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Red Eléctrica carga contra la propuesta de retribución al transporte eléctrico de Competencia

El grupo afirma que "introduce un elevado nivel de incertidumbre e incorpora una elevada discrecionalidad"

Jordi Sevilla, presidente de Red Eléctrica de España, el pasado noviembre.
Jordi Sevilla, presidente de Red Eléctrica de España, el pasado noviembre.

La circular sobre la retribución a la actividad del transporte de electricidad que ha propuesto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) "introduce un elevado nivel de incertidumbre sobre la retribución de las inversiones, incorpora una elevada discrecionalidad sobre actuaciones críticas para el despliegue de la política energética y es discriminatoria con la actividad de transporte", según denuncia Red Eléctrica de España (REE).

La empresa que gestiona el transporte de electricidad cree, además, que podría dificultar la transición energética y el cumplimiento del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), ya que no fija un entorno regulatorio claro, estable ni predecible. A su juicio, tampoco reconoce como factor incentivador la incorporación de nuevas tecnologías e innovación en la actividad de mantenimiento. En un comunicado difundido por la compañía, esta destaca que la propuesta podría vulnerar los puntos 1, 2 y 4 del artículo sexto de la orden de 5 de abril del Ministerio para la Transición Ecológica por la que se establecen orientaciones de política energética a la CNMC.

La propuesta de Competencia plantea, de acuerdo a una nueva tasa, una reducción de la rentabilidad de las inversiones (tanto futuras como pasadas) del 6,503% al 5,58% a partir de 2021, si bien para 2020 la tasa sería del 6,003% como consecuencia de que los Reales Decretos 1047/2013 y 1048/2013 establecían que “en ningún caso, la propuesta de variación de la tasa de retribución financiera empleada entre dos años consecutivos podrá ser superior en valor absoluto a 50 puntos básicos”.

Según la propuesta, la retribución de las eléctricas se reducirá un 7% de promedio y las distribuidoras de gas sufrirán un recorte del 17,8% si se lleva adelante. La circular recoge, además, que el transporte de electricidad y gas, que realizan las empresas Red Eléctrica de España y Enagás, tendrá un recorte de 8,2% y 21,8%, respectivamente.

Peor servicio

Según Jordi Sevilla, presidente del grupo, "recortar el gasto en inversión y mantenimiento en la prestación de un servicio público esencial no es el camino adecuado; no lo ha sido en sanidad, ni en educación, ni lo será en el servicio eléctrico español". "La experiencia nos ha demostrado, aquí y en otros países, que la estrategia de los recortes indiscriminados en el gasto solo conduce, con certeza, al deterioro en la calidad de la prestación de los servicios, sin que se hayan podido demostrar sus supuestas ventajas. Y esto se aplica a todo servicio público esencial, con independencia de que se financie con recursos públicos provenientes de los Presupuestos Generales del Estado o con fondos privados que deben obtenerse en los mercados financieros y de capitales, para lo que se debe ser respetuoso con las reglas del juego que determinan estos mercados", amplía Sevilla.

Para el presidente de REE, los recortes no son la garantía de una mayor eficiencia, ni de un menor coste en el servicio. "La factura se rebajará, precisamente, con la introducción masiva de energías renovables prevista en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, cuyos objetivos se ponen en riesgo si se recortan los techos de inversión y se reducen los estándares de mantenimiento de unas redes de transporte que, hasta ahora, han sido una referencia internacional de calidad y seguridad de suministro", añade.

Sevilla subraya que el modelo actual combina lo mejor de la prestación de un servicio público esencial para los ciudadanos con lo mejor de lo privado, mediante una financiación en los mercados financieros internacionales que obliga a mantener exigentes niveles de eficiencia. Sin embargo, advierte de que ese equilibrio se pone en cuestión con una regulación como la propuesta, "que establece discrecionalidad al arrogarse la potestad de decidir a posteriori y unilateralmente qué inversiones se retribuyen y a qué precio". "En estas condiciones de inseguridad jurídica será difícil convencer a los inversores privados para la construcción de las redes necesarias para la transición energética".

Corrección del Gobierno

El ex ministro apela al Gobierno y asegura que confía en que las alegaciones de las empresas afectadas, junto con la intervención preceptiva del Ejecutivo, corrijan la propuesta "para no poner en riesgo el volumen de inversiones privadas en redes necesario para la transición energética ni el mantenimiento de las existentes con los exigentes estándares actuales".

Para asegurar la sostenibilidad del sistema eléctrico y la seguridad del suministro, la nueva metodología debería procurar que los cambios que se introduzcan en la metodología vengan acompañados de mecanismos de absorción gradual de los mismos. Asimismo, con el objetivo de hacer posible la penetración de las energías renovables en el sistema eléctrico y poder así cumplir los objetivos en materia de energía y clima, la metodología debería retribuir de manera adecuada las nuevas necesidades de inversiones que se derivan de la Planificación 2021-2026, tanto en cuanto al volumen como en cuanto a su naturaleza (activos para la gestión inteligente de la red).

Por otra parte, también se señala que la retribución debería incentivar la extensión del funcionamiento de aquellas instalaciones que hayan superado la vida útil retributiva, al objeto de contribuir a una gestión óptima de los recursos nacionales y mantener los activos ya construidos y amortizados en condiciones adecuadas de operación, evitándose su sustitución con un coste de reposición más elevado.

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