadores de France Télécom –ahora Orange—entre 2007 y 2010 llega a su fin. La demanda en contra de la telefónica francesa y sus ejecutivos por “acoso moral” y complicidad en este delito lleva más de dos meses en los tribunales –inició el pasado 6 de mayo—, y este jueves han finalizado los testimonios y los alegatos para dar paso a la deliberación de los jueces. Estos son los puntos clave del caso que podría suponer un antes y un después en la normativa sobre acoso laboral en Francia.

¿Qué pasó?

Tras la privatización de France Télécom en 2004, inició un proceso de reestructuración en la compañía. El objetivo era suprimir 22.000 trabajadores de los más de 120.000 que formaban parte de la plantilla, algo que era especialmente difícil teniendo en cuenta que muchos de los empleados formaban parte del estatuto de funcionarios, lo que dificultaba sus despidos.

Según el relato de antiguos trabajadores, la telefónica empezó una campaña de intimidación que incluía recolocaciones continuas, metas irrealizables, y en general, un ambiente de inseguridad que desestabilizaba al personal para forzar su salida. 1.600 empleados lo hicieron, pero muchos otros entraron en depresión o dieron el paso más permanente: quitarse la vida.

La compañía afirma que los ajustes nunca son sencillos para nadie, pero niegan haber impulsado un mecanismo de desestabilización. El consejero delegado, Didier Lombard, llegó a decir que la ola de suicidios formaban parte de una "moda", aunque luego matizó esa declaración al aclarar que se refería al efecto Werther, según el cual la publicidad de los suicidios tiene un efecto de imitación. 

Los sindicatos contabilizan hasta 35 muertes, pero el Tribunal reconoció solo a 39 trabajadores como víctimas de France Télécom: 19 que se quitaron la vida, 12 que lo intentaron y ocho que sufrieron depresión. Entre los fallecidos se encuentran André Amelot, de 54 años, que se ahorcó en su domicilio; Camille Bodivit, de 48, que se lanzó de un puente; Anne-Sophie Cassou, de 42, que ingirió un cóctel de medicamentos y alcohol; Corinne Cleuziou, de 45, que también se ahorcó; o Rémy Louvradoux, de 56, que se inmoló ante una sede de la empresa en Burdeos.

El ex consejero delegado de France Telecom, Didier Lombard, llega al tribunal el pasado mayo. ampliar foto
El ex consejero delegado de France Telecom, Didier Lombard, llega al tribunal el pasado mayo. AFP

¿Quiénes son los acusados?

Diez años después de los sucesos, la fiscalía francesa llevó a los tribunales a France Télécom, como “persona moral”, y a siete altos cargos de la compañía: Didier Lombard, consejero delegado entre 2005 y 2010; Louis-Pierre Wernes, ex director adjunto; Olivier Barberot, ex director de recursos humanos; Nathalie Boulanger, ex directora de acciones territoriales; Jacques Moulin, ex director regional del este de Francia; Guy-Patrick Chérouvrier, el ex director de recursos humanos de Francia; y Brigitte Dumont, la ex jefe del programa de reestructuración ACT.

La acusación se centra en el delito de “acoso moral” para el caso de los tres primeros, lo que podría acarrear un año de cárcel y una multa de 15.000 euros, mientras que para los otros cuatro, acusados de “complicidad en el acoso psicológico”, la fiscalía pide ocho meses de prisión y una multa de 10.000 euros. La telefónica se enfrenta a una multa de 75.000 euros.

Según explica el artículo 222-33-2 del Código Penal francés, se considera acoso moral a toda actividad que conste en “acosar a otra personas con palabras o comportamientos repetidos que tengan por objeto o efecto una degradación de las condiciones laborables susceptible de atentar contra sus derechos y a su dignidad, alterar su salud física o mental o comprometer su futuro profesional". El texto judicial, a su vez, no requiere prueba de la intención de atacar la dignidad o la salud de la víctima, sino que basta con que conduzcan a este objeto o a este efecto

¿Qué sucedió durante el juicio?

Durante los dos meses que duró el juicio desfilaron en los tribunales decenas de testigos. Desde familiares de algunas de las víctimas y extrabajadores, hasta miembros directivos que prestaban testimonio en favor de los acusados.

Una de las declaraciones más destacadas por medios como Le Monde y The Guardian fue la de Noémie Louvradoux, hija de Rémy Louvradoux, el trabajador de 56 años que se inmoló frente a una oficina de France Télécom el 26 de abril de 2011 y que le había escrito una carta a los jefes de la compañía dos años antes diciendo que no le dejaban opción más que quitarse la vida —aunque Lombard niega haberla recibido—. "Asesinaron a mi padre. Mataron a nuestra familia y dijeron que no sabían nada", afirmó la joven de 26 años, en su testimonio el 28 de junio. "La muerte de mi padre es el éxito de su objetivo", añadió.

Una de los trabajadores de la empresa, Daniel Doublet, describió en el estrado cómo dejaron de darle trabajo para hacer y cómo a pesar de vivir en París y tener a toda su familia allí, lo relocalizaron en Besanzón —a 450 km de la capital—. “Imaginen el aislamiento que sentí. Era como si yo no fuera nada, como si fuera un parásito”, recordó el asalariado.

El ex director adjunto de France Telecom, Louis-Pierre Wenes, junto a la exadministradora de la compañía, Nathalie Boulanger, en el Tribunal de Perís, la pasada semana. ampliar foto
El ex director adjunto de France Telecom, Louis-Pierre Wenes, junto a la exadministradora de la compañía, Nathalie Boulanger, en el Tribunal de Perís, la pasada semana. AFP

Lombard, por su parte, le dijo a la corte que realizó su trabajo de la mejor manera que vio posible. “La transformación de un negocio nunca es placentero, esa es la realidad. No había nada que yo pudiera hacer”, afirmó el ex consejero delegado. "Nuestra casa estaba en peligro en 2005 debido a su sobreendeudamiento, la agresividad de la competencia y las evoluciones tecnológicas (...) Es evidente que muchas personas no pudieron adaptarse a las medidas que tomamos para realizar la transformación de la compañía, y repito mi expresión, para las víctimas y sus familias, de mi sincera y profunda tristeza por que esta situación haya podido involuntariamente contribuir a fragilizar a algunos de ellos hasta el punto de cometer un gesto irremediable, lo que me resulta insoportable".  

A esta opinión se sumó Jacques de Larosière, el exdirector de France Télécom, quien prestó declaración el 14 de mayo, al poco de cumplirse dos semanas de juicio. "Nunca he presenciado un cambio tan grande. La visión de Didier Lombard salvó literalmente a la empresa ", aseguró el economista de 89 años. “En 2002 la compañía estaba cerca de la bancarrota", añadió.

¿Por qué la sentencia es tan importante?

La peculiaridad de este caso es que se juzga un sistema y no los actos perpetrados por una persona contra otra, como es habitual en los casos de acoso moral. “Si se reconoce penalmente el acoso institucionalizado, las grandes empresas, en el marco de sus planes de reestructuración y reorganización, deberán integrar este parámetro. Si hay una exoneración, quizá los planes de reestructuración podrán seguir sin integrar la salud mental de los asalariados en su puesta en marcha”, afirmó el pasado mayo a este periódico Loïc Lerouge, especialista en el derecho de la salud en el trabajo. “En Francia no se reconoce un sistema organizado de acoso, sino que estamos en el terreno de las relaciones individuales, interpersonales. (…) Si los jueces reconocen este tipo de acoso, lo cambiará todo", añadió.

El hijo de Louvradoux, por su parte, opinó afuera de la corte que “el miedo tiene que cambiar de bando”. “Estas personas tienen que dejar de sentir impunidad, para que no vuelvan a hacerlo de nuevo y para que otros no lo hagan en otras compañías porque saben que se arriesgan a entrar a prisión”, ha recogido The Guardian.

El Tribunal ha anunciado este jueves que dictarán sentencia el próximo 20 de diciembre, según informa AFP. Cinco meses después de finalizar el juicio y 12 años después de que los primeros casos de suicidio salieran a la luz. 

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